EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

La Cumbre Mundial del Clima COP25 esperaba acuerdos más ambiciosos sobre neutralidad del cambio climático para 2050. El nivel frenético de discusiones y negociaciones de los casi 200 países participantes en la Cumbre no cesó hasta el último momento buscando un consenso, sin embargo, el mercado de emisiones de CO2 y otros temas relevantes se pospusieron hasta la COP26 de Glasgow, prevista para noviembre de 2020.

Durante dos semanas, representantes de Estados, organismos internacionales, instituciones y sociedad civil han mostrado cifras que no dejan lugar a dudas de la urgencia de tomar medidas: 13.000.000 toneladas de plástico llegan a los océanos anualmente, la acidificación creciente de los mares afecta a la pesca y repercute en la seguridad alimentaria, tres cuartas partes del planeta están amenazadas, más de un millón de especies corren riesgo de desaparecer, los gases de efecto invernadero han batido un nuevo récord, en los próximos 50 años habrá entre 250 y 1.000 millones refugiados medioambientales obligados a abandonar sus hogares. Es cierto: los datos abruman y se necesitan compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el aumento de temperatura superior a 1’5 grados.

Sin embargo, la COP25 no quiso quedarse solo en la alarma y emergencia medioambiental, tratando de ofrecer espacios de concienciación, sensibilización y diálogo, abordando el tema medioambiental desde todas las disciplinas: biodiversidad, género, migraciones, urbanismo, industria, finanzas, desarrollo tecnológico, etc. Una amplia variedad de temas para que todas y todos, especialistas y público general, pudieran conocer la situación actual sin caer en el dramatismo y pesimismo, porque todavía es posible actuar.

En este sentido, la FIIAPP colaboró estrechamente con el gabinete de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach, apoyando la organización de la COP y promoviendo diferentes actividades, como el panel «Transición energética y oportunidades de inversión económica en Cuba» de la mano de la coordinadora del proyecto Maite Jaramillo, Felice Zaccheo (jefe de la Unidad de Programas regionales para América Latina y el Caribe en la Comisión Europea), Marlenis Águila (directora de energías renovables del Ministerio de Energía y Minas de Cuba), Elaine Moreno (directora general de la Oficina Nacional de Energía en Cuba, la ONURE), Ramsés Montes (director de política energética de la ONURE-Cuba) y Eric Sicart (Fira Barcelona). Dicha actividad se enmarca en el proyecto de Intercambio de experiencias UE-Cuba para la promoción de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética que financia la Unión Europea y gestiona la FIIAPP. En dicho acto, se presentaron los principales elementos del programa y los retos y oportunidades de Cuba para el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía.

Los países isleños sufren de forma muy directa las consecuencias del cambio climático y son conscientes de la fuerte vinculación que existe entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social sostenible. En este sentido, la delegación cubana formada por especialistas del MINEM y la ONURE invitados a la COP dieron a conocer, a través del panel, la política ambiciosa del país de reducir sustancialmente en 2030 el uso de hidrocarburos y las emisiones de dióxido de carbono a través de un aumento progresivo de las fuentes de energía renovables y elevar su participación en la matriz de generación de energía eléctrica.

Más allá de la COP, la comunidad internacional ha empezado a dar pasos hacia la transición ecológica, pero el reto es hacerlo a tiempo y de forma equitativa y justa, evitando ahondar las desigualdades ya existentes. La responsabilidad del cambio exige políticas públicas de Estados, organismos internacionales y regionales, hacia la descarbonización de la economía, adaptando el sistema actual a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030.

A pesar de que los acuerdos de la COP no hayan sido los previstos, si algo ha quedado patente estos días es el interés de la sociedad española por reforzar la acción climática y avanzar en la neutralidad de las emisiones de CO2. Es tiempo de actuar y de buscar soluciones conjuntas.

31 de octubre.  No paran de sonar los teléfonos. Y en silencio el «tic, tac» del reloj nos recuerda que es tiempo de actuar. Quedan cuatro semanas para que comience la COP25. Será en Madrid, apenas hay tiempo, y se apodera de todos nosotros una vigorizante mezcla de ilusión, confianza y nervios.

Chile ha decidido, acertadamente, atender a las demandas sociales, que no pueden esperar. Y como la lucha contra el cambio climático también apremia, triunfa la solidaridad en forma de cooperación y multilateralidad.

La COP25 es la última cumbre antes de la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2020. Estados Unidos ya ha anunciado que abandona el barco y Greta, qué elocuente paradoja, nos cuenta por streaming su viaje en velero hacia la Cumbre. Mientras, la Unión Europea, América Latina y los demás países (hasta 196) se mantienen firmes en su compromiso de completar el artículo 6 – todavía en construcción – para crear un marco común para la compensación de emisiones de CO2.

En el horizonte se dibujan un futuro neto en carbono y una transición energética global justa. La Agenda 2030 impregna el ambiente, nos marca el camino a seguir y nos ofrece un lenguaje común sobre el que promover – desde Iberoamérica, eso no ha cambiado – un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones.

La semana del 2 y del 13 de diciembre son la ocasión ideal para intercambiar perspectivas y poner en común los retos, las dificultades y las soluciones que, juntos, vamos encontrando para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Diálogo político y diálogo de políticas: así, la COP25 será una plataforma para dar voz a América Latina y su agenda de adaptación.

Los océanos son los protagonistas de esta Cumbre, a raíz del último informe del IPCC. Y es, en este contexto, que el océano Atlántico se presenta como puente para dos continentes unidos frente a los retos del cambio climático. Al pabellón de la presidencia chilena se suman el de Colombia (es la primera vez que el país tiene pabellón en una Conferencia del Clima), España, la Unión Europea  y EUROCLIMA+ para contar al resto del mundo nuestros esfuerzos en materia de cooperación climática.

México aprobó su primera ley de cambio climático en 2012 y la reformó en 2018, al tiempo que Perú aprobaba su propia norma. Chile y España se encuentran en proceso de aprobación de sendos proyectos de ley y, en Panamá, recién arranca el diseño de su ley climática. Cuba, por su parte, aborda ahora la creciente inclusión de energías renovables en su matriz energética.

¿Experiencias similares o distintas? ¡Lo iremos descubriendo a lo largo la COP25! Lo que está claro es que no podemos eludir diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas con la reducción de las desigualdades y la búsqueda de una vida próspera para todos en el centro, para un futuro inclusivo y sostenible, sobre la base de un compromiso con el medio ambiente.

Domingo 1 de diciembre. Está todo listo para la Cumbre. Los teléfonos se calmaron y se vuelven a escuchar las agujas del reloj. Las próximas fechas – 2020, 2030, 2050 – están cerca. Pero el ritmo ya no lo marca sólo el «tic, tac»; desde el pasado día 2 se suman las voces de América Latina y de Europa que se han encontrado más que nunca en la COP25 .

A Alma y Carolina, compañeras de FIIAPP, y al equipo del Alto Comisionado para la Agenda 2030: gracias por vuestra ilusión y vuestras ganas contagiosas.  

Cuando mi madre me trajo al mundo, el diagnóstico que le dieron a mis padres fue que yo era “retrasada”. Me pregunto qué hubiera sido de mi si se hubieran conformado con aquel diagnóstico, si no hubiera tenido detrás un entorno estimulante, si no hubiera nacido en un país europeo.

Yo nací con el síndrome de Treacher Collins, una malformación craneofacial congénita rara, discapacitante e incurable que afecta a dos de cada 100.000 personas. Los que tenemos este síndrome nacemos sin pómulos, con microtia (es decir, sin una o ambas orejas), la mandíbula no nos crece, tenemos la faringe muy estrecha y, en ocasiones, también nacemos con el paladar abierto, lo que nos confiere un rostro muy característico y nos ocasiona diversos problemas oculares (sequedad y úlceras en la córnea), digestivos (no pueden comer bien), respiratorios (apneas) y auditivos (sordera), entre otros.

Una vez que supieron lo que tenía, mis padres tuvieron claro que tenían que hacer de mí una persona autónoma. Me llevaron a un colegio de educación especial, donde me pusieron mi primer audífono, me dieron muchísimas clases de logopedia y me enseñaron a leer los labios. De ahí, con ocho o nueve años fui a un colegio ordinario donde fui pasando los cursos con más o menos fortuna, sin apoyos técnicos especiales más allá de mi audífono retroauricular y de sentarme en primera fila para que escuchara mejor a los profesores.

Recuerdo mi infancia feliz, con mis hermanos, los amigos, los veranos en la sierra, los primos, una adolescencia horrible, tras lo que llegó una etapa relativamente satisfactoria. Hubo dos etapas claramente diferenciadas en mi vida: una en la que lo que más pesaba era mi rostro, esa fisonomía que a mí me gustaba cuando me miraba al espejo pero que provocaba rechazo por no cumplir los cánones de belleza impuestos, y, otra, en la que lo que más pesaba era mi discapacidad.

La primera es la que comprendió mi etapa adolescente, la segunda se hizo patente al incorporarme al mundo laboral. ¿A quién se le ocurre nacer sorda y hacerse periodista? ¡A mí! Y ya llevo 25 años en ejercicio, 20 como periodista de una agencia de noticias y 5 en el departamento de comunicación de una gran empresa que tiene la inclusión laboral como uno de sus principios.

Ha sido a lo largo de estos años cuando no sólo he sido consciente de lo adelantados a su época que fueron mis padres, pues nací en un tiempo en el que las personas con discapacidad éramos considerados una desgracia familiar y un lastre para la sociedad (inválidos, deformes, inútiles, anormales o deficientes son algunos de los sustantivos con los que se referían a nosotros). A lo largo de estos años, he sido consciente de la suerte de nacer en un país europeo, y de lo injusto que es que tu vida sea tan distinta por tener una condición que no has elegido en un lugar determinado.

Para mí, la determinación de mis padres fue fundamental para convertirme en la mujer que soy. Hace poco me contaba una persona que había conocido el caso de una mujer de casi 30 años, sorda, que utiliza audífonos para escuchar, pero que oye muy poco y que ha estado toda su vida tan sobreprotegida que no estudió una carrera, ni aprendió lengua de signos, tiene un trabajo no cualificado y no sabe dar un paso sin su familia. Es mucho más joven que yo, hija de la democracia, europea, nacida en una sociedad que ha ido cambiando su mirada hacia la discapacidad, ahí están las leyes que se han ido aprobando a lo largo de nuestra historia en pro de nuestros derechos. Tenía factores favorables para su desarrollo personal, pero su familia, ese pilar tan fundamental en el desarrollo de cualquier niño, pero especialmente de los que tienen discapacidad, la ha convertido en una inútil. No es el único caso que me llega. Y duele. Duele que estas cosas sigan pasando en países europeos, y si pasan en Europa, qué no ocurrirá en países menos desarrollados.

El 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, más del 80% son pobres, el 50% de las personas con discapacidad no tiene acceso a la sanidad, un porcentaje muy pequeño trabaja (varía de un país a otro), no entro a valorar si en un empleo con un sueldo decente o no. La gran mayoría de los más de 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo vive en países en vías de desarrollo.

La discapacidad es una condición que, quienes la tenemos, no elegimos, una condición que supone un factor de empobrecimiento, de discriminación, de desigualdad en cualquier parte del mundo pues, incluso en los países más avanzados son muchas las barreras, la primera de ellas es la falta de accesibilidad, que impiden nuestra inclusión, nuestra participación en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

Yo tengo discapacidad, tengo una vida independiente, he podido estudiar y sigo haciéndolo, trabajo en la profesión que elegí, tengo acceso a la atención sanitaria… pero soy la excepción, no la norma. Una excepción dolorosa y vergonzosa difícilmente entendible. Y cuando echo un vistazo a las estadísticas, no puedo evitar preguntarme qué hubiera sido de mi si mis padres se hubieran conformado con aquel desacertado primer diagnóstico, con aquel «su hija es retrasada».

Más información en: Vicky Bendito

Al hablar de la Agenda 2030 como la hoja de ruta que todos los países nos hemos dado para encaminar las políticas públicas, generar alianzas multiactor y multisector, para transformar el mundo y que nadie quede atrás, hablamos más allá de una visión de futuro basada en las evidencias científicas y en los valores que representa una visión humanista del mundo en que vivimos, estamos ante todo de una gran transformación que ha de llevarnos a disponer de instituciones fuertes que hagan de la democracia un espacio de justicia social.

Los 17 objetivos de la Agenda 2030 nos dan una visión compartida con la que construir un nuevo contrato social global que mediante un desarrollo sostenible inclusivo permita que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Una acción compartida de justicia social y de desarrollo personal donde las personas están en el centro de toda la acción.

Por ello, no podemos perder de vista que la única forma de conseguir estas 169 metas vendrá de la mano del empoderamiento de la ciudadanía.

Es el momento de abrir un espacio de colaboración radical donde las empresas, las instituciones y la ciudadanía trabajen de manera que la confluencia de acciones nos lleve a generar certidumbres en un mundo de cambio permanentemente constante. Alianzas que van más allá de la suma de acciones en una visión incremental para pasar a una transformación exponencial de sumas multiplicadoras.

Tenemos el conocimiento necesario para saber hacia donde hemos de construir un desarrollo sostenible inclusivo. Los 15 primeros objetivos de la Agenda 2030 nos muestran, claramente, todas aquellas actuaciones que, de manera integral e integrada, debemos poner en marcha en una alianza global. Actuaciones donde, con una visión holística, no solo hagamos frente a los retos y amenazas del presente, sino que además avancemos en la dirección donde construyamos un futuro de progreso compartido, de justicia social y medioambientalmente sostenible. Pero para construir este conocimiento necesitamos apostar por la innovación y la creatividad, por disponer de una visión más abierta y compartida de los problemas y las soluciones, de entender que la mejora manera de avanzar juntos es a través de la transferencia de conocimiento.

Pero tan importante como el conocimiento que suponen los quince primeros objetivos de la Agenda 2030 es, sin duda alguna, los valores y las transformaciones imprescindibles que se recogen en los objetivos 16 y 17 de la Agenda 2030. Tendemos a pensar que la importancia de los diferentes objetivos va en la posición numérica en la que se encuentran. Nada más alejado de la realidad. Si ya hemos entendido que la agenda es integral e integrada y por lo tanto no puede ser fragmentada, es también igual de importante entender que los objetivos en las últimas posiciones no sólo son igual de vitales, sino que además son imprescindibles para poder cumplir con los otros quince objetivos.

Por ello, cuando hablamos de Paz, Justicia e Instituciones sólidas (Objetivo de Desarrollo Sostenible 16) y de Alianzas para lograr los Objetivos (Objetivo de Desarrollo Sostenible 17) estamos hablando del corazón mismo de la Agenda 2030, del cambio sistémico que ha de impulsar el logro del resto de los objetivos, del impulso de las instituciones, de la política y de la ética de una acción que solo puede ser transformadora si está basada en los derechos humanos.

Aunque no podemos olvidar que las acciones a llevar a cabo para la consecución de la agenda 2030 es necesario que nazcan de una colaboración radical de todos los actores, no podemos obviar que las instituciones democráticas constituyen el núcleo de impulso y garantía de los cambios que hemos de realizar. Liderar supone en definitiva hacerse cargo de la realidad y proyectar hacia un futuro inclusivo. Las instituciones democráticas han de convertirse en esta nueva era en motores de transformación, en vectores de transparencia, en ejemplos de eficiencia y equidad. Eficiencia para no desaprovechar los recursos, equidad para que todas las personas tengan los mismos derechos y libertades.

El desarrollo sostenible implica disponer de una economía próspera, una sociedad inclusiva, ambientalmente sostenible y bien gobernada. Sin instituciones fuertes no podremos avanzar en una sociedad justa. Sin transparencia no dispondremos de la confianza necesaria para construir una sociedad de equidad.

Es el momento de comprometer nuestra visión en una acción transformadora, una acción de cambio y mejora de la vida de las personas a través del fortalecimiento de una economía al servicio de la sociedad, en un planeta medioambientalmente sostenible que disponga de instituciones eficientes, abiertas y transparentes para una democracia fuerte.

En la elaboración de las Agendas Nacionales de evaluación, distintas finalidades entran en juego: la rendición de cuentas a la ciudadanía, la mejora de la política o programa evaluado, de su diseño o de su gestión, fomentar la transparencia como herramienta democrática, el aprendizaje institucional o gerencial. 

En materia de Gestión de Riesgos de Desastres, esta evaluación tiene relevancia en todos los aspectos mencionados. Es una materia especialmente sensible: además de visibilizar las fuertes vulnerabilidades a las que está sometida una gran parte de la población mundial, son conocidos algunos casos por las lamentables carencias en la gestión de los fondos destinados a emergencia y reconstrucción. La opinión unánime de los especialistas, también recogida en el Marco de Sendai, es que en materia de riesgos de desastres contar con un sistema sólido de prevención marca la diferencia en los daños producidos, tanto en la pérdida de vidas humanas como en pérdidas materiales y de bienes básicos para la supervivencia de la población. También marcará la diferencia a la hora de afrontar la reconstrucción posterior. 

El 16 abril de 2016, se registró un terremoto de magnitud 7,8 (Mw)3 en la costa Noreste de Ecuador.  Se contabilizaron 671 fallecidos y 6.277 heridos. Los daños alcanzaron a cuatro provincias y catorce cantones fueron declarados en estado de excepción.  

Después de atender los primeros momentos de la emergencia, el gobierno ecuatoriano aprobó el Plan de Reconstrucción post Terremoto 2016, enmarcado en su normativa de Gestión de Riesgos y en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR). El Plan de Reconstrucción tiene como fin la recuperación territorial, direccionar los procesos de reconstrucción y recuperación de los medios de vida post terremoto, bajo criterios de resiliencia y sostenibilidad, a través de las intervenciones y coordinación intersectorial y multinivel. 

¿Cuál ha sido la cobertura de la ayuda de emergencia y reconstrucción a la población en las zonas afectadas? ¿Cuántos núcleos familiares se beneficiaron de las ayudas y por cuánto tiempo? ¿Cómo y de qué manera se asignaron las ayudas de acogida, alquiler y alimentación? ¿Se atendió a la población más vulnerable? ¿Cuál es el grado de rehabilitación de las infraestructuras? ¿Cuántos establecimientos de salud pública fueron repotenciados rehabilitados y reconstruidos? ¿Cuál es el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y los servicios médicos? ¿El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Ecuador es el idóneo para prevenir y gestionar desastres de esta naturaleza? ¿Qué mejoras deben llevarse a cabo para minimizar las consecuencias de posibles desastres futuros? 

Son algunas de las preguntas que responderá la evaluación: transparencia, mejora, aprendizaje. 

El equipo consultor contratado por EVALÚA ya ha finalizado el trabajo de campo. En pocas semanas tendremos las respuestas. 

Con la presencia de numerosas autoridades europeas y latinoamericanas, COPOLAD, EL PAcCTO y EUROsociAL+ aúnan en esta conferencia esfuerzos, trabajo, discurso y medios con el objetivo de conseguir una mayor incidencia del tema en la sociedad.

La conferencia se ha clausurado con un gran acuerdo formalizado en una declaración conjunta ratificada por todos los representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes, así como por la Unión Europea y por los tres programas regionales de cooperación organizadores del evento: COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+.

Cada uno desde su perspectiva, en este post, los tres proyectos ponen en valor la dimensión común que comparten en torno a las medidas alternativas a la pena de prisión.

COPOLAD y la importancia de la coordinación entre instituciones

En los últimos años, varias medidas alternativas a la prisión han demostrado resultados esperanzadores reduciendo, en algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación existente y con ello, los problemas asociados a esta situación. En la conferencia se conocerán las principales líneas de actuación en este ámbito que han demostrado –de manera consistente y en distintos contextos sociales– resultados positivos en relación con el hacinamiento y en el abordaje de otros problemas asociados. En este contexto, y para poder explorar las alternativas exitosas ejecutadas en algunos países y la evaluación de sus beneficios, se considerará un aspecto que es común, básico e irrenunciable para asegurar el éxito en la aplicación de cualquier medida alternativa.

Este factor clave es la necesidad de coordinación interinstitucional, un concepto fácil de formular y más complejo de aplicar. La coordinación interinstitucional ha demostrado estar en el centro de cualquier acción que promueva el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de las alternativas a la prisión, si lo que se pretende es que sean efectivas (basadas en la evidencia), eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo, en especial la protección de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la salud pública y la buena gobernanza.

Teniendo en cuenta esto, la conferencia brindará la oportunidad de profundizar en lo que significa la coordinación interinstitucional en éste ámbito, las implicaciones que conlleva el enfrentarse a los numerosos retos que supone el desarrollo y gestión de oportunidades y mecanismos de coordinación -herramientas y plataformas multisectoriales- que deben existir para mejorar la cooperación horizontal entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como también entre los servicios sociales y de atención a la salud.

Teresa Salvador-Llivina es directora de COPOLAD y Claudia Liebers es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del proyecto.

EL PAcCTO: la relación entre las medidas alternativas a la pena de privación de libertad y el crimen organizado

En todo el globo, y Latinoamérica no es una excepción, muchos Estados cuentan con una sobrepoblación penitenciaria que a veces llega a niveles alarmantes. El hacinamiento es un mal en sí mismo, ya que además de afectar a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, impide o complica mucho la correcta implementación de programas de reinserción social, la separación física entre detenidos peligrosos y delincuentes leves o delincuentes primarios.  

Numerosos estudios internacionales subrayan que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia y muestran que, con frecuencia, ésta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de detención poniendo en riesgo la seguridad de los penados y de la sociedad en su conjunto.  Son varias las organizaciones criminales que han surgido y se han fortalecido en el ámbito penitenciario aprovechando las debilidades de los sistemas a causa de la alta sobrepoblación.  

Por eso, una de las principales preocupaciones de EL PAcCTO es la necesidad de apoyar la ejecución y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad considerándolas como fundamentales para descongestionar los sistemas penitenciarios y concentrar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas, que pueden potencialmente reclutar afiliados en los centros penitenciarios. Por esas motivaciones consideramos que las medidas constituyen también una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado. 

Además, las medidas alternativas son un tema transversal que necesitan de un abordaje holístico, una fuerte coordinación y abocan a un cambio cultural y un abordaje compartido entre todos los actores involucrados también en términos de comunicación externa.  

Giovanni Tartaglia Polcini es coordinador del componente de sistemas Penitenciarios EL PAcCTO, Lorenzo Tordelli, co-coordinador-gestor temático del mismo y Nathalie Boissou, su coordinadora adjunta.

EUROsociAL+, favoreciendo la inserción social y el abandono del delito

Estos días, en Montevideo, los programas EUROsociAL+, junto con El PACcTO y COPOLAD estamos organizando una conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Los tres, cada uno desde su enfoque, hemos abordado este tema, convergiendo en problemáticas comunes que nos hacen trabajar en la misma dirección.

 La pena de privación de libertad en prisión, que debiera ser último recurso, se ha estado usando de manera indiscriminada en América Latina. Ha habido un exponencial crecimiento de la población privada de libertad en las últimas décadas. Esta sobrepoblación que ha provocado problemas de hacinamiento, salud, y violencia, se ha visto cuestionada en la medida que ha mostrado no ser capaz de favorecer los procesos de inserción social, tampoco ha tenido un efecto disuasorio disminuyendo la reincidencia delictiva, ni efectos positivos en la rehabilitación social. 

 El enfoque de la cohesión social, que promueve el programa EUROsociAL+, está estrechamente vinculado con el desarrollo y uso de medidas alternativas a la privación de libertad, no sólo porque la desigualdad contribuye a la violencia, y este en un programa que tiene como objetivo la reducción de todo tipo de desigualdades, sino porque en su afán por “no dejar a nadie atrás”, la pregunta que sobre todo debe interesar no es ¿por qué delinquen los infractores? sino ¿por qué dejan de delinquir? La búsqueda de las acciones que favorecen la decisión de abandonar el delito es la clave en los procesos de inserción social de infractores y en las medidas alternativas.

Un foco especial se dará a las mujeres privadas de libertad en esta conferencia. A pesar del que el porcentaje es mucho menor que el de hombres, el número de mujeres encarceladas en la región prácticamente se ha triplicado en las últimas décadas. Este crecimiento está siendo muy rápido y proporcionalmente mucho mayor que el de varones. Estas tendencias deberían ser un motivo de preocupación para los gobiernos y el sistema penitenciario, todavía con carencias o indiferente en relación a las necesidades específicas de las mujeres. Urge, por tanto, incorporar la perspectiva de género.

Por supuesto, la aplicación de medidas alternativas no se puede incorporar sin el respaldo de una acción administrativa fiable. La implantación necesita de un marco de actuación con medidas rehabilitadoras que permitan a los jueces su consideración real y a los infractores tomar conciencia de sus actos para cambiar y abandonar el delito.

Sonia González Fuentes es coordinadora del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en FIIAPP.