EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Tradicionalmente, Angola ha figurado entre los países más desiguales en la distribución de la renta a nivel mundial. A partir de 2002, con el fin del conflicto armado, el país ha logrado un evidente progreso económico, si bien aún hay margen de mejora en su nivel de desarrollo socioeconómico: Angola aún ocupa el puesto 150 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano (2016), la mortalidad infantil de niños menores de 5 años se sitúa en 157 de cada 1000 y apenas el 36 % de la población tiene acceso al agua potable.

Entre los indicadores sociales, destacan los relativos a la concentración de la renta y la pobreza; por ejemplo, la desigualdad en la distribución de la renta y sus probables resultados sobre la pobreza han sido objeto de diversos estudios en Angola, cuyas conclusiones destacan que la extrema desigualdad en la distribución de la renta provoca una dinámica socioeconómica propia que se asocia con la persistencia de la pobreza absoluta.

En los últimos años, se nota en el país una mayor preocupación por la desigualdad social y económica, comprendiendo así que hay una necesidad urgente de revertir esa situación a través de mecanismos de participación y control social, de políticas, programas, proyectos y acciones. Todo ello indica un movimiento de transformación positivo y cómo la reducción de la desigualdad forma parte de la agenda política.

En este sentido, la Política Nacional de los Agentes de Desarrollo Comunitario y Sanitario (PNADECOS) nació en 2015 a partir del objetivo del Gobierno de Angola de hacer llegar los servicios sociales y de salud a todas las familias, especialmente en las zonas más vulnerables y remotas. En la práctica, constituye un programa del Gobierno de Angola que aspira a estimular el desarrollo comunitario y sanitario en todo el territorio nacional, dando respuesta al compromiso del Ejecutivo angoleño con la expansión de los servicios socioeconómicos a todas las comunidades y la municipalización de los servicios públicos.

La realidad social de la población angoleña todavía hoy demuestra que gran parte de ésta no utiliza y no participa en el proceso general de desarrollo del país y contribuye a él (uso de los recursos y servicios públicos, falta de cuadros especializados, etc.).

Así, la mencionada PNADECOS está dirigida a la población angoleña más vulnerable en sentido amplio, teniendo en cuenta sus determinantes individuales, familiares y sociales. Incorpora la figura de los Agentes de Desarrollo Comunitario y Sanitario (ADECOS). Éstos son promotores de desarrollo que facilitan la interacción entre las comunidades y las instituciones públicas (municipales) o privadas que intervienen en las comunidades. Además, los ADECOS contribuyen al acceso de las comunidades a los servicios públicos y la búsqueda de soluciones a sus problemas locales.

La PNADECOS está siendo puesta en marcha en su etapa piloto por el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Administración del Territorio y Reforma del Estado (MAT). En el caso de éste, a través del Fondo de Apoyo Social (FAS), en colaboración con los gobiernos provinciales y las administraciones municipales.

El Fondo de Apoyo Social, en coordinación con otros programas de lucha contra la pobreza, contribuye desde hace casi 25 años como agencia gubernamental a la reducción de la pobreza en Angola y la promoción del desarrollo sostenible.

Tutelados por los ministerios señalados, y coordinados por el FAS, los ADECOS son elegidos por la comunidad, viven en ella, la apoyan para alcanzar sus metas de desarrollo social, cultural y económico, y contribuyen así al empoderamiento de la misma.

Desde el proyecto de Desarrollo Local se está contribuyendo a la fase piloto de la implementación de la PNADECOS. Éste, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP junto con el FAS, busca contribuir a la lucha contra la pobreza a través del desarrollo de los municipios de Angola, descentralizando la prestación de servicios públicos y con iniciativas que buscan contribuir a mejorar el acceso de la población angoleña que vive en las zonas rurales y aisladas a servicios sociales básicos. Así, el proyecto está alineado con los compromisos gubernamentales de mejora del acceso de los servicios sociales básicos a la población más vulnerable y la promoción de la cohesión social.

El proyecto y los ADECOS

La contribución del proyecto a la PNADECOS se ha traducido en, por un lado, el apoyo a las acciones de formación, equipamiento y remuneración de los propios ADECOS, para que puedan realizar su cometido; y por otro, en la asistencia técnica de la FIIAPP para asesorar a la Dirección General del FAS en su labor de coordinación nacional de la política, en particular, en la definición de flujos y procesos de trabajo e información entre los diversos actores e interlocutores que intervienen.

Los ADECOS promueven que las familias y los hogares dediquen atención al mantenimiento de la salud materno-infantil (salud de mujeres embarazadas, de niños recién nacidos y menores de cinco años), a la higiene y a la prevención de enfermedades. Con su intervención, contribuyen a promover el desarrollo rural, ambiental y sociocultural, así como al acceso a la educación. En definitiva, impulsan de forma holística las mejores prácticas en todos los determinantes del desarrollo local.

Las informaciones e indicadores producidos a través de la figura de los supervisores de los ADECOS son importantes para los gestores municipales en la toma de decisiones e interfieren positivamente para determinar el nivel de gasto en materia de bienestar sociofamiliar, por ejemplo, en la construcción y el equipamiento de unidades sanitarias o aulas en las escuelas o en la identificación de miembros del hogar que están al margen de la sociedad, sin registros civiles (documento de identidad o partidas de nacimiento). Asimismo, identifican las condiciones del hogar familiar (tipología de casas, condiciones sanitarias y de higiene, fuentes de energía y agua, medios de transporte y comunicación) y las dificultades para acceder a los servicios básicos de educación y salud, entre otros.

Los ADECOS en cifras

Desde 2015, se ha formado a 1.020 Agentes de Desarrollo Comunitario y Sanitario, distribuidos en 30 municipios, beneficiando a en torno a 68.500 familias (unas 342.550 personas). A finales de 2018 se espera llegar a otros 50 municipios, ampliando la cobertura a 2.371 ADECOS, que acompañarán a unas 135.100 familias o (675.500 personas).

Vagno Gomes, experto del proyecto en Formación y Asesoramiento sobre Desarrollo Comunitario y Sanitario

A principios de año, el Banco Mundial publicó su previsión de crecimiento económico mundial para 2018, una previsión que tenía un marcado protagonismo africano.  Con una estimación de crecimiento del 8,3%, Ghana lideraba un ranking copado por países subsaharianos en sus primeros puestos. Además de Ghana, Etiopía (2ª), Costa de Marfil (4ª) y Yibuti (5ª) estaban entre los cinco países con una mayor previsión de crecimiento. Este dato de la economía ghanesa no puede calificarse como una sorpresa. Con un crecimiento ininterrumpido de 34 años (la última recesión data de 1983, cuando su economía se contrajo un 4,5%), Ghana es uno de los países del África subsahariana con una economía más diversa y dinámica -la octava en términos de PIB, la segunda de África Occidental tras Nigeria- y cuenta con una balanza comercial bastante equilibrada, lo que le sitúa como un país de renta media-baja.

Desigualdad frente a macroeconomía

Sin embargo, estos datos macroeconómicos no pueden ocultar otros indicadores que no son tan esperanzadores. Aunque la población en situación de pobreza extrema se ha reducido a la mitad en los últimos 25 años, del 52% en 1992 al 24% en la actualidad, Ghana es uno de los 50 países más desiguales del mundo y, como señala Oxfam en sus últimos informes, en este país “la desigualdad está en aumento, socavando la reducción de la pobreza, frenando el crecimiento económico y amenazando la estabilidad social”. Según los datos de esta ONG, en Ghana el 10% de la población más rica consume casi un tercio de los recursos (32%), la misma cantidad que consume el 60% más pobre. Por el contrario, el 10% más pobre sólo accede al 2% de los recursos.

Esta problemática se agrava con dos brechas importantes. En primer lugar, la de género, que provoca que las mujeres tengan muy restringido el acceso a recursos y riqueza. Como señala Oxfam, este colectivo tiene “la mitad de probabilidad que los hombres de poseer tierras”. Además, “solo el 6% de las personas más ricas de Ghana son mujeres”. En segundo lugar, la territorial. El patrón de desarrollo de Ghana ha acentuado las divisiones norte/sur y campo/ciudad, con una pobreza fundamentalmente situada en ámbito rural (casi cuatro veces más de incidencia que en las zonas urbanas); y en las tres provincias del norte (Upper East, Upper West y Northern Region), que tienen indicadores de desarrollo similares a países como Mauritania, Madagascar o Benín, según datos del Informe de Desarrollo Humano de 2015.

Anticorrupción frente a desigualdad

Para que la acción gubernamental de los países afectados por la desigualdad pueda revertir la situación debe poner el énfasis en tres aspectos, como se señala en el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad: el gasto social, las políticas tributarias y los derechos laborales, y la corrupción es un fenómeno que impacta de forma negativa en estos tres aspectos. En primer lugar, al detraer recursos públicos, la corrupción afecta de manera importante a las políticas sociales, que cuentan con menos capacidad de gasto. En segundo lugar, al ser un circuito económico opaco no está gravado fiscalmente. Además, en muchas ocasiones la corrupción a gran escala y la evasión fiscal son fenómenos interconectados que involucran a las élites políticas y económicas. Sin olvidar que la percepción social de la corrupción es un gran desincentivador del cumplimiento de las obligaciones tributarias por la ciudadanía, que piensa que sus impuestos acaban en los bolsillos de los gobernantes. Finalmente, la corrupción estimula el empleo informal, sobre el que es más difícil adoptar regulaciones que promuevan el respeto de los derechos laborales y el establecimiento de salarios mínimos dignos.

En definitiva, como señalaba Transparencia Internacional en la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2016, “la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente creando un círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza”. Y en el caso de Ghana se produce ese círculo vicioso. La percepción de la corrupción en Ghana, medida por el citado índice, arroja un resultado medio-alto para Ghana, con 40 sobre 100. Este índice indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción del sector empresarial y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Pero hay un dato más alarmante, y es que el resultado de Ghana viene empeorando en los últimos años, de 48/100 en 2014 a 40/100 en 2017. Es bastante probable que este empeoramiento se deba en gran medida a la revelación en los últimos años de importantes casos corrupción que afectaban al sistema judicial o la federación de fútbol.

La evasión fiscal, que como señalábamos es una cuestión muy vinculada a la corrupción, también es un desafío importante para Ghana. De hecho, para el ministro de Desarrollo Empresarial ghanés es el mayor desafío al que se enfrenta el país. Por todo lo expuesto, la lucha contra la corrupción en Ghana supone una poderosa herramienta en favor de un desarrollo inclusivo, que vaya más allá del mero crecimiento macroeconómico y tenga en cuenta a los colectivos más desfavorecidos. Y ese es el objetivo del Programa de Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana (ARAP, por sus siglas en inglés), que gestiona la FIIAPP en Ghana con financiación de la Comisión Europea: reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas de este país africano. Este proyecto comienza en un momento en el que el gobierno de Ghana se ha involucrado intensamente en lucha contra la corrupción creando el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) dentro del cual se encuadra el proyecto.

Ángel González, técnico coordinador del proyecto de apoyo a la transparencia y anticorrupción en Ghana

El 30 de julio se celebra el día Mundial de lucha contra la trata. Como una apuesta en firme en la lucha contra este delito por parte de las autoridades políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha instaurado el 23 de septiembre como el Día Nacional de lucha contra la trata de personas en el país.  

Alineándose a este compromiso público, la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (SC-CONALTID), están llevando a cabo en Bolivia el proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

Para entender de forma correcta la enorme problemática que supone la trata de seres humanos debemos previamente conocer qué es. La definición de trata viene recogida en el Protocolo de Palermo de la siguiente forma “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta mercantilización del ser humano se ha convertido en el nuevo modelo de esclavitud del siglo XXI, generando enciclopédicos ingresos a las mafias organizadas que operan lucrándose a través de este delito. Se considera la trata de seres humanos como el segundo sector delictivo más lucrativo, por detrás del narcotráfico, cuyos ingresos se estiman entre 32 y 36 mil millones de dólares, según el informe sobre tráfico de personas de la ONU (2016). 

Algunos datos para dimensionar el problema a nivel mundial: aproximadamente 21 millones de personas son víctimas de este delito, de los cuales el 70% son mujeres y niñas (51% y 20% respectivamente), el 21% hombres y el 8% niños. Las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a este delito, por lo que las políticas públicas de lucha contra la trata demandan una estrategia de género rigurosa y efectiva. Las víctimas provienen de un total de 137 países, lo que nos da una certera imagen de la problemática global que supone este delito.  

Las principales causas que motivan la trata de seres humanos son, entre otras, la pobreza y las crecientes desigualdades; la proliferación de un modelo económico con un enfoque hacia la medición del valor en términos mercantilistas, alejado de una proyección más social; la creciente y continua escalada de conflictos bélicos; o la existencia de un aumento de los desplazamientos humanos. Todos estos factores han incrementado la vulnerabilidad de importantes grupos humanos cuyo riesgo a caer en redes delictivas ha aumentado exponencialmente.  

La trata de personas es considerada, por lo tanto, un delito que vulnera derechos como la libertad, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la vida misma de las personas, reduciéndolas en el imaginario a objetos pasibles de ser utilizados, explotados y/o comercializados. 

Bolivia: origen, tránsito y destino 

En Bolivia existen datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es el ente que lidera el Consejo Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de Bolivia. Esta institución coordina con todos los Ministerios, sociedad civil y Defensor del Pueblo la operatividad de la Política Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas. En el informe del año 2016 se notificaron un total de 829 casos, de los cuales más del 70% eran mujeres, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, una mirada exhaustiva a la realidad del país nos traslada una constante en este delito y es la falta de visibilidad del mismo. Se duda de que estos datos sean lo suficientemente realistas para describir la verdadera dimensión de este problema. Bolivia está considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata de seres humanos. Origen porque existen flujos de trata hacia Perú (principalmente por explotación sexual) y hacia Argentina (explotación laboral), entre otros, dentro de lo que conocemos como trata externa. Pero existe una realidad muy dura en relación a la trata interna, la que se produce dentro del país y en donde las víctimas son desplazadas internamente. Sectores productivos tradicionales como son la agricultura y minería ocultan una realidad de víctimas de trata por explotación sexual, comercial y explotación laboral. La trata por servidumbre costumbrista es una realidad de la cual el país todavía no ha conseguido visionar su verdadero impacto.  

Existe una lógica economicista perversa que describe el proceso de recuperación de la inversión, entendida la inversión como el capital dedicado a la captación, traslado y acogida de las víctimas. La finalidad de estos procesos es la explotación del ser humano, diferente de la del tráfico de armas o tráfico de drogas, donde el lucro termina en el momento de la transacción comercial (compra/venta). En el caso de la trata, la tasa de retorno es continuada, los servicios prestados en términos de prostitución, explotación laboral, servidumbre, etc. continúan de forma recurrente.  En la trata de seres humanos, las personas se convierten en mercancías objeto de explotación continua y recurrente.  

Continuando con esta lógica economicista, no hay que olvidar que las víctimas de trata no entran dentro de los canales oficiales del mercado laboral. Esto supone un grave perjuicio para ellas, ya que su trabajo no se encuentra amparado en beneficios sociales futuros, lo que supone además a las arcas públicas una falta de ingreso de esas actividades productivas. El problema de la trata no sólo es una total vulnerabilidad a los derechos humanos de las víctimas, sino que supone además un perjuicio de desarrollo económico a los países, afectando a su estructura de servicios sociales.  

Un proyecto para un problema transnacional

La estrategia de lucha contra este delito, a través del proyecto operado por la FIIAPP, se centra en los 3 pilares fundamentales: prevención, persecución y protección, que se conocen como las 3 P. Se ha puesto en marcha un programa muy ambicioso de formación a funcionarios públicos involucrados en la lucha contra este delito (policía, fiscales, magistrados, servicios sociales de atención a víctimas, sociedad civil, entre otros), marcando una estrategia en forma de embudo: desde la administración nacional hacia niveles departamentales y municipales, ya que mientras a un nivel nacional se establecen las políticas públicas, a un nivel municipal se está trabajando directamente con el personal que atiende a las víctimas.  

Se han llevado a cabo además viajes regionales e internacionales, con el objetivo de mejorar la coordinación regional e internacional en la lucha contra este delito, pues no hay que olvidar el carácter transnacional del mismo. Se están reforzando los Consejos Departamentales de lucha contra la trata y tráfico de personas, a través del apoyo en la formulación de los Planes Departamentales de lucha contra la trata. En coordinación estrecha con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se está elaborando un manual de investigación en trata que busca sistematizar y estandarizar los procesos investigativos con el fin de mejorar la capacidad de investigación de policías y fiscales y de, entre otras cosas, reducir el riesgo de revictimización de las víctimas.  

Desde la FIIAPP tenemos la firme convicción de que debemos seguir apoyando procesos de cambio a través del apoyo a políticas públicas y el alineamiento en el marco jurídico-normativo de los países con los que trabajamos. La lucha contra la trata y tráfico de personas va más allá de un compromiso institucional, siendo una obligación humana posicionarse en el lado de aquellas instituciones y personas que trabajan por las víctimas y su reinserción en la sociedad.  

Santiago Santos, coordinador del proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia 

El Fondo de Apoyo Social (FAS), institución angoleña con la que ha trabajado la FIIAPP en el proyecto de apoyo al desarrollo local, empezó hace casi 24 años a trabajar en la construcción de infraestructuras sociales y, por lo tanto, en el acceso a los servicios públicos en las comunidades más vulnerables o rurales de Angola. 

A partir de ahí, el proyecto financiado por la Unión Europea ha trabajado en tres componentes principales: la construcción de infraestructuras, el fomento de la economía local y el refuerzo de capacidades de las instituciones locales. Ahora se tiene además una visión más articulada de todas ellas, una depende de la otra y no se puede trabajar por libre, un mensaje que al final ha cuajado. 

De estos, el componente clave en torno al cual gira todo es este último, el de refuerzo de las administraciones municipales. ¿Qué hemos hecho? Hemos contribuido al aumento del número de municipios a los que el FAS ya había llegado, hasta alcanzar un total de 36. En 30 de ellos se empezaba de cero, con un proceso que comenzaba por un diagnóstico municipal, diferentes estudios, a los que le sigue una planificación. 

Hasta ese momento, los diagnósticos del municipio eran fotos fijas: el municipio tiene tantas cosas, el estado del sector de salud está así, etc. Otra de las cosas que yo creo que se ha potenciado con nuestro apoyo es que hemos mejorado la idea, que ya tenían, de crear un “perfil dinámico”, es decir, las cosas cambian de un día para otro.  

El logro final, en este refuerzo de capacidades municipales, ha consistido en la implantación de una plataforma web base, un sistema de información básica municipal que permite que cualquier persona tenga acceso desde cualquier punto del planeta. Y que, desde cualquier Ministerio, se pueda acceder a esa información actualizada del sector salud o el sector de asistencia social del municipio, para tomar decisiones al respecto. 

Un diagnóstico para crear oportunidades 

El fomento de la economía local perseguía, a través de estos diagnósticos municipales, identificar aquellos productos o sectores con mayor potencial en el municipio. A partir de ahí, se han hecho estudios de cadenas de valor de estos productos para identificar qué oportunidades de inversión existían para que la economía del municipio se desenvolviera. Normalmente, eran los productos que tienen más mano de obra o que reportan más visitas, existían varios criterios para determinar esto. 

Otra cosa que encaja dentro de este componente y que no estaba prevista, sino que ha surgido de la reflexión y de la influencia del Banco Mundial con sus programas de protección social, es que se ha trabajado la inclusión productiva que, en última instancia, pretende aumentar las rentas de las familias pobres. 

Se pretendía que aquellas personas excluidas del mercado y del sector económico productivo, y que tienen una actividad de subsistencia, tuvieran la oportunidad de desarrollar una actividad económica o de mejorar la que desarrollaban. Se empezó en diez municipios, identificando quienes eran población vulnerable y posibles beneficiarios, y se seleccionaron 1.400 personas. 

A los que no tenían actividad económica, se les ofrecía formación para después presentar un plan de aplicación práctica. A continuación, recibían un kit con el que empezar a trabajar. Para los que tenían su actividad ya en marcha, se hizo una formación en gestión de negocios, para aprender a controlar costes y beneficios y definir las lagunas que tenían en su actividad económica. Con ello, se hacía un plan de mejora del negocio y también se les proporcionaba un kit. 

Del total de los 1400 seleccionados, unos 1200 han recibido el kit, ya que algunos no terminaron su formación o no hicieron el proyecto de aplicación que se exigía. Este incluía el material que necesitaban para poner en marcha la actividad. Pueden ser un equipamiento físico, como una máquina de coser o un generador, o incluso unas señoras que hacen harina (reciben grano, lo transforman, lo entregan y se quedan con la cáscara que venden para el ganado) pidieron baldes, pero también grano para tener más fondo, para seguir trabajando. 

Una de las cosas importantes de esta parte del proyecto es que hay mucha diversidad porque hay muchas actividades diferentes, y se ha ajustado a la necesidad de cada una. 

Actualmente, se está haciendo un monitoreo de cómo ha cambiado la vida de estas personas y cuál es el grado de satisfacción. Un compañero ha estado visitando a varios de estos beneficiarios y ha podido ver si ese kit ha sido utilizado o no. Había un riesgo, y es que cuando te entregan un kit con todo nuevo, lo primero que puedes hacer es ir a venderlo.  

Con el cuestionario y la visita in situ, se hace una primera evaluación. Como se trataba de una fase piloto, ha habido bastantes lecciones aprendidas: desde que la formación no debería ser obligatoria, sino un elemento más del kit, o que algunas personas se colaban, aparecía gente no seleccionada.  

Lecciones aprendidas en Angola 

Un estudio de lecciones aprendidas puede servir mucho a otros proyectos de cooperación: cómo se constituye el equipo, cómo se establece en terreno, cómo se ejecuta, cómo se hace el monitoreo, la rendición de cuentas, etc. 

En algunos casos, también necesitamos poder beber de otros proyectos gestionados por la FIIAPP; es interesante saber cómo se han desarrollado y si tenemos puntos en común con ellos.  Esta me parece una lección aprendida para la Fundación: se podría pensar en una estrategia de gestión del conocimiento. 

Núria Garriga, experta en fortalecimiento institucional del proyecto

Pocos trabajos tienen un ritmo tan endiablado como el de periodista. Las urgencias del día a día raramente dejan huecos para la reflexión sobre la labor propia, para pensar despacio en las cosas en las que fallamos, también en las que salen bien, pero, sobre todo, en qué podemos hacer para mejorar. Por eso aprecio tanto mi trabajo como profesor en la Escuela de Periodismo UAM-El País, porque me obliga a reflexionar sobre todo ello. Y también por eso acepté, sin pensarlo dos veces, la invitación de la FIIAPP para impartir en La Paz (Bolivia), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del CONALTID, y con la financiación de la Unión Europea y la AECID, el Taller internacional de crónica periodística sobre prevención en el consumo de drogas y la trata y tráfico de personas, unos temas tan importantes y tan serios que merecen todavía mayor cuidado y autocrítica a la hora de abordarlos desde los medios de comunicación. 

En ese contexto, lo más lógico para mí era plantear desde el principio, de cinco días, una reflexión conjunta con los participantes, una veintena de profesionales de la prensa, la radio y la televisión bolivianas.  Precisamente, la heterogeneidad del grupo (no solo porque venían de medios distintos, sino también porque había algunos muy jóvenes, recién llegados al oficio, junto a curtidos periodistas con décadas de experiencia a sus espaldas) acabó aportando una enorme riqueza al taller. Pero también fue la primera dificultad, solventada, en todo caso, por el formato elegido: presentaciones breves, aliñadas con muchos ejemplos de textos de referencia, un trabajo sobre el que poner inmediatamente en práctica todas las ideas y las técnicas que se iban exponiendo, y mucha interacción, mucho diálogo.  

Esa tarea práctica consistía en escribir una crónica/reportaje en torno al consumo de drogas o la trata y el tráfico de personas, el cual nos sirvió para repasar todo el proceso periodístico, desde la elección del tema, su desarrollo, la documentación, el trabajo de campo, hasta la redacción y edición (en este caso, la corrección).  En ese camino pudimos profundizar en las técnicas de ficción que nos pueden servir para presentar nuestro trabajo de una forma más profunda y atractiva, sin perder nunca de vista las ideas fuerza de cualquier texto periodístico: la honestidad, el rigor, la comprobación de cada dato o la presentación del contexto necesario para entender realidades complejas. Y todo ello, buscando el inexcusable equilibrio entre la distancia profesional y la sensibilidad que requiere tratar temas sociales, en general, y de drogas y trata, en particular.  

Muchos de los problemas a los que los alumnos se fueron enfrentando en el camino son los mismos que nos podemos encontrar los profesionales españoles en nuestro día a día: cómo abordar a los personajes, cómo plantear la historia y hacerla atractiva, qué parte de la información obtenida con enorme esfuerzo debemos dejar fuera para que el resultado final sea mejor, etc.  Sin embargo, otros tenían que ver con particularidades bolivianas, con unas condiciones de trabajo y un entorno culturar propios; por ejemplo, el burocrático procedimiento escrito necesario para solicitar casi cualquier dato oficial. Las respuestas que todos juntos hemos dado a estos problemas, en el vértice de su experiencia y la mía, han resultado la parte más interesante del curso, al menos para mí, y creo que además tiene mucho que ver con la filosofía de trabajo de la FIIAPP en todos los países en los que está presente.    

Por lo demás, mi objetivo en este curso era ofrecer una serie de herramientas a los alumnos para poder contar de una manera un poco más atractiva, un poco más cercana, tanto las historias grandes, esos grandes despliegues por los que puede apostar un medio, como las historias pequeñas de todos los días, esas que hay que hacer a toda velocidad, pero que también merecen, aparte del irrenunciable rigor, todo el cuidado y el cariño que seamos capaces de darles. Sobre todo, cuando se abordan temas tan sensibles como los que tienen que ver con el consumo de drogas y la trata y tráfico de personas.  

Juan Antonio Aunión, redactor especializado en temas sociales y educativos de El País 

¿Estamos haciendo hermanamientos entre administraciones públicas, también conocidos en la Comisión Europea como Twinning, en América Latina?  

Formalmente no, pero tenemos una serie de proyectos, que podrían considerarse como piloto, que se asemejan mucho.  Desde luego, estos son una oportunidad para la Unión Europea en aras de transmitir sus valores e influencia, sobre todo en estos tiempos de turbulencias y griterío entre los grandes bloques.  

La negociación del nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 puede ser el momento para introducir este tema en la agenda de cooperación, en el que la FIIAPP sería un actor principal por su especialidad y experiencia. 

Esta herramienta, por su naturaleza técnica, puede ser muy útil como instrumento de desarrollo para los países de renta media de América Latina. Desde luego, este se debería adaptar a una realidad muy heterogéna a nivel subregional y encontrar condicionalidades positivas para participar en ellos. Veamos. 

¿Qué es un Twinning? 

Según la Comisión, el hermanamiento o Twinning es un mecanismo de la UE para la cooperación institucional entre las administraciones públicas de los Estados Miembros y de los países beneficiarios o socios, con el objetivo de lograr resultados vinculantes y concretos a través de las actividades entre pares. 

En los países en proceso de adhesión a la UE, como Serbia o Macedonia, los hermanamientos entre administraciones tienen el objetivo de proporcionar apoyo para la trasposición, implementación y aplicación de la legislación de la UE, el famoso acervo comunitario. Esto con el objetivo de que cuando sean miembros de pleno derecho de la UE puedan operar con normalidad siguiendo los estándares legales europeos en sectores como la administración de justicia, seguridad, transporte, consumo, salud pública o propiedad intelectual. 

Asimismo, desde el año 2004, los hermanamientos también se implementan con algunos de los socios estratégicos de la UE tales como Ucrania o Turquía. En este marco, el mecanismo tiene como objetivo mejorar las capacidades de la administración pública de estos países mediante la formación de su personal y el apoyo a la reorganización de su estructura. También respalda la aproximación de las leyes, los reglamentos y las normas de calidad nacionales a las de los Estados Miembros europeos, en el marco de los acuerdos de cooperación o asociación firmados con la UE. 

Una experiencia similar en Perú 

Pues bien, en Perú en los últimos cuatro años, a través del proyecto de lucha contra el crimen organizado, la FIIAPP ha realizado actividades semejantes a las de los hermanamientos, persiguiendo objetivos parecidos. A saber, el proyecto se ha articulado en componentes que corresponden a los resultados esperados y realizado una serie de actividades que incluyen talleres, sesiones de capacitación, misiones de expertos, visitas de estudio, pasantías y asesoramiento técnico especializado.  

Durante estos años se ha formado a más de 2600 funcionarios peruanos, realizado 109 cursos en 64 temáticas distintas, 34 asistencias técnicas y 13 pasantías en Europa. Para ello, se movilizaron más de 200 funcionarios y empleados de las administraciones públicas de los Estados Miembros, y se contó con un equipo en terreno responsable del proyecto. 

El hermanamiento se basa en aprender de forma ejecutiva y compartir las mejores prácticas, tal y como se ha hecho en Perú en materia de inteligencia, investigación o judicialización. Todo esto en aras de mejorar las capacidades del Estado Peruano para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. 

Por dar un ejemplo, después de 4 años de trabajo las autoridades peruanas están obteniendo cifras históricas en cuanto a intervenciones y desarticulación de  bandas organizadas dedicadas al tráfico de drogas y el crimen organizado internacional. Para colaborar con este logro de la administración pública peruana, el proyecto ha introducido nuevos enfoques de investigación basados en inteligencia e implementación de nuevas tecnologías. Esto se acompañó de cambios legales y un fomento del trabajo interinstitucional e internacional. No solo eso, el intercambio profesional y personal entre funcionarios está ahí para quedarse y facilitar intercambios de información y resolución de problemas entre Perú y la UE. 

Oportunidades y desafíos  

No olvidemos que la UE es el mayor socio comercial del Perú y tenemos importantes intereses comunes relacionados con sectores estratégicos como son las telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, pesca, agricultura y los recursos naturales. Por ello, la mejora del Estado de Derecho y la seguridad en el Perú es un desafío compartido con Europa. 

En este sentido, vale la pena reflexionar sobre la potencia de los mecanismos de condicionalidad positiva vinculada a la introducción efectiva de las reformas que se planteen en el marco de los proyectos o programas implementados por la UE. Ello inspirándonos en los hermanamientos que tan buenos resultados han y están dando. 

Solo un ejemplo, en el caso de Perú, el proyecto ha promovido el cambio legislativo para luchar de manera efectiva contra el lavado de activos, un auténtico problema en el país andino. Con este cambio, formalizado recientemente, se podrían mejorar indicadores clave que, en un momento dado, les abrirían las puertas a ingresar a la OCDE. Con su acceso, el Perú puede presentarse ante el mundo como una economía de mercado abierta, estable y con bases jurídicas claras y predecibles. Esto redundará en su capacidad negociadora posicionando al país a nivel regional e internacional. De hecho, en la actualidad, la Unión Europea está acompañando técnica y financieramente el ingreso del Perú en la OCDE. 

Otras condicionalidades positivas, muy necesarias en la región, pueden ser la mejora en el acceso a la salud pública universal y el aumento de la recaudación tributaria para hacer frente a los gastos del Estado. Los proyectos y programas de Twinning pueden ir vinculados a la reforma y obtención de resultados en esos sectores. 

Dada la disparidad regional y subregional en América Latina, el reto para la UE es escoger los países y sectores a tratar en los hermanamientos, así como ofrecer una cooperación técnica de altísima calidad para que sea atractiva a los Estados. De hecho, los programas regionales en América Latina, que en la actualidad cubren varios sectores, como EUROsociAL+, COPOLAD, EUROCLIMA+ o El PAcCTO pueden ser buenos instrumentos para acompañar a las Delegaciones de la UE en la selección de prioridades sectoriales de los hermanamientos en la región. 

No será fácil adaptar este instrumento y quizás se debería reinterpretar dada la  heterogeneidad de países de renta media. No obstante, vale la pena darle una oportunidad, aunque solo sea para reflexionar sobre ello a la hora de destinar los fondos del nuevo prespuesto de la Unión Europea. 

Gerard Muñoz, coordinador del proyecto de lucha contra el tráfico de drogas en Perú 

*La definición de hermanamiento ha sido extraída de la página web de la Comisión Europea