En El Salvador, pocos temas pasan tan desapercibidos en las agendas públicas y mediáticas como la gestión de los expedientes clínicos. La ironía es que estos documentos contienen datos personales sensibles sobre la salud de miles de personas que deberían de ser protegidos con los máximos estándares de calidad. El tema adquiere más relevancia en el sector sanitario público, al que recurre el 84 % de la población (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014, DIGESTYC-MINEC).

Entre enero y marzo de 2017, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó una serie de entrevistas a personal clave del Ministerio de Salud (MINSAL) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para conocer, de manera preliminar, algunos aspectos sobre la gestión documental y la protección de datos personales. La información contribuirá a que el IAIP, como ente rector en esas materias, emita lineamientos en torno a la temática. Desde las primeras entrevistas se planteó una realidad compleja.

En términos de normalización se encontraron al menos seis documentos que contienen diferentes criterios para el manejo de los expedientes clínicos. Sin embargo, no existe una gestión normalizada para todo el sector público. Por ejemplo, el archivo de documentos se ha vuelto un problema que, literalmente, está desbordando el sistema de salud público. Si bien no es igual en todos los centros de atención, existen almacenes en los que se guardan estos documentos sin mayor criterio que su peso en kilos.

Otro hallazgo que surgió fue el poco o nulo conocimiento sobre los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos). Por un lado, operadores de salud que no garantizan el pleno ejercicio de estos derechos; y por otro, usuarios que no los exigen. ¿Pero cómo exigir un derecho que no es conocido por quienes tienen que garantizarlo?

Durante las entrevistas, los desafíos sobre la gestión de los expedientes clínicos aparecieron uno tras otro. Casi todos los entrevistados coincidieron en la necesidad de migrar a formatos electrónicos y únicos. Algo que, entre otros beneficios, permitiría la interoperabilidad de la información. Es decir, acceder a la historia clínica para la intervención de un paciente desde cualquier lugar en donde se encuentre. Pero aunque haya argumentos favorables de sobra, la posibilidad de migrar choca con otra realidad. Su implementación requeriría de una importante inversión financiera. Datos preliminares, proporcionados por ambas instituciones, arrojan que se trata de una inversión aproximada de 40 millones de dólares. Pero aún en un escenario favorable, la normalización sobre la gestión no se agota con la migración al formato electrónico. De hecho, cualquiera que sea la acción a implementar tiene, al menos, dos retos iniciales.

En primer lugar, la normalización de la gestión documental y la protección de datos personales de los expedientes que se encuentran actualmente en papel. Es decir, ¿qué hacer con lo que hay? En segundo lugar, el compromiso de aquellos actores involucrados en la gestión de estos documentos, más allá de los operadores del MINSAL.

El IAIP, como ente rector en materia de gestión documental y en protección de datos personales, podría simplemente emitir lineamientos y verificar su cumplimiento. Pero, ¿es esto lo que nos interesa? Delimitar nuestra intervención a estas dos acciones sería negar una realidad demasiado compleja que se expresa en múltiples dimensiones. La gestión de los expedientes clínicos, en este caso en el sector público de salud de El Salvador, requiere ante todo un profundo diálogo interinstitucional que permita diseñar la ruta a los cambios necesarios, para lo cual resulta igualmente necesario conocer cómo se han desarrollado procesos semejantes en otros países de América Latina y de la Unión Europea. De lo contrario, por muy bien diseñada que esté técnicamente la norma, no sería sostenible en el tiempo.

Alicia Miranda Duke es jefa de estudios e investigación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador

Cada vez hablamos más de migración pero no siempre disponemos de la información necesaria que nos permite entender las causas de origen que llevan a un grupo de personas a cambiar de forma voluntaria o forzada de ciudad o de país; pero si lo pensamos, la migración forzada y el tráfico de personas han determinado la historia de la humanidad. Es el caso del periodo de colonización, donde los europeos protagonizaron el negocio de trata de esclavos, explotando a entre 10 y 15 millones de personas procedentes de los mismos países de los que son originarios gran parte de los migrantes que, a día de hoy, intentan llegar a Europa.

La migración también ha estado muy presente en mi vida. Mi madre es finlandesa y mi padre español y he vivido los últimos diez años en diferentes países de Europa, Asia y África. En mi caso, la migración tenía como objetivo ganar conocimientos y tener nuevas oportunidades profesionales. Al igual que otras miles de personas, buscaba tener la oportunidad de mejorar mi calidad de vida.

Desde marzo trabajo como coordinadora institucional en el proyecto ECI Niger lo que me permite conocer más en profundidad la complejidad de los movimientos migratorios.  En mi última misión a Niamey, pude conversar con unos artesanos a los que conocí en 2009 cuando trabajaba para la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Me comentaron que desde hace un par de años no consiguen obtener los visados que les permitan viajar a Europa y poder vender sus joyas en las ferias de artesanía. Esta situación, sumada a la reducción de turistas en Niger y en otros países de la región, repercute gravemente en la economía de sus familias, empobreciéndolas y creando mucha frustración a los artesanos por no poder vender sus productos. Es también el caso de varios jóvenes con los que conversé y que afirmaban haber visto reducidas las oportunidades de obtener una beca de estudio, participar en un programa de intercambio o adquirir algún tipo de experiencia de trabajo en Europa.

Pese a estos impedimentos y teniendo en cuenta que Niger protagoniza uno de los focos donde operan las redes de tráfico de personas, el porcentaje de población nigerina que migra a Europa es relativamente bajo. Estas redes, conectadas con Europa, se lucran directamente de la situación de vulnerabilidad de miles de las personas migrantes.

El Gobierno nigerino es consciente de esta situación y está actuando a través del proyecto ECI, financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, en la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas. La Dirección General de la Policía Nacional de Níger afirma que, en muchas ocasiones, las propias víctimas de tráfico de personas no son conscientes de serlo, no conocen sus derechos y se exponen en la mayoría de los casos a la explotación por parte de los traficantes.

Helen Pardo es coordinadora del proyecto ECI Níger para la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas en Niger.

Es un cambio de paradigma, algo histórico”, destacaba Jolita Butckeviciene, directora de programas para América Latina y el Caribe en EuropeAid. “No es solo invertir en desarrollo, es invertir en todos nosotros”, expresaba el comisario europeo de Desarrollo, Neven Mimica. “Estamos entrando en una nueva era de la política no sólo para las instituciones de la Unión Europea, sino también para la acción conjunta con los Estados Miembros”, remataba Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. No se pueden entender las Jornadas Europeas del Desarrollo de 2017 sin el nuevo consenso europeo para el desarrollo, un acuerdo que alinea la política de desarrollo de la UE con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Pero, además, los EDD dejaron muchas imágenes y mensajes. La cultura tuvo un papel relevante en el colorido village. Sin cultura no hay futuro, este es el mensaje. También jóvenes y mujeres coparon los espacios de diálogo, más presentes que nunca en estas Jornadas. Ellas son las protagonistas del desarrollo.

La generación de alianzas rescató ese habitual espacio de networking en Bruselas. Como ejemplo, la FIIAPP en el marco de Practitioner’s Network, la plataforma que aúna a las principales agencias europeas de desarrollo. Compartiendo stand y espacio en un debate sobre movilización de experticia pública europea, FIIAPP expuso su experiencia gestionando el programa de intercambio de expertos UE-Cuba, ampliando rumbos y generando complementariedad con otros programas como EUROsociAL+.

Y como siempre, los reencuentros, como si del clásico chiste patrio se tratara, en un corrillo se juntaban un español ex FAO, un sueco ex ASDI y un peruano ex DUE, todos en nuevos horizontes, como el consenso, con la mirada puesta en no dejar a nadie detrás.

Enrique Martínez es técnico de comunicación y visibilidad en EUROsociAL+.

Hace tiempo tuve la ocasión de conversar con un oficial de investigación de la policía nacional de un país latinoamericano en una reunión a la que me invitaron en calidad de evaluador.

Es mucho lo que se está haciendo en este ámbito con el apoyo técnico de instituciones, también españolas entre otras, y con el cuidado de no aplicar “modelos” de otros países en una realidad nacional totalmente ajena y extremadamente compleja. Estados Unidos, por ejemplo, se ha enfocado especialmente en los temas de narcóticos y las pandillas juveniles. En España, tenemos muchas experiencias, si bien puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo realizado en Guatemala para disminuir el número de casos de delitos contra la vida y violencia contra las mujeres.

El oficial con el que conversaba decía que en su país los policías tenían mucho estrés, que llevaban varios años haciendo su trabajo con gran presión y que a muchos de ellos les gustaría terminar de estudiar una carrera universitaria, hacer otra cosa, o, al menos, tener un mejor sistema de turnos que les permitiera descansar.

También me contaba que habían aprendido que pocos delincuentes cometen muchos delitos, y que si hay, digamos, 10.000 víctimas de homicidios anuales éstas podrían ser atribuibles a unos 1.000 victimarios. Es decir, que con un poco de investigación, con buen criterio político y una mejor coordinación entre fiscales, jueces y policías el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana se podía manejar mucho mejor.

“No nos dejen solos”, me decía preocupado por los escasos apoyos que tenían internamente y por el hecho de que estos temas pudieran dejar de ser una prioridad para la cooperación. . Seguramente algunos así lo ven, cansados de apoyar una institucionalidad que podemos definir como débil-fuerte-ausente-presente.

Débil, en lo que se refiere a la dirección estratégica puesto que muchas instancias trabajan en torno a los mismos temas de manera descoordinada: investigación criminal, fiscalía, jueces, sistema penitenciario, instituciones de lucha contra el crimen organizado… Fuerte, porque a veces estas instituciones solo contemplan como respuesta aceptada por la sociedad el meter a los jóvenes en las cárceles, lo cual no lleva sino a saturar las cárceles, donde por otro lado hay pocos tratamientos apropiados para salir del circulo de la violencia. Ausente, porque no hay policías o jueces allí donde se necesitan y no llegan a muchos lugares donde se sigue linchando a los delincuentes. Y, por último, presente, porque el gobierno tiene un gran afán de estar en los medios y demostrar que la inseguridad ciudadana es su gran prioridad, sin que sepamos bien a qué se refieren realmente.

Evaluación de políticas públicas

Por eso es necesario mejorar nuestros diagnósticos apoyándonos en herramientas como la evaluación de políticas públicas, para tener la capacidad de mejorar los programas y hacer frente a estos desafíos que generan respuestas tan contradictorias desde las instituciones.

Ya tenemos una larga experiencia de trabajo con muchas instituciones como para poder introducir la evaluación como un requisito para la realización de programas de cooperación para la reforma institucional, y también hemos generado la confianza necesaria que permite hacer análisis no solo de tipo cualitativo sino también cuantitativo, con líneas de base y encuestas después de varios años.

A simple vista parece más fácil cuantificar el impacto de la ayuda cuando se trata de programas sociales, o de reducción de la pobreza, que es donde tradicionalmente se han venido realizando este tipo de evaluaciones, pero si lo observamos con atención desde el ámbito institucional y, más concretamente, del desarrollo de capacidades hay muchas opciones interesantes.

Si se diseñan los programas desde el principio con el objetivo de ser evaluados, podríamos decir qué impacto tiene sobre el rendimiento de los policías, por poner un ejemplo, el que se haga un tipo de formación u otro, y eventualmente, qué impacto tiene sobre el cambio institucional y la reducción del crimen, que es de lo que se trata. También sería un gran avance, y estamos en condiciones de hacerlo, saber qué efecto tiene la capacitación de unidades de investigación criminal sobre la variable impunidad, es decir, en cuánto ayuda nuestra cooperación en lo que se refiere a resolución de casos y la capacidad de llevarlos a juicio.

De esta manera las propias instituciones serán más conscientes de los límites y oportunidades que se plantean para poder desarrollar reformas de mayor escala y para ir construyendo una nueva cultura de desarrollo institucional.

Miguel Angel Lombardo trabaja desde FIIAPP en la cooperación sur sur para la evaluación de políticas públicas en América Latina.

Ningún país ni comunidad puede funcionar pacíficamente si sus habitantes no logran reclamar sus derechos ante el sistema de justicia establecido o defenderse de acusaciones que se formulan contra ellos. El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

Sin embargo, en la realidad nos encontramos con numerosas dificultades para su aplicación práctica y efectiva. Y, lamentablemente, cuando esto es así, observamos las consecuencias correspondientes: mayores grados de desigualdad social o elevados índices de violencia, que, con frecuencia, se atribuyen a otros factores, como la pobreza, cuando en realidad la pobreza no es una causa, sino un efecto, y precisamente un efecto de, entre otras cuestiones, que mucha gente esté excluida de la Justicia.

Los mecanismos de acceso a la Justicia deben concebirse para el conjunto de los ciudadanos, deben estar correctamente previstos a nivel legislativo y también deben estar dotados de los recursos necesarios para funcionar de un modo adecuado. Algunos países requieren de forma muy acuciante de la cooperación para poder atender estas necesidades.

Para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos es muy difícil no fijarse en los tremendos retos que a nivel mundial tienen por delante las personas con discapacidad, los desplazados y refugiados, las minorías, las víctimas de trata y explotación, los privados de libertad o las personas en situación de pobreza endémica. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

El Consejo General de la Abogacía Española, en su participación en acciones de cooperación, tiene a menudo su punto de mira en favorecer que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección de sus derechos a través del sistema de justicia en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos.

Hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos de estas características en algunos países europeos y, sobre todo, latinoamericanos. Quizás podamos destacar, por su carácter representativo, algunos desarrollados en colaboración con FIIAPP, en el marco de programas de cooperación europea como EUROsociAL.

En referencia a las personas privadas de libertad, en Paraguay y Chile hemos contribuido a favorecer que algunos centros penitenciarios tengan sistemas de videoconferencia para que los presos puedan trasladar sus consultas a los abogados de oficio que tienen asignados (los llamados allá “defensores públicos”); en Costa Rica y Perú hemos podido ayudar a que se introdujera perspectiva de género en ciertos preceptos de sus leyes penales y penitenciarias, consiguiendo que mujeres en circunstancias particulares puedan acogerse a beneficios penitenciarios, o sean castigadas por ciertos delitos de un modo más proporcionado al preexistente; junto a la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, hemos elaborado también manuales de vigilancia de derechos humanos en los cárceles u otros ámbitos de privación de libertad.

En los últimos cuatro años hemos trabajado igualmente en varios países por los derechos de las personas con discapacidad, cuyas circunstancias personales presentan necesidades especiales cuando se enfrentan a procedimientos judiciales. En otro orden de actividad, en Brasil, pudimos impulsar servicios de “Justicia Comunitaria” dedicados a asistir jurídicamente a la población negra de las barriadas de favelas de Río de Janeiro. En Perú, hicimos posibles nuevos espacios de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia especializada indígena. Son sólo algunos ejemplos relevantes.

También a lo largo de los últimos años, hemos participado en algunos procedimientos judiciales de derechos humanos que tenían un valor paradigmático por su potencial para acercar a la Justicia a personas que fueron privadas de ese derecho. Así fue en algunos llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Campo Algodonero, que juzgaba los asesinatos en Ciudad Juárez (México) de ocho niñas cuyos cuerpos abusados y asesinados fueron abandonados en una plantación de algodón, y que este tribunal denominó feminicidios.

En Panamá, contribuimos a dotar de argumentación jurídica a varias comunidades indígenas que habían sido expulsadas de sus tierras para la construcción de una gran obra hidráulica que modificó todo el paraje y las posibilidades de subsistencia de estos pueblos con tradiciones especialmente protegidas por el derecho.

Colombia ha sido otro país importante para nosotros en nuestra labor de cooperación. En este país hemos desarrollado, desde 2011 especialmente, diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de asociación de los abogados y de otros defensores de derechos humanos, así como al reconocimiento de su trabajo.

Toda nuestra actividad está basada en un principio de especialización, es decir,  en la idea del aprovechamiento de las capacidades, la experiencia y los conocimientos particulares de la abogacía. Sería de desear que, dentro de las políticas de cooperación entre los países, las diseñadas para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos ocuparan el lugar prioritario que merecen, por el gran valor añadido que poseen para las sociedades de los países implicados.

Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016.

Llevamos unos largos meses de duro trabajo. Muchas reuniones, consensos y negociaciones para conseguir alcanzar nuestro objetivo: traer expertos latinoamericanos a nuestras instituciones españolas para compartir a través de nuestros expertos, nuestro saber hacer, nuestras experiencias y conocimientos a través de nuestros expertos.

Pero, ¿qué es lo que realmente hace de este intercambio una experiencia increíble?

Tras asistir a varias inauguraciones y cierres de seminarios de diversa índole, como por ejemplo sobre derecho registral, tratamiento de aguas residuales, innovación social, fiscalidad internacional o lucha contra el fraude fiscal; se llega a la conclusión de la enorme utilidad de este tipo de actividades.

Actividades que podríamos denominar de intercambio cultural especializado, y que dan como resultado la creación de redes de expertos que van mucho más allá de los simples conocimientos. Acaban derivando en lazos personales inseparables y en lazos institucionales que se convierten en redes de intercambio profesional y cultural.

Esta conclusión nos hace reconciliarnos una vez más con nuestro trabajo, si es que en algún momento teníamos dudas de lo que se consigue a fuerza de esfuerzo y con mucho tesón.

Nos hace volver a creer en nuestras pequeñas aportaciones en el marco de la cooperación internacional al desarrollo, siempre centradas en el fortalecimiento institucional, a través de la cooperación técnica y la movilidad de expertos.

Nos hace confirmar también que estas acciones son importantes, ya que ponen de manifiesto, una vez más, que quienes comparten experiencias y conocimientos son las personas que conseguimos reunir durante unas semanas en torno a una temática concreta, siempre prioritaria para la cooperación española.

Pero no nos quedemos ahí. Aún podemos ir más lejos y ser más ambiciosos con nuestras expectativas ya que ponen de manifiesto, que con estas iniciativas fomentamos que se comparta una gran dosis de cultura y confianza en las instituciones de países diferentes.  Porque en la FIIAPP trabajamos para las personas, y de esta forma mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos; que a fin de cuentas, es nuestro objetivo final.

Resulta siempre gratificante poder constatar de primera mano, a través de las experiencias directas, escuchadas en primera persona de nuestros invitados y colaboradores, que el esfuerzo ha tenido una recompensa, que la recompensa te está hablando y solicitando que continúes trabajando en esta dirección y que con mucho esfuerzo, aunque no con tanto dinero, se pueden alcanzar grandes y ambiciosos objetivos.

Todo esto nos anima a seguir sumando esfuerzos y trabajando día a día para mejorar nuestras instituciones a través de las personas. Con ello, nosotros también progresamos y nos convertimos en mejores personas e instituciones.

Por Isabel Ramos, Directora de Área de Información y Programas Especiales