EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Nuestro avión bimotor aterriza en el aeropuerto de Florencia, capital del Departamento de Caquetá, la puerta de entrada a la Amazonia colombiana. La tormenta que precedió a nuestra llegada ha dejado una tarde limpia y luminosa. El sol se derrama sobre un paisaje verde esmeralda de sobrecogedora belleza. Ganado cebú rodeado de garzas blancas, ríos serpenteantes, cultivos de arroz, plátano y yuca, ceibas, campesinos terminando su jornada laboral… un remanso de paz y armonía en una tierra sacudida por el conflicto armado, el narcotráfico y la pobreza.

Caquetá, tierra de informalidad

Caquetá vive principalmente de la producción ganadera y agrícola. Sus 480.000 habitantes se reparten en 16 municipios, aunque más de la mitad de los caqueteños se concentran en Florencia, una ciudad joven fundada en 1902.

La vida en Florencia discurre en un mar de economía sumergida. Según cifras del Banco de la República, el 76 por ciento de sus trabajadores son informales. La débil presencia del Estado, la baja calidad de los servicios públicos y la corrupción se retroalimentan de costumbres arraigadas en la ciudadanía, como el fraude fiscal, la violencia o el pobre respeto por los bienes públicos. Los problemas sociales de la ciudad se han acentuado con la llegada masiva de personas desplazadas por el conflicto armado, equivalentes al 60 por ciento de su población.

“Para qué pagar si se lo roban, ¿qué nos da el Estado? Pago impuestos mientras otros florecen en la informalidad. No es justo”, se quejan los empresarios. «Hay ganaderos ricos que no cumplen con sus obligaciones tributarias por puro egoísmo y así los servicios públicos nunca van a mejorar», nos cuenta una funcionaria.

El departamento de Caquetá, al igual que otras zonas del pos conflicto colombiano, está sumido en un círculo vicioso que complica el contrato social y la construcción de un nuevo marco de convivencia. La reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos y la confianza interpersonal resultan complicadas.

El duro oficio de recaudar impuestos

Ser funcionario en Caquetá supone un desafío, pero ser recaudador de impuestos amerita una medalla al valor. Si alguien lo sabe bien es Hernando Vásquez. Hasta llegar al cargo de Director Distrital de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en Caquetá, Hernando pasó por prácticamente todos los puestos del escalafón: “Hace muchos años, cuando inicié en la Administración tributaria, recorría como único auditor todo el territorio de Caquetá y se notaba una fuerte resistencia de los comerciantes y de los contribuyentes. Yo realizaba censos y en alguna ocasión temí por mi vida, me tocó casi salir corriendo”.

Una manifestación de la ausencia del Estado en gran parte del territorio era que, en muchos lugares, se cobraba la ‘vacuna’, un impuesto exigido a los ciudadanos por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto obligaba a los comerciantes a llevar una contabilidad ‘B’ para cumplir con las extorsiones, mantener su negocio y, lo más importante, su integridad física y la de su familia. Las extorsiones de paramilitares también eran frecuentes.

En ocasiones, los comerciantes acudían a los grupos armados para evitar pagar al Estado. Así, una vez, nos cuenta Hernando, en uno de los municipios avisaron a las FARC de la presencia de los auditores de la DIAN. Ante la irrupción de los guerrilleros, los funcionarios tuvieron que huir del lugar para salvar la vida.

Palos y zanahorias

Aunque los tiempos han cambiado desde los acuerdos de paz entre el Gobierno y los grupos armados, cobrar impuestos en esta zona de Colombia continúa siendo complicado y pagarlos es un deber cívico ausente en el imaginario de buena parte de los caqueteños.

El Estado y la DIAN son vistos con desconfianza. Existe desconocimiento sobre el tema tributario. Muchos se ven forzados a subsistir en la economía sumergida. Otros, conociendo sus obligaciones y teniendo capacidad financiera, no pagan por falta de solidaridad. Las bandas criminales que se benefician del contrabando y la extorsión suponen todavía una amenaza para comerciantes, empresarios y, por supuesto, para los funcionarios de la DIAN.

Para que los tributos resulten claves en la vertebración de la paz y la construcción de una sociedad más igualitaria y con mejores servicios públicos, es imprescindible transformar la cultura tributaria de la población y cambiar los paradigmas en la relación entre el fisco y los ciudadanos.

El Gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco, es consciente de la necesidad de lograr una mayor reciprocidad: “En la medida en que los ciudadanos nos concienciemos, paguemos nuestros tributos y lo veamos reflejado en las verdaderas obras que necesita nuestro país, podremos avanzar. Pagar tributos no es el coco”.

La DIAN de Caquetá sabe que no es factible vencer mediante la coacción, es preciso convencer. Ante la imposibilidad de situar a sus diez únicos auditores “bajo de la cama de cada contribuyente”, hay que tender puentes. Además de ‘palos’, se necesitan ‘zanahorias’.

Así, los incentivos fiscales creados para impulsar la formalización y la inversión deben ir acompañados por mejores servicios de información y atención tributaria a los ciudadanos, así como por una buena dosis de pedagogía sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público. La educación fiscal desde edades tempranas puede hacer sostenible este proceso y, a largo plazo, contribuir al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Desde hace varios años, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) promueve encuentros infantiles y juveniles sobre cultura fiscal con escuelas del Caquetá y realiza ferias de servicios tributarios para socializar su función y acercarse a la ciudadanía. Se abren ahora oportunidades para consolidar y multiplicar estos esfuerzos a través de la Universidad, mediante el proyecto de los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF).

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

La directora para América Latina y el Caribe de EuropeAid, Jolita Butkeviciene, twitteaba hace unas semanas que «la Unión Europea no impone programas, acompaña políticas nacionales y esta es nuestra forma de ver la cooperación».

Estas declaraciones encajan perfectamente con los resultados que se están alcanzando en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en Perú. Una política apoyada y acompañada de manera efectiva por la Unión Europea, a través de un proyecto gestionado por la FIIAPP y otros fondos adicionales que en total suman 32 millones de euros.

Durante 2017, nuestros socios peruanos, a los que apoyamos y acompañamos en sus políticas nacionales, han conseguido las mayores cifras históricas en la lucha contra el crimen organizado. A saber, la desarticulación de 111 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la destrucción de 78 pistas de aterrizaje clandestinas para el traslado de la droga a otros países y la incineración de 334 laboratorios de producción de cocaína, un buen número de ellos identificados gracias a tareas de inteligencia. Asimismo, se logró erradicar 22.165 hectáreas de hoja de coca, hecho que evitó la producción potencial de 204,8 toneladas de cocaína. Estas cifras no tienen  parangón con las de años anteriores y denotan un claro esfuerzo de la nueva administración peruana para mejorar los resultados en esta materia.

El proyecto, implementado por la FIIAPP, capacita y presta asistencia técnica a las principales instituciones que luchan contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en este país andino. Los socios peruanos del proyecto están obteniendo muy buenos resultados y se ha verificado, mediante una evaluación independiente, que se están aplicando con éxito los conocimientos y herramientas transmitidas por los funcionarios de los Estados Miembros a sus homólogos peruanos.

SUNAT Aduanas es una de las instituciones que reciben el apoyo del proyecto. En este caso, en la prevención del contrabando:

También cabe destacar el apoyo y acompañamiento que se ha dado por parte del proyecto a los operadores judiciales para resolver exitosamente los grandes casos nacionales vinculados a bandas organizadas internacionales y los logros alcanzados en materia de inteligencia, como es la creación del primer sistema informatizado de gestión de información contra el crimen organizado en Perú (SIIETID).

Proyectos a demanda

Vivimos en un mundo interconectado y la cooperación es un factor imprescindible en la resolución de los problemas relacionados con el crimen organizado transnacional. Eso influye en muchos elementos de la agenda birregional euro-latinoamericana.

Hay que diseccionar el problema del tráfico de drogas según su impacto y naturaleza, tanto en las instituciones como en las personas. No es lo mismo un país productor que otro de tránsito o uno consumidor. En América Latina el tráfico de drogas tiene un efecto directo en la gobernabilidad de los estados. Las enormes cantidades de dinero que mueven las bandas organizadas pueden llegar a comprar estructuras gubernamentales y desestabilizar países – tristemente hay varios ejemplos en la región. Eso sin mencionar la violencia que genera y el deterioro en la cohesión social. En Europa el impacto es profundo a nivel delincuencial pero principalmente se trata de un tema de salud pública. Son dos problemas interconectados a los dos lados del océano.

La UE, a través de grandes proyectos bilaterales gestionados por FIIAPP en Perú o Bolivia y regionales como EL PAcCTO y COPOLAD, acompaña las políticas de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, que tanto impacto tienen en América Latina y Europa. Este apoyo se aplica a través de una metodología a demanda, cosa que agradecen nuestros socios latinoamericanos, felicitando la forma de trabajar horizontal y no paternalista de la UE. Definitivamente ésta es una de las recetas para obtener buenos resultados.

De hecho, el método de trabajo participativo es uno de los emblemas del “Soft Power” que caracteriza la cooperación europea. Sin duda alguna, estos proyectos en los que se intercambian conocimientos y se crean lazos duraderos entre administraciones públicas a los dos lados del Atlántico son la mejor apuesta para lograr resultados sostenibles en el tiempo. Sin ir más lejos, a través de nuestro proyecto se han creado redes de contacto que ya están trabajando para investigar asuntos relacionados con el crimen organizado transnacional, no solo entre Europa y Perú sino también a nivel regional.

La seguridad de los ciudadanos como objetivo

Sin embargo, no se debe caer en la autocomplacencia, la lucha contra el crimen organizado es policéntrica y comporta muchos desafíos como el lavado de activos y la colaboración eficaz entre administraciones. Para mejorar la calidad de vida de la población en muchos países América Latina es necesario avanzar en esta materia ya que tiene un impacto directo en la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Solo en 2017, 25.000 personas murieron de forma violenta en México por razones vinculadas al crimen organizado, lo cual nos debería hacer reflexionar sobre cómo apoyar a nuestros socios en la región.

América Latina es un socio estratégico, cultural y comercial para la Unión Europea y como tal debemos tener una política continuista y mejorada de colaboración que ayude a optimizar el bienestar de su población y asegurar el Estado de derecho. La FIIAPP, a los 20 años de su creación, es sin duda un instrumento adecuado y maduro para canalizar e implementar proyectos de cooperación birregional euro-latinoamericana que tan buenos resultados están dando. No olvidemos que, tal y como se subraya en el último informe Elcano, en la Estrategia Global Europea de 2016 se habla de un “espacio atlántico ampliado”, y señala que la UE tratará de expandir la cooperación y de construir una fuerte asociación con América Latina y el Caribe.

La Fundación, por su amplia experiencia y reconocimiento en la región, ya es un actor clave en la consecución de este acervo y un importante aliado de las instituciones europeas en materia de fortalecimiento del Estado. Por esa misma razón, tenemos que seguir visibilizando con fuerza los resultados obtenidos por nuestros socios latinoamericanos. Demostrando con hechos que estas acciones, además de fortalecer nuestras instituciones homólogas al otro lado del atlántico, sobre todo, mejoran la vida de sus ciudadanos. 

Gerard Muñoz, Coordinador del Proyecto de lucha contra el tráfico de drogas en Perú

Más información sobre el proyecto, en nuestro espacio en Radio Nacional de España (RNE):

Perú contra el narcotráfico

La crisis de los refugiados de Siria se ha dejado notar en los países vecinos y muy en particular en Jordania que tras acoger alrededor de 700.000 refugiados sirios se ha convertido en el segundo país del mundo en proporción de refugiados sobre población autóctona.

La mayor parte de los sirios refugiados en Jordania, huyendo del conflicto bélico que desde hace más de cinco años asola su país, se han establecido en las localidades fronterizas de los Gobernorados de Irbid y Al Mafraq , zona en la que pivota el proyecto Qudra; solo una parte, en torno al 20%, ha sido instaladada por ACNUR  en campos para refugiados.

Razones geográficas y humanas están detrás de la acogida inicial de los refugiados sirios en las localidades de Jordania limítrofes con Siria. La afinidad de los grupos humanos a un lado y otro de la frontera sirio-jordana no solo se explica por la geografía sino que está determinada también por lazos históricos, culturales y hasta familiares.

Buena parte de los municipios de acogida ha visto multiplicada su población y con ella el volumen de servicios a prestar: desde los más servicios más inmediatos de alumbrado público o recogida de basuras pasando por los servicios de urbanismo necesarios para organizar el asentamiento de los nuevos vecinos y dotar a los municipios de las infraestructuras básicas.

El importante reto derivado de la afluencia de refugiados sirios no es el único al que han tenido que dar respuesta los municipios del norte de Jordania. El Gobierno Jordano puso en marcha en 2015 un ambicioso programa de descentralización municipal que supone para las administraciones locales un enorme desafío de racionalización y mejora para lograr mayores cotas de autonomía política y eficiencia económica.

La respuesta a los desafíos que tienen planteados los municipios jordanos pasa por el fortalecimiento de sus capacidades de gestión, en particular en los aspectos económicos y financieros, de las que depende la sostenibilidad de los servicios públicos y la autonomía financiera de estas administraciones.

La ayuda internacional junto con el Gobierno de Jordania está acompañando a las administraciones en este proceso de reformas. En particular, y por iniciativa de la Comisión Europea, el Fondo Madad está financiando diversas líneas de cooperación dirigidas a reforzar a los ayuntamientos del norte de Jordania. Dentro de este programa, el Proyecto Qudra que coordina el GIZ, organismo de cooperación de Alemania, prevé una acción específica orientada a reforzar la capacidad de los municipios jordanos para proveer mejores servicios y garantizar su sostenibilidad financiera. Esta acción ha sido encomendada en régimen de cooperación delegada a los órganos de cooperación españoles AECID y FIIAPP. El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo de estudio y formación de funcionarios al servicio de la Hacienda Pública Española, ha llevado a cabo el diagnóstico de situación, el diseño de las actividades de cooperación y la selección de los funcionarios expertos.

Intercambio de experiencias

La estrategia de colaboración se fundamenta en el intercambio de experiencias de gestión entre funcionarios españoles y jordanos. Los expertos españoles, en estrecha colaboración con  los funcionarios jordanos, de las localidades de Ramtha, Sarham y Mafraq, diseñarán e implementarán programas de reforma en las áreas de gestión económico-financiera con objetivos definidos de mejora en los indicadores de suficiencia financiera y eficiencia en la producción de servicios públicos. Las experiencias de reforma se harán extensivas, mediante acciones de formación, a un conjunto más amplio de municipios de la región y a la totalidad del sector local jordano a través de manuales de buenas prácticas que compendien las experiencias de reforma y los materiales formativos.

Este proyecto representa una oportunidad valiosa para compartir las experiencias de gestión de los funcionarios españoles con los funcionarios locales del Reino de Jordania y contribuir a aliviar el peso que la situación bélica ha supuesto para esta región, sentando las bases para la mejora de la calidad de vida de los vecinos, refugiados y nativos, de estos municipios.

Javier Hernández Pascual. Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

Según el Informe mundial sobre discapacidad elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), las personas con discapacidad representan aproximadamente el 15% de la población mundial, de las cuales el 80% viven en países en desarrollo. De acuerdo con estas cifras, el vínculo entre discapacidad y pobreza es más que evidente. Sin embargo, el desarrollo inclusivo con enfoque de discapacidad aún no está lo suficientemente integrado en los proyectos de cooperación internacional.

Los países en vías de desarrollo están haciendo grandes esfuerzos por incluir a la población con discapacidad en el diseño de sus políticas públicas, pero en la práctica siguen encontrando muchas dificultades para implementar esas polí­ticas debido a la falta de recursos económicos y profesionales.

Precisamente ese objetivo de contribuir a la implementación efectiva de las políticas inclusivas para personas con discapacidad es el que persigue Acortando distancias (Bridging the Gap), un proyecto financiado por la Unión Europea para promocionar los derechos y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en cinco países de renta media y baja (Burkina Faso, Ecuador, Etiopí­a, Paraguay y Sudán).

Para ello, el proyecto plantea acciones concretas en cada uno de los paí­ses beneficiarios en función de las necesidades planteadas por las instituciones públicas y las organizaciones de personas con discapacidad de cada paí­s. Así­, en Burkina Faso estará centrado en la mejora en el acceso universal a la salud de las personas con discapacidad; en Ecuador, en el derecho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad; en Etiopía, en promover un nivel de vida adecuado y la protección social de las personas con discapacidad; en Paraguay, en la mejora de la recolección y sistematización de datos sobre discapacidad y en el fomento de la educación inclusiva; y en Sudán, en mejorar el acceso universal al empleo para personas con discapacidad.

El hecho de plantear cinco acciones-país concretas hace que se puedan obtener resultados visibles y, lo que es más importante, permitir que los países se apropien de esos resultados. Bridging the Gap aspira a que las buenas prácticas que se generen en este proyecto sean replicables, queden recogidas gracias a una estrategia de gestión del conocimiento y puedan ser llevadas a un nivel transversal global, fomentando el mainstreaming de la inclusión de las personas con discapacidad en la cooperación internacional.

Los cinco ámbitos en los que se focaliza el proyecto están contemplados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el instrumento internacional para la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. En su artículo 32, la Convención establece que todos los Estados Partes deben velar porque todas sus acciones en el marco de la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo, sean inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Además, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad está reforzada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y del nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo aprobado por la Unión Europea.

La inclusión del enfoque de discapacidad en la cooperación internacional es, por tanto, un tema urgente para cumplir de manera eficaz los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás. Bridging the Gap trabajará para sentar unas bases sólidas que permitan conseguirlo

El proyecto Bridging the Gap se presentará oficialmente el próximo martes, 5 de diciembre, en Bruselas, en el marco de la European Disability and Development Week (EDDW).

Carmen Serrano es Técnico de Comunicación de Bridging the Gap II

En estos días en los que la corrupción se ha convertido en un mal endémico que afecta directamente a la calidad democrática de nuestras sociedades, necesitamos más que nunca acercar las Instituciones a los ciudadanos, sus legítimos acreedores. Un elemento que contribuye a disminuir la fractura entre poder público y los ciudadanos es sin duda, el fomento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que devuelva la confianza en las Administraciones públicas.

En este sentido una iniciativa interesante es la Alianza del Gobierno Abierto (Alianza OGP, por sus siglas en inglés) una iniciativa multilateral en la que participan 69 países, entre ellos España y Colombia, orientada a mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva de la sociedad civil y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos.

Cada estado miembro de la Alianza OGP se compromete a poner en marcha Planes de Acción plurianuales, aplicables transversalmente en sus Instituciones y principalmente en las competencias gubernamentales.

Colombia está demostrando su compromiso con la transparencia ampliando la perspectiva de un “Gobierno Abierto” a un “Estado abierto”, incluyendo en esta iniciativa al Poder Judicial. En ACTUE Colombia llevamos tres años trabajando esta iniciativa en Colombia, apoyando tanto a la entidad coordinadora, la Secretaría de Transparencia, como fortaleciendo la capacidad técnica de la sociedad civil, de forma que puedan mantener un diálogo efectivo con el gobierno colombiano.

Los Planes de Acción OGP están concebidos para construirse de forma participativa entre las distintas Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Autonómica y Local) y la sociedad civil, en el que la participación de la ciudadanía tiene un rol fundamental en el desarrollo y éxito de esta Alianza.

España, miembro de la OGP desde 2011, ha implementado hasta el momento dos Planes de Acción, de los cuales la sociedad civil demandaba más transparencia y participación. Dichas demandas han sido recogidas por la Audiencia Nacional, en una reciente Sentencia (SAN 3357/2017) en la que reconoce el Derecho de Acceso a la organización Access Info Europe y argumenta para ello jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 8.11.16 y 25.06.13), que entiende este Derecho como fundamental y meritorio de una esfera de especial protección; por lo que si bien en nuestro país el Derecho de Acceso a la Información no ha sido reconocido como un Derecho Fundamental, en la práctica actual podemos hablar de un contexto esperanzador al respecto.

En esta línea el III Plan de Gobierno Abierto, lanzado en junio de este año para el periodo 2017-19, ha introducido importantes mejoras al respecto, como así lo recomendaba el Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza; estructurado en cinco Ejes (Colaboración; Participación; Transparencia; Rendición de cuentas y Formación) ha sido elaborado incluyendo propuestas de las administraciones territoriales y Ministerios así como posibilitando la participación de la ciudadanía a través de la herramienta de información pública, en la que cualquier ciudadano podía hacer llegar sus propuestas a través del portal de transparencia, en el que se puede realizar el seguimiento de todas las Fases del III Plan.

Asimismo como novedad se prevé la constitución de un Foro Multisectorial, en el que tendrán cabida representantes de la academia, de la sociedad civil y las Administraciones públicas para llevar a cabo el seguimiento del III Plan.

Aún nos queda mucho por avanzar hacia la consecución de un Estado abierto, pero algo parece claro y es que nos encontramos ante un cambio de paradigma en cuanto a la construcción de políticas públicas, en el que el Acceso a la Información y la Transparencia, la Educación en cultura de integridad y el avance de un Gobierno en línea son elementos clave para que el ciudadano se convierta en sujeto activo en los procesos públicos de decisión y construcción de políticas y contribuya a mejorar la eficacia y eficiencia de nuestras Instituciones.

Carolina Díaz es Técnico Jurídico del Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE Colombia)

Tal vez “heterogeneidad” sea el término que mejor define a América Latina (AL), tanto por las diferencias geográficas, económicas y culturales de sus países, como por la desigualdad en el nivel de desarrollo de sus habitantes. No es tarea fácil definir retos comunes para sus administraciones tributarias (AT). La región alberga AT de clase mundial y otras que presentan carencias significativas, siendo la misión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) trabajar para reducir las brechas existentes en el nivel de desarrollo de las mismas.

Aunque existen algunas herramientas regionales de armonización – modelos, manuales, propuestas –, en el ámbito de la política tributaria poco se ha logrado armonizar. Por ejemplo, el Código Tributario del CIAT-BID-GIZ representa un modelo regional, que pretende motivar reformas tendientes a “equilibrar el campo de juego”. En la tributación internacional[1], la transparencia y el intercambio de información[2], se está dando un proceso de armonización que surge de iniciativas globales. Este proceso constituye un reto para la región. Sin embargo, nace de la experiencia de países desarrollados y no de AL. A este proceso, lo llamaría “armonización importada”.

Las AT de AL han mejorado principalmente gracias al uso de la tecnología y a un mayor respaldo político por parte de sus gobiernos. De acuerdo a datos del CIAT, desde los años 60, los ingresos tributarios de los gobiernos centrales de AL han presentado una tendencia positiva, pasando de 9,7 (1960) a 16,2 (2014) puntos del PIB, siendo este último valor el más alto registrado en el referido período.

El gran reto que las AT enfrentan consiste en “hacer + con -”. Para ello, es necesario orientar esfuerzos en aquellos ámbitos donde existe riesgo de incumplimiento; con el ánimo de clasificarlos, prevenir su ocurrencia o bien gestionarlos. El reto consiste en fortalecer varios procesos e integrarlos en una sola plataforma – Ej.: acceso y manejo de información, registro de contribuyentes, cuenta corriente tributaria, sistemas de facturación, servicio al contribuyente, investigación, auditoría, recaudación, cobranza, iniciativas de cumplimiento cooperativo, etc.–. En este ámbito, el uso de soluciones tecnológicas avanzadas hace la diferencia. Para no fallar en el intento, es fundamental una adecuada planificación, donde las áreas críticas deben actuar de manera coordinada, inclusive, con actores que trascienden la frontera de la AT.

Un adecuado monitoreo de incentivos tributarios contribuye con el propósito planteado anteriormente. Según datos del CIAT, representan en promedio 4,6 puntos del PIB en AL (2012), siendo éste un número significativo. Asimismo, la adecuada aplicación de convenios para evitar la doble imposición constituye un desafío. Este último tema actualmente no es relevante para todos, aunque gradualmente los países de AL están ampliando sus redes.

El fortalecimiento de la infraestructura jurídica representa una asignatura pendiente para muchos países de AL. Actualmente, el planeamiento tributario es sofisticado, dejando una frontera muy delgada entre la elusión y la evasión. Resulta complejo para las AT aplicar normas generales y específicas anti-abuso. Complementariamente, es oportuno plantear estrategias para evitar litigios y prestar atención a la capacidad de los tribunales a cargo de asuntos tributarios.

Para afrontar estos retos, el compromiso político, el diálogo y la cooperación entre pares, el apoyo internacional, la inversión en recursos para la AT, y ante todo la transparencia tributaria, resultan imprescindibles. En este marco, el reciente convenio de colaboración firmado entre el CIAT y la FIIAPP para promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre las AT de la Unión Europea y de América Latina, así como entre las propias administraciones latinoamericanas en el marco del Programa EUROsociAL+, representa una oportunidad para las AT de AL.

[1] Marco Inclusivo BEPS

[2] Estándar sobre transparencia e intercambio de información

Isaac Gonzalo Arias es Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT