EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

¿Qué tipo de cooperación se hace con mis impuestos?, se habrá preguntado alguna vez. Desde finales del pasado año, la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) de España pretende responder a esta pregunta de una manera sencilla y directa con la web Cooperación en cifras. El navegante no se perderá entre conceptos y datos técnicos, sino que se encontrará con una cooperación cercana y transparente.

“Muchas veces, los ciudadanos en general y la prensa no quieren ponerse a leer un manual para saber qué es la vía de canalización, por ejemplo. Simplemente quieren saber dónde va el dinero que han dado en cooperación y qué proyectos se están desarrollando. No necesitan información tan exhaustiva”, explica sobre esta herramienta Ana Henche, jefa del Servicio de Estadística de la SGCID.

Según Henche, la política de cooperación española es una de las que más tiene que rendir cuentas. “Se nos pide mucha justificación y somos transparentes. Por lo menos, siempre que nos piden información, transmitimos todo lo que tenemos”, continúa. Ya no sólo por parte de los ciudadanos, sino también de otros agentes de la sociedad civil como las ONG o la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE), que se interesan por el destino de los impuestos de los españoles en materia de cooperación.

En la red desde 2011

El departamento que coordina Ana comenzó a desarrollar esa responsabilidad de transparencia en 2011 a través de info@OD. Un sistema para recopilar, analizar y publicar qué han hecho los diferentes receptores, como la FIIAPP, con las partidas de los presupuestos generales del Estado dedicados a cooperación que les destinan cada año, ya sean la Administración Pública, Universidades u ONG. Genera un tipo de información que está enfocada a investigadores y a la realización de análisis.

Con el paso del tiempo, Estadística de la SGCID ha conseguido llegar a herramientas como ‘Cooperación en cifras’ para que sus contenidos sean cada vez más divulgativos y que todo el mundo comprenda la información que maneja este departamento, que puede pasar desde el tipo de cooperación que llevan a cabo la Administración Pública, Universidades y ONG hasta los presupuestos gestionados. “A un solo click sabrán qué proyectos se desarrollan en un país o en cuántos sectores trabaja la cooperación española”, resume Ana Henche.

Las opiniones y comentarios vertidos en este blog son sólo responsabilidad de su autor (más…)

La importancia de coordinar esfuerzos para luchar contra «la creciente amenaza de la ciberdelincuencia» ha sido reconocida dentro de la Unión Europea como «multi-dimensional”, orientada de este modo a ciudadanos, empresas y gobiernos y creciendo a un ritmo vertiginoso.

Pero no hace falta ningún reconocimiento de un organismo oficial o una institución superior para que la percepción y la realidad del cibercrimen se traslade a un fenómeno ya cercano y casi “familiar” para el usuario final. Empezamos con estos párrafos para poner de manifiesto que la ciberseguridad es un problema de todos y esta implicación global hace que de igual forma, cualquier usuario individual, empresa e institución público- privada tenga su parte de responsabilidad, tanto como autor o víctima.

La transnacionalidad e internacionalidad de estos delitos, que por la estructura y dinámica de funcionamiento intrínseco de la Red no conocen fronteras, hacen que el delito online pueda ser cometido a escala masiva y con una gran distancia geográfica entre el acto criminal en sí y sus efectos. En consecuencia, los aspectos técnicos, es decir, los métodos utilizados para cometer los delitos cibernéticos y los métodos de investigación son similares en todo el mundo debido a que los delincuentes suelen conectarse a través de los mismos sistemas de comunicación y redes de información. Es, probablemente, la incidencia en mayor o menor medida de un determinado delito, por ejemplo, el fraude o los ciberataques, lo que distingue los diferentes planteamientos de cada país hacia esta materia.

Por ello, la colaboración y cooperación tanto judicial como policial es crucial y necesaria para que la lucha contra el cibercrimen sea cada vez más ágil y efectiva, adoptando estrategias de trabajo conjuntas y medidas prácticas para garantizar la lucha y prevención contra la misma, siempre adaptada a las necesidades de los países afectados. Así mismo, la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los agentes policiales encargados de su investigación, contribuye significativamente al progreso y éxito de las investigaciones sobre todo en las que existe una implicación internacional.

Uno de los proyectos de cooperación policial internacional y europea es el Hermanamiento que se está llevando a cabo en la actualidad entre las autoridades policiales españolas dirigido por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y las autoridades de esta misma materia en Croacia, gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), institución pública dedicada a la cooperación internacional.

El nuevo Código Penal croata, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, incorpora plenamente el Acervo comunitario así como las disposiciones de los convenios internacionales relacionados con el cibercrimen que engloban las disposiciones legales existentes. Este hecho proporciona la base jurídica y las herramientas suficientes para la lucha eficaz contra la delincuencia informática. Con el propósito de alcanzar los estándares de la UE y para luchar contra la ciberdelincuencia con éxito, la cooperación policial entre ambos países, España y Croacia, se centra en cuestiones de organización, fortalecimiento las capacidades de los agentes de policía y el desarrollo de procedimientos estandarizados de investigación y análisis forense.

Los sistemas de formación continua de los agentes de la policía deben establecerse teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Cabe preguntarse si con el alto grado de especialización y complejidad técnica que a veces presentan las investigaciones sobre delitos cibernéticos, es posible el desarrollo de procedimientos normalizados de trabajo. Efectivamente, aunque ciertas técnicas de cibercrimen evolucionen hacia la complejidad buscando nuevas formas de ataque, la motivación y la psicología de los criminales es siempre la misma. En ello se seguirá trabajando.

Silvia Barrera

Las opiniones y comentarios vertidos en este blog son sólo responsabilidad de su autor (más…)

Hablamos también con él sobre el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP que durante dos años ha llevado a 20 expertos españoles al país norteafricano para apoyar este objetivo de inserción total e integral de las personas con discapacidad.

Este proyecto ha contribuido a mejorar el nivel educativo y a instaurar un modelo de educación inclusiva de menores con discapacidad en centros de enseñanza ordinarios, así como a potenciar el acceso al empleo de este colectivo.
En el ámbito de la educación, se ha formado a 36 profesionales, entre otros, maestros, fisioterapeutas, logopedas y psicólogos para que adapten su sistema de enseñanza a las necesidades de los menores con discapacidad.

En lo que respecta a la inserción laboral, se ha formado a 48 consejeros de oficinas de empleo y trabajadores sociales para que guíen a este colectivo en su búsqueda de trabajo y realicen la prospección de empresas.

Puedes leer la entrevista completa al ministro de Asuntos Sociales aquí y escuchar a los beneficiarios de este proyecto en nuestro programa de radio ‘Cooperación pública en el mundo’ (Radio 5, todo noticias).

Educación y personas con discapacidad en Túnez

Las opiniones y comentarios vertidos en este blog son sólo responsabilidad de su autor (más…)

Lamentablemente, en el mundo de los programas del desarrollo estamos más cerca de la primera situación que de la segunda. Cada año se llevan a cabo miles de programas destinados a combatir el subdesarrollo y sabemos muy poco sobre sus efectos ¿Sirven para reducir el desempleo los programas de capacitación profesional? ¿Qué programa es más costo-efectivo para lograr que los niños no abandonen la escuela en África: dar becas escolares o pastillas desparasitarias?

Lo cierto es que para saberlo, igual que ocurre en el campo de la medicina, es necesario estudiarlo. Las evaluaciones de impacto son herramientas que miden los efectos que tienen los programas en sus objetivos de desarrollo final. Por ejemplo, gracias a evaluaciones de impacto como esta en República Dominicana, esta en Colombia o esta en Turquía, hoy tenemos evidencia de que los programas de capacitación profesional tienen efectos positivos en la calidad de los trabajos, pero muestran efectos muy modestos en la reducción del desempleo. También, gracias a evaluaciones como las que se resumen aquí, hoy sabemos que por cada 100 dólares que nos gastamos en un programa de desparasitación en África logramos aumentar en 13,9 años la escolaridad en la población, mientras que el mismo dinero dedicado a becas solo la aumenta en 0,27 años.

Sólo evidencias como esta son lo que permite a los gestores de políticas públicas disponer de herramientas válidas para establecer los programas adecuados para luchar contra el subdesarrollo de manera efectiva, logrando resolver los problemas más rápido, y gastando menos recursos innecesariamente.

Para medir la efectividad de los programas, las evaluaciones de impacto utilizan grupos de tratamiento y grupos de comparación (o control). El grupo de tratamiento incluye a un grupo de personas que recibieron el programa y el grupo de control a un grupo de personas que no lo recibieron (¡igual que para estudiar los medicamentos!).

El mayor reto de estas metodologías es encontrar un grupo de control que sea válido. Y en ocasiones esto no es fácil. Por ejemplo, para medir el impacto del programa de capacitación profesional, se nos podría ocurrir comparar los niveles de empleo antes y después de recibir el programa.

Si la diferencia fuera positiva ¿dirías que el programa ha sido efectivo? A primera vista podría parecer que sí, pero también podría haber ocurrido que simplemente la economía hubiese mejorado y aumentado los niveles de empleo y que el programa hubiese sido totalmente inefectivo. Para evitar esto, se nos podría ocurrir comparar el grupo de desempleados que se inscribió en el programa con otro grupo (afectado por la misma economía) que no se inscribió. Si los inscritos hubiesen conseguido más empleo ¿dirías esta vez que el programa ha sido efectivo? Nuevamente podría parecer que sí, pero también podría ocurrir que simplemente el grupo que se inscribió lo hiciese porque estuviera más motivado para encontrar trabajo, y esa motivación es la que les llevó a encontrar más empleo (y no el programa).

Así que en las evaluaciones de impacto, para que el grupo de control sea válido es necesario que sea un grupo que haya estado sometido a las mismas condiciones en el tiempo  que el grupo de tratamiento (para evitar el primer problema) y que, al menos en promedio, sea equivalente al grupo de tratamiento en todas sus características (para evitar el segundo problema).La manera más rigurosa de generar grupos de control válidos es asignando aleatoriamente quien obtiene el programa y quién no. Esta metodología, llamada de tipo experimental, no es más que asignar el programa mediante una lotería. No obstante, en ocasiones, no es posible aleatorizar. Por ejemplo, puede que el programa se entregue a toda la población, o que se entregue en función de un ranking de pobreza, de manera que no es posible asignarlo por lotería. En tal caso, existen otras metodologías que nos pueden ayudar a encontrar buenos grupos de comparación. A estas metodologías se les llama quasi-experimentales, y aunque requieren de más supuestos (lo que les hace más “débiles” técnicamente), también son  buenas herramientas para medir el impacto.

En los últimos años ha aumentado el interés en medir la efectividad de los programas, y como consecuencia, han aumentado considerablemente las evaluaciones de impacto de programas de desarrollo. Organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, son dos buenos ejemplos de organismos donde las evaluaciones de impacto se han convertido en una pieza clave de aprendizaje sobre lo que funciona para retroalimentar el diseño de sus proyectos. En esta publicación podéis ver algunos de los aprendizajes del BID en 2013 y aquí algunas de las evaluaciones del Banco Mundial.

En el ámbito académico también existen centros de estudio dedicados a buscar evidencia rigurosa sobre qué programas funcionan y cuáles no. Algunos de los más importantes son Poverty Action Lab (J-Pal, asociado a MIT), Innovations for Poverty Action (IPA, fundada por un profesor de Yale), o Center for Evaluation for Global Action (CEGA, en Berckeley). También existen iniciativas globales como la Red de Redes de Evaluación de Impacto (NONIE) o International Initiative for Impact Evaluation (3ie) dedicadas a este fin.

Con cada evaluación de impacto vamos aprendiendo paso a paso qué programas son los que mejor funcionan y porqué.  Sin embargo, aún nos queda mucho por avanzar para ser tan efectivos como los médicos al “recetar” programas y así curar antes la “enfermedad del subdesarrollo”.

Paloma Acevedo
Economista, Especialista en Evaluación de Impacto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las opiniones y comentarios vertidos en este blog son sólo responsabilidad de su autor (más…)

Por primera vez se reconocía que las rutas migratorias euro-africanas son un fenómeno complejo que requiere de la colaboración estrecha de todos los estados involucrados; países de origen, de tránsito y de destino de los flujos migratorios.  En Rabat, sobre la base de la alianza entre los estados implicados, se establecieron los pilares fundamentes del Diálogo; la coordinación, la responsabilidad conjunta y la búsqueda de fórmulas que incrementen los efectos positivos de la migración sobre el Desarrollo. De esta forma, el Proceso de Rabat abrió una nueva etapa en la construcción de la gobernanza de las Migraciones: regular desde la política y las instituciones públicas el fenómeno migratorio en beneficios de todos. Actualmente, existen otros marcos de concertación y diálogo birregionales sobre políticas migratorias inspirados en el Proceso de Rabat como el Diálogo sobre Migración y Movilidad entre la Unión Europea y África, el Diálogo ACP con la Unión Europea o el Diálogo Estructurado sobre Migración entre la CELAC y la Unión Europea.

La FIIAPP en estrecha colaboración con los ministerios implicados ha estado facilitando este diálogo desde 2007 hasta la actualidad

El Proceso de Rabat como espacio para la discusión, debate e intercambio de experiencias, se consolidó a través de la II Conferencia Ministerial que tuvo lugar en Paris en 2008. Posteriormente, los países europeos y africanos asumieron el reto de concretar los acuerdos políticos con la aprobación de la Estrategia de Dakar en la III Conferencia Ministerial del Proceso de Rabat(Senegal, 2011). Hoy, después de la exitosa IV Conferencia Ministerial Euroafricana que tuvo lugar en Roma, el 27 de noviembre, se  pone de manifiesto el interés de mantener este espacio de coordinación y apoyo que, sin duda, es la experiencias más innovadora y consolidada en el debate migratorio.

En Roma, los países de África Central, África Occidental, los países del Magreb y los países de la Unión Europea así como Suiza, Noruega, la Comisión Europea y la Comisión Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS) se han comprometido a seguir trabajando juntos para maximizar los efectos positivos de la migración en el desarrollo de los países. De igual modo, se aprobó el Programa de Roma (2015-2017) con el propósito de poner en práctica los compromisos al aprobar un plan de actuación con líneas de intervención muy concretas.

Roma permitirá avanzar un paso más hacia la configuración de un espacio de apoyo bi-regional entre África y Europa. Facilitará igualmente la trasferencia del saber-hacer y las buenas prácticas de políticas migratorias sobre la lucha contra la trata de seres humanos, las políticas de migración laboral y la participación de la diáspora en acciones de desarrollo de sus comunidades de origen.

En definitiva, se trata de aproximar los intereses de ambas regiones para definir políticas cada vez más específicas sobre migración para aprovechar, tanto de forma implícita como explícita, el potencial de desarrollo de la movilidad internacional de ciudadanos.  La vía más exitosa para procurar la movilidad humana es, sin duda, a través la construcción de alianzas, como el Proceso de Rabat.

Equipo Migración y Desarrollo de la FIIAPP

Al cierre del año pasado y con nueve meses de vida, el Defensor del Pueblo turco, según cifras de esta misma institución, recibió más de 7.000 quejas. Los principales motivos de desencanto: la función pública, la administración local, la educación, el acceso a la universidad y la seguridad social. “Estamos trabajando para asistir a los ciudadanos en temas que les preocupan. Intentamos también evitar problemas entre los ciudadanos y las administraciones, así como ayudamos a las administraciones a que mejoren sus servicios”, explica a la FIIAPP el primer y actual Ombudsman turco, Nihat Ömeroglu.

Una institución recién nacida a la que le queda un largo camino por delante con independencia del Gobierno. “Espero que sea una figura respetada y eficaz. Supongo que es complejo en un país tan grande y con una población tan enorme, pero podrán diseñar una organización que abarque a todo el territorio y llegue a todos los ciudadanos. Nosotros les vamos a mostrar cómo actuamos y a orientar y facilitar toda la información y toda la ayuda para que sea también un defensor muy eficaz”, señala la Defensora del Pueblo en España, Soledad Becerril. Esta institución suma 30 años de experiencia con la de Francia que tratarán de mostrar a Turquía durante los dos años que dura este proyecto de cooperación, financiado por la UE con casi 1,6 millones de euros.

Atención a refugiados

Además de centrarse en las quejas más populares, el Defensor del Pueblo turco quiere atender otro tipo de necesidades como es la atención a la población Siria que migra a Turquía huyendo de la guerra civil que asola su país desde hace cuatro años. Según Amnistía Internacional, desde 2011, un total de 1,6 millones de sirios cruzaron la frontera turca, de los cuales, sólo 220.000 viven en campamentos de refugiados. El resto de población siria se encuentra en diferentes puntos del país. “Están muy interesados en hablar sobre inmigración con un país como España y una institución como ésta, ya que la inmigración ha sido uno de nuestros temas calientes”, subraya Carmen Comas-Mata, jefa de Gabinete del Defensor del Pueblo en España y directora española del proyecto que gestiona la FIIAPP. Esta misma institución hará que Turquía ponga el foco en otros temas como la prevención de la tortura en prisiones. “Somos el mecanismo nacional de prevención de la tortura en España, ellos en Turquía no lo son, pero también pueden entrar a visitar lugares de privación de libertad, con lo cual, también en esto vamos a intentar ayudarles y a contarles cómo pueden hacer las cosas”, añade la experta.

Del papel a la práctica

La meta está clara, ahora hay que dar los pasos hasta llegar al final. Unos pasos que se materializan desde el pasado mes de abril con una primera identificación de las necesidades del Defensor del Pueblo turco y después en formaciones teóricas y prácticas e intercambios de experiencia de los expertos españoles a los turcos, además de revisar la legislación referente a esta institución de acuerdo a otros países de la Unión Europea. Todo con el fin de para fortalecer su gestión.

“Las sesiones de formación deben centrarse sobre todo en el proceso de gestión de las quejas, es decir, cómo se gestiona la queja desde que entra hasta que hay una resolución por parte del Defensor del Pueblo”, explica Arantxa Díaz, la experta de la FIIAPP enviada a terreno para coordinar el proyecto, pero también, según apunta, en derechos de la mujer, de los niños, de las personas privadas de la libertad y de refugiados. También se formará al funcionariado turco, tanto en Turquía como en España y Francia, a mediar entre los ciudadanos y la Administración y a establecer las relaciones entre la institución con el Parlamento, otras instituciones públicas y las ONG; así como a reforzar los medios de divulgación de la institución porque hasta el momento es poco conocida. “Cómo presentarse en Internet, en redes sociales y en medios de comunicación”, explica Díaz sobre su plan de comunicación.

Dentro de este trabajo, el Defensor del Pueblo español revisará también la total independencia de su homólogo turco, ya que sin ella no se conseguirá el beneficio último del proyecto: la protección de los derechos de la ciudadanía turca.