EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

El proyecto EU-ACT (Acción de la Unión Europea contra las Drogas y el Crimen Organizado), está financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y se desarrolla en cinco regiones que engloban lo que se ha llamado la “Ruta de la Heroína”, aunque en realidad habría que hablar de rutas. Ucrania es el país prioritario en la región del Este de Europa.

El objetivo del proyecto EU-ACT en Ucrania es impulsar una aproximación omnicomprensiva al problema de las drogas: apoyar el trabajo de las instituciones encargadas de reforzar la aplicación ley mientras se favorece el control de demanda. Por tanto, el ámbito de trabajo de EU-ACT abarca diferentes sectores de la Administración Pública ucraniana y de la sociedad civil.  Como ejemplo, basta citar los beneficiarios “registrados” ante el Gobierno de Ucrania: El Ministerio de Sanidad, El Observatorio de Drogas, El Servicio de control del Medicamento y las Drogas, El Servicio Fiscal del Estado, el Ministerio del Interior y dentro de este el Servicio de Fronteras y la Policía Nacional de Ucrania, la Oficina de la Fiscalía General, el Servicio de la Administración de Justicia de Ucrania, el Ministerio de Justicia, el Servicio de Prisiones y la Unidad de Inteligencia Financiera de Ucrania.

Este proyecto, tal y como se recoge en su DoA (Description of Action), tiene un enfoque innovador al establecer sus actividades de acuerdo con las necesidades manifestadas por sus beneficiarios. Tan es así que con ellos se acordaron las principales áreas de desarrollo del proyecto en Ucrania, que son las siguientes:

Por un lado, el Apoyo a la Estrategia Nacional de Drogas de Ucrania (2013-2020) y al Plan de Acción (2018-2020) que desarrolla dicha estrategia en el que el proyecto EU-ACT ha participado en la fase de elaboración destacando, entre otras actividades, el apoyo a la participación de la Delegación ucraniana en la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), tanto en el 61º periodo de sesiones (año 2018) como en el 62º (2019). Asimismo, se ha llevado a cabo un continuo asesoramiento y apoyo en todas aquellas iniciativas legales que tengan que ver con la política de drogas. En este sentido, caben destacar la regulación del empleo de Naloxona para evitar las muertes por sobredosis, la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades de drogas para autoconsumo, el desarrollo de las competencias del Observatorio de Drogas de Ucrania y el establecimiento de medidas alternativas a la prisión por delitos menores relacionados con el consumo de drogas.

Por otro lado, el proyecto también participa en la iniciativa y el desarrollo del Programa Nacional de Rehabilitación para presos con desórdenes mentales y de comportamiento por el consumo de sustancias psicoactivas. Esta actividad se desarrolla con el Servicio de prisiones de Ucrania.

Además, se ha promovido la creación de un Centro de Coordinación de Investigaciones de delitos relacionados con el tráfico de drogas entre distintas agencias policiales de Ucrania, un primer paso para implantar en Ucrania un modelo Inteligencia que permitirá a los responsables políticos tomar decisiones basadas en evidencias. Para ello, se ha elegido mejor práctica o modelo a seguir la del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado) del Ministerio del Interior español.

A iniciativa de la Fiscalía ucraniana y con el apoyo de la Oficina Regional de Ucrania, el proyecto EU-ACT lanzó en septiembre de 2018 en la ciudad de Odesa (Ucrania), la Red de Fiscales del Mar Negro que ya engloba fiscales de Moldavia, Rumania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Irán y de Ucrania.

El proyecto EU-ACT también apoya la integración de las administraciones ucranianas en instituciones de la Unión Europea, así como en otras organizaciones supranacionales. Entre ellas destaca la integración en el Observatorio Europeo de Drogas, Alcohol y Adicciones (EMCDAA) la Red Europea de Institutos Forenses (ENFSI) o la Iniciativa del Pacto de París (PPI).

En relación con la lucha contra el tráfico ilegal de sustancias psicoactivas se ha privado a los líderes de las organizaciones criminales de los beneficios obtenidos por su actividad delictiva ya que es el único modo de obtener un impacto relevante y prolongado contra esta actividad. La Oficina Regional de EU-ACT junto a la Unidad de Inteligencia de Ucrania y con todas las agencias encargadas de reforzar la aplicación de la ley de Ucrania está elaborando de una metodología adaptada al país para llevar a cabo investigaciones financieras paralelas a las tradicionales en este ámbito.

Uno de los objetivos de EU-ACT es reforzar la cooperación inter e intrarregional de los países en los que se desarrolla el proyecto y, en ese sentido, se está apoyando el trabajo de equipos conjuntos de investigación de policías y fiscales ucranianos con otros países, así como el intercambio de expertos entre países, tanto por el propio proyecto como en programa de CEPOL.

Finalmente, y siguiendo también el modelo español del Plan Nacional sobre Drogas, se está intentando crear en Ucrania un fondo especial de bienes confiscados en delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Marruecos tiene una larga trayectoria en la regulación del transporte de mercancías peligrosas por carretera. No en vano, es firmante desde el año 2001 del “Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera” (ADR) y diez años después, en 2011, se publicó la Ley 30/05 que regula el transporte de mercancías peligrosas en el país; ésta establece el marco de dicho transporte pero remite a la vía reglamentaria la aplicación efectiva del acuerdo internacional en el transporte local. Dando un paso más en este recorrido, actualmente, la FIIAPP gestiona, en colaboración con el Ministerio de Fomento, un proyecto de hermanamiento en Marruecos que, financiado por la Unión Europea apuesta por la seguridad en los transportes de mercancías peligrosas por carretera sobre la base del ADR.

Este proyecto aspira a mejorar la seguridad y a reforzar la estructura y las actividades ligadas al transporte de mercancías peligrosas por carretera y tiene como objetivo fundamental la elaboración de los textos reglamentarios mencionados en la ley 30/05.

La reglamentación necesaria para la aplicación del ADR en el transporte doméstico, adaptado a las características intrínsecas del país, ya ha sido desarrollada por los especialistas españoles participantes en este proyecto. La Administración marroquí, después de la redacción jurídica de dichos textos adaptados a la técnica legislativa marroquí, comenzará el procedimiento administrativo para la aprobación y publicación de todo el conjunto normativo que viene a regular no solo el transporte de mercancías peligrosas, sino también todos los campos que conciernen y que afecta a dicho transporte.

El transporte de mercancías peligrosas es poliédrico, de forma que son muchos los ministerios, sectores profesionales y organismos a los que atañe, de ahí la complejidad de este hermanamiento que, perteneciendo de hecho al Ministerio de Transportes marroquí, afecta y necesita de la colaboración y cooperación de otros ministerios y organismos de la administración marroquí. De ahí la complejidad, la dificultad y lo cautivador del proyecto: que concierne a una gran parte de la administración de un país, a muchos sectores profesionales, económicos y, lo más interesante, afecta a toda la ciudadanía, no olvidemos que el objetivo contundente, rotundo y firme es hacer más seguro el transporte de las mercancías peligrosas; mercancías que se transportan a diario y a todas horas, baste con mencionar el transporte de botellas de gas, que está muy expandido en este territorio.

Por todo ello, teniendo en cuenta lo avanzado en el proyecto y siendo conocedores de las dificultades que entrañan en todos los países las publicaciones legislativas, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que Marruecos está en el punto de partida de la aplicación del ADR en su territorio; ello va a suponer para este país, un valor añadido muy importante, y será el primer país de esta área en aplicar de forma integral este acuerdo. Ello ayudará a Marruecos a convertirse en el primer país del norte de África y de la facha Atlántica que aplique el ADR en su transporte interior adaptado, siempre, a las características intrínsecas de este territorio.

En la vía internacional, el proyecto ha facilitado la introducción de la administración marroquí en los grupos internacionales de Naciones Unidas dónde se discute, se aprueban y se debaten los pormenores de las reglas del ADR; así  Marruecos  tendrá la oportunidad de debatir, proponer, conocer la situación de este transporte en el resto de países firmantes del acuerdo ADR; además, con todo esto, Marruecos va a alcanzar un status importante  y privilegiado en su área regional, en particular, en lo referido a los países Norte de África y de la cuenca mediterránea.

De esta forma, tras la aplicación efectiva en Marruecos de los textos el país será el líder de este tipo de transporte de en su región. Todo ello ayudará a la consolidación económica, a la consolidación del sector del transporte por carretera y, principalmente, contribuirá a hacer un transporte más seguro, lo que repercutirá directamente en la ciudadanía de este país, en sus infraestructuras y en el medio ambiente. Una vez más, la cooperación habrá puesto a disposición de un país las herramientas necesarias para avanzar en el desarrollo económico y social y en la buena gobernanza.

En los últimos tiempos se ha producido un cambio en las agendas internacionales de desarrollo y también en las políticas públicas de distintos países hacia planteamientos cada vez más integrales y no tan incrementalistas como se venían viendo antes. Por mencionar un ejemplo, si el cambio climático es un tema global que afecta en diferentes ámbitos sectoriales y en múltiples territorios, ¿tendría sentido realizar esfuerzos en las ciudades para reducir emisiones en almendras centrales o en áreas restringidas? Puede que no tenga un impacto significativo en cuanto a reducción de emisiones, pero sí lo tiene en lo que respecta al cambio de modelo de desarrollo o de relacionamiento con la ciudad. No se trata de sumar esfuerzos ciudad a ciudad -esa suma no termina nunca- y alcanzar unas determinadas metas, sino de renovar el comportamiento de una generación a otra.  

En la agenda internacional esta tendencia se ha marcado en la aceptación por parte de la mayoría de los países de una serie de objetivos que moldean el desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como si los países estuvieran asumiendo de facto una renovación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, justo hace 70 años. Estos objetivos que se trazan ahora en torno a la pobreza, el hambre, la salud, el agua, la industria o el clima, entre otros temas, vienen a poner la mirada en una forma diferente de hacer las cosas. 

Un interesante ejemplo de esto lo constituye el trabajo de grupos de mujeres que en los años ochenta tuvieron que refugiarse en las zonas del sur de México huyendo de la guerra en Guatemala, y que posteriormente, en el retorno, lograron impulsar cambios sustanciales en las comunidades donde fueron reasentadas. Se trata de procesos que ocurrieron al margen de los grandes ejes del conflicto social y político que marcaban a las ciudades, los barrios y las áreas rurales, la lucha contrainsurgente o la violencia, pero que fueron capaces de articular un sentido de comunidad que más tarde sería esencial en el momento en que se instaura la democracia. Una vez que las mujeres consiguieron ser copropietarias de la tierra en las comunidades de retorno se produjo un cambio en las relaciones de poder, y si eso se acompaña con organización y liderazgo, como fue el caso, puede llevar a generar nuevos cambios en cuanto a la participación y representación política de las mujeres a nivel nacional. 

La nueva mirada que impulsan los ODS consiste en analizar los problemas desde una perspectiva más integral y promover cambios en las relaciones de poder, no solo porcentajes de avance sobre metas compartimentadas.  A esto debemos añadir lo que ya sabíamos, que tanto la sociedad civil como el ámbito local juegan un papel muy importante en la implementación de las políticas públicas. 

El discurso de ODS, al no ser incrementalista, tiene un potencial muy grande para ir articulando acciones que nacen en ámbitos locales y de la sociedad civil, y no solo para trazar líneas de acción en las cuales el Estado es el único protagonista. Es aquí cuando el impacto de las pequeñas acciones sustentadas localmente puede resultar muy positivo a nivel nacional e incluso global. 

La trata de seres humanos y el tráfico de personas, según diferentes informes, ocupa el tercer puesto de los negocios más lucrativos del mundo, después del tráfico de drogas y armas. Este negocio es global y por lo tanto la única manera de abordarlo eficazmente es mediante la coordinación de agentes multidisciplinares en los tres niveles de actuación: local, regional e internacional.  El tráfico de personas y la trata de seres humanos están conectados de manera intrínseca puesto que el tráfico se refiere al cruce ilegal de personas de un país a otro con el fin de lograr un beneficio económico o material, mientras que la trata se refiere a un tipo de delito que ocurre cuando se capta, se transporta, se traslada, se acoge o se recibe a una persona con el fin de explotarla.  

Millones de personas no solo son captadas mediante engaños y falsas promesas en sus países de origen, sino que arriesgan sus vidas para llegar a un destino donde les espera la explotación laboral o sexual. A todo esto, hay que unirle las elevadas sumas de dinero que pagan por un transporte sin ningún tipo de garantías a mafias expertas en crimen organizado que se lucran a base de su sufrimiento.  

El informe del índice de esclavitud mundial víctimas del tráfico y la trata calcula, a fecha de julio de 2018, que existen 40.3 millones de víctimas de trata actualmente en el mundo, de los cuales el 71% son mujeres y el 25% menores de 18 años. Las víctimas del tráfico de personas son hombres y mujeres, pero el perfil predominante de la víctima de trata es sin duda el de mujer y la causa de explotación es mayormente sexual.  

Actualmente, Nigeria es uno de los países origen de trata de seres humanos y tráfico de personas más importante del mundo, donde se centraliza la captación y el tráfico de miles de mujeres y niños de los países del Oeste de África para después hacer negocio con sus vidas principalmente en Europa. Concretamente el Estado de Edo, que según el informe de UNODC de 2016, calcula que 94% de las mujeres traficadas en Europa de origen nigeriano, provienen de este estado. 

No podemos obviar el alto número de desplazados internos que actualmente existen en Nigeria provocado por la guerra interna de Boko Haram. Sin duda, este número de hombres y mujeres expulsados de sus tierras cuentan con las condiciones ideales para los traficantes.   

Por lo tanto, las causas de este negocio son sumamente complejas debido a que van asociadas con factores estructuras difícilmente aplacables, como la pobreza o la guerra. Por este motivo la FIIAPP, con el proyecto ATIPSOM, sigue la estrategia adaptada no solo por la Unión Europea sino también por la Agencia Nacional para la Prohibición de la Trata de Personas de Nigeria (NAPTIP) que se basa en prevenir la trata mediante actividades de información y concienciación, para evitar que miles de mujeres sean captadas mediante engaños, en proteger a las víctimas de trata y tráfico que han regresado a Nigeria y en la persecución  de los tratantes y traficantes con el fin último de procesarles en base a la legislación vigente que penaliza este tipo de actuaciones. Para este último punto, la FIIAPP cuenta con la experiencia de la Policía Nacional Española en investigación y coordinación, lo cual es primordial para mejorar los resultados concernientes a la identificación, persecución y procesamiento de cientos de traficantes y tratantes entre los diferentes estados de Nigeria.  

Estos tres pilares están transversalizados por las siguientes actuaciones: fortalecimiento de la coordinación entre las agencias gubernamentales y la recogida de datos cuantitativos y cualitativos necesarios  para mejorar el  diseño de actuaciones y políticas públicas, fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades de los diferentes países, no solo en Nigeria, sino aquellos países de tránsito: Níger, Argelia y Libia y la coordinación entre autoridades y sociedad civil mediante la creación espacios de intercambio de información, experiencias y actuaciones.  

Todas las actuaciones cumplen con el enfoque de género puesto que, como se ha indicado, el negocio de la trata es principalmente el negocio basado en la deshumanización de la mujer como instrumento sexual.  

Sin duda este proyecto complementa la estrategia del gobierno de Nigeria, no solo para que las acciones sean viables y sostenibles sino para que la coordinación y la cooperación entre todos los países sean los pilares estructurales de una participación a largo plazo que pueda disminuir el número de mujeres y hombres que sean víctimas de la nueva forma de esclavitud en el siglo XXI. 

El lavado de activos es, en general, uno de los problemas más trascendentes para los Estados, a nivel social, económico y político. El tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y la corrupción son sus delitos precedentes abanderados.

A través de los tratados internacionales y acuerdos comerciales, se tratan de homogeneizar las legislaciones internas de los países, creando un nuevo marco que, sin duda, favorece los aspectos económicos y sociales; sin embargo, al mismo tiempo surgen organizaciones criminales que utilizan los vacíos que en ellos encuentran para aumentar el blanqueo de capitales.

En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, está desarrollando y favoreciendo numerosas acciones de colaboración y cooperación entre las distintas instituciones financieras del país, fortaleciendo los mecanismos de prevención en el delito de lavado de activos, elaborando informes de inteligencia financiera, reportando operaciones sospechosas y elevándolas a las autoridades judiciales, en caso de que aprecien indicios delictivos.

El esfuerzo institucional que están desarrollando se debe traducir, para los próximos años, en la mejora de los resultados, en relación a la obtención de un mayor número de sentencias condenatorias, así como en el aumento de los bienes y recursos económicos decomisados por blanqueo de capitales, que permitirán ser reutilizados para seguir fortaleciendo las estructuras en la prevención e interdicción sobre esta figura delictiva.

El proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, pone especial énfasis en la temática de blanqueo de capitales. Durante los dos años  de trabajo que llevamos, la temática se ha focalizado en fortalecer tres aspectos principales.

Por un lado, hemos buscado la capacitación de la Policía Boliviana, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, a través de cursos formativos en blanqueo de capitales, pérdida de dominio, análisis de inteligencia financiera y cibercrimen financiero; asimismo, planteamos futuros módulos de especialización en blanqueo de capitales para la Escuela de Jueces y Fiscales Bolivianos.

Además, nos hemos centrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y cooperación internacional a través del establecimiento de canales de colaboración, apoyo, asesoramiento y creación de espacios de entendimiento entre las instituciones que desarrollan funciones de prevención e investigación del blanqueo de capitales.

Y por último, hemos dado apoyo y asistencia para superar la cuarta ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en Bolivia en el segundo semestre de 2020.

No podemos olvidar que en las Recomendaciones del GAFI se encuentran los objetivos de fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

De la superación o no de esta Evaluación Mutua dependerá en gran medida que el Estado boliviano pueda seguir estando alejado de las famosas listas negras o grises, compuestas por los Estados que no cumplen y no se comprometen con el establecimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.

En este 2019, el proyecto seguirá activo y comprometido con todas aquellas acciones que fortalezcan las políticas públicas que se realicen en Bolivia para combatir el lavado de activos.

Hoy por hoy, la cooperación judicial internacional es una necesidad para todos los países. En concreto, si hablamos del sistema europeo, hemos pasado de una cooperación entre Estados a una cooperación entre jueces de los Estados, sin necesidad de pasar por un sistema de control centralizado de las autoridades administrativas. En ese sentido, por tanto, en Europa tenemos una experiencia muy desarrollada basada en un principio de integración.

Con el objetivo de desarrollar esta integración, desde EL PAcCTO -proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal– trabajamos para que se refuerce una cooperación judicial efectiva con América Latina. La región está llena de profesionales y, además, de profesionales de verdad, que trabajan en sus respectivos países y que son muy competentes. Sin embargo, las estructuras que tienen para trabajar en cooperación judicial internacional siguen siendo muy dependientes de la cooperación entre los Estados. Y nosotros, EL PAcCTO, podemos llegar hasta donde determine la voluntad de los Estados, puesto que se trata de un proyecto a demanda.

En cualquier caso, estamos haciendo una apuesta muy fuerte por facilitar los sistemas de cooperación, incrementando los actos de cooperación que puedan tener entre ellos; es decir, no se trata en absoluto de que ellos puedan prestar ayuda a jueces extranjeros o a fiscales extranjeros, sino de que tengan las mejores condiciones para solicitar ayuda hacia el exterior: abrir sus fronteras al mundo para poder recibir información e investigar los delitos que están sufriendo.

Estamos trabajando a través de varias líneas: por ejemplo, estamos facilitando una actualización de las leyes de cooperación internacional para que dispongan de las técnicas nuevas que inevitablemente van llegando. Lo cierto es que la delincuencia avanza tan rápido, el dinero se mueve tan rápido, los autores de los delitos cruzan tan velozmente las fronteras, que cualquier intento de seguir con un esquema basado en la cooperación entre los Estados, propio de mediados del siglo XX, conduce a pocos resultados.

La delincuencia organizada requiere estar muy al día y, para conseguirlo, coger el ritmo es muy importante. Por ello, estamos trabajando en la creación de equipos conjuntos de investigación y otras técnicas novedosas de cooperación entre los Estados; también en lo relativo al cibercrimen porque las formas de cooperación en esta materia, como los contactos instantáneos entre las autoridades policiales y fiscales de los Estados requieren, efectivamente, una puesta al día.

Asimismo, estamos estableciendo una línea de trabajo que está siendo aprovechada por distintas naciones para facilitar sistemas técnicos informáticos. De esta manera, los usuarios del sistema, y me refiero al fiscal o al policía que esté en la última esquina de la frontera de los Estados, podrá disponer de los mecanismos para, no solo tener la información, sino también la facilidad de preparar actos de cooperación con otro Estado. Todo esto de una manera sencilla, facilitando el trabajo de todos y, en definitiva, propiciando que exista una mayor cooperación internacional entre ellos.

En definitiva, EL PAcCTO no está basado en cursos de capacitación, ni en actualizaciones de conocimientos, sino que buscamos tener un efecto lo más práctico, lo más directo posible y, por lo tanto, aprender haciendo pero también y, sobre todo, mejorando las estructuras, los sistemas y las técnicas.