EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

En esta entrevista, Pepa Rubio nos cuenta cómo es su vida en Bogotá desde que comenzó su andadura como experta en gestión y género del proyecto de apoyo a AMERIPOL, centrado en fortalecer las capacidades de cooperación internacional de los cuerpos policiales que forman parte de AMERIPOL.

¿Cuánto tiempo llevas en Colombia? ¿Cómo ha sido tu adaptación al país? 

Llevo unos 5 meses en Bogotá a donde llegué para encargarme de la gestión del proyecto EL PAcCTO: apoyo a AMERIPOL cuyo objetivo es mejorar la cooperación de las autoridades policiales y judiciales de los países socios en su lucha contra el crimen transnacional.  El proyecto es apasionante y además estoy teniendo oportunidad de profundizar dentro del mismo en cuestiones de Violencia de Género y Tráfico de Personas, que considero cruciales y que presentan gran incidencia en la región.

En cuanto a mi traslado, me acompañan mi marido y mi hijo y al principio estaba algo inquieta por cómo sería la adaptación para toda la familia. Por suerte nos hemos adaptado rápido y bien. Afortunadamente no hemos padecido el mal de altura. Bogotá es una gran ciudad y nos gusta la vida aquí, pese a que hay que tomar ciertas cautelas en cuanto a seguridad.

¿Qué ha sido lo que más te ha costado y lo que menos? 

El tema del tráfico es la mayor pega que encuentro a la vida aquí, a según qué horas el “trancón” (atasco) es inevitable y es un poco desesperante. Lo que menos cuesta es el contacto con la gente, por suerte me he encontrado desde el principio con gente encantadora, el carácter colombiano es muy abierto y facilita la cercanía, ¡lo cual me encanta!

¿Es tu primera experiencia fuera de España? 

No es mi primera experiencia fuera. Antes de Bogotá estuve 3 años en China y otros 3 años en Vietnam trabajando con la cooperación española en temas de género y tráfico de personas. También viví un año en Alemania donde finalicé mis estudios universitarios. Sí es mi primera estancia de larga duración en Latinoamérica, y comparativamente, por los lazos culturales que nos unen con la región, considero que la adaptación es más sencilla.

¿Cómo es tu trabajo y tu día a día? ¿Es muy diferente a la rutina que llevabas en España? 

Trabajo en la sede de AMERIPOL en Bogotá, por lo que mis compañeros de oficina son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de varios países de la región, al principio me llamaba mucho la atención trabajar rodeada de uniformes y aún me cuesta recordar los rangos de todos. Aun con todo, mis compañeros en AMERIPOL me han recibido de brazos abiertos, a pesar de ser personal civil, por lo que les estoy muy agradecida.

En cuanto al trabajo de gestión, este no es muy diferente del que realizaba en sede, pero sí noto que al estar concentrada en un solo proyecto puedo dar un mejor seguimiento a la gestión y a los contenidos que cuando tenía varios proyectos a cargo. Por la naturaleza del proyecto nuestras actividades dependen en cierta medida del apoyo de altas instancias políticas y policiales y la realidad es que teniendo 8 países socios estamos en una continua dependencia de calendarios electorales, rotación de gobiernos, ministros o directores de policía y hemos de tratar que estos cambios no afecten (o lo hagan de forma mínima) a nuestra programación, aunque es difícil.

¿Cómo es tu relación con la sede de Madrid? ¿Y con tus compañeros en Bogotá? 

Mi relación con la sede es muy buena además de constante y necesaria. Tengo un contacto muy cercano con Irene Cara a nivel técnico y Álvaro Rodríguez para la gestión económica, ambos me ayudan y mejoran los resultados de mi trabajo. Irene ya se encargó del backstopping de la fase anterior del proyecto por lo que contar con su memoria histórica es una suerte.

A nivel de liderazgo tanto Ana Hernández como Mariano Guillen están muy involucrados en las actividades y su seguimiento, este compromiso es muy importante para el éxito de las actividades y su visibilidad de cara a las instituciones españolas.

También tengo contacto con el departamento jurídico, el departamento de TIC y con las compañeras de comunicación, a todos ellos les molesto de vez en cuando.

En cuanto a mis compañeros de Bogotá la oficina de proyecto la integramos Marcos Alvar, el jefe de proyecto, Nadia Kahuazango, la asistente de proyecto y yo misma. Marcos se encarga de la parte técnica y de las relaciones con los países socios, cada día es una oportunidad de aprender de su dilatada experiencia en cooperación policial, su coordinación es además muy horizontal lo que posibilita sumar visiones e insumos y conseguir resultados participados por todo el equipo. Nadia se encarga de la parte logística muy diligentemente y es una gran compañera.

¿Cómo valoras tu experiencia de trabajar como expatriado de la FIIAPP en Bogotá? 

Me considero una privilegiada por tener la oportunidad de aportar mi experiencia y energía a un proyecto tan interesante y relevante. Creo firmemente en la importancia de que AMERIPOL se consolide como mecanismo de cooperación hemisférica y el proyecto está contribuyendo enormemente a este proceso.

A nivel de las tareas a realizar creo que el hecho de haber trabajado antes en la sede de FIIAPP me da una visión muy completa del trabajo, el haber estado a ambos lados del telón me resulta muy útil, me ayuda a empatizar y entender las posiciones tanto de sede como de terreno.

Además, FIIAPP como organización es un diez, otra de las ventajas de trabajar en una organización de este nivel es que existen otros proyectos con temáticas y actividades análogas y los compañeros siempre están dispuestos a compartir experiencias y contribuir a una coordinación de los contenidos. Es un lujo tener a tantos buenos profesionales a un click o una llamada de distancia.

¿Alguna experiencia o anécdota que resaltar de tu llegada al país? 

En la primera reunión que mantuve en Colombia alguien preguntó qué queríamos tomar, todos los presentes pidieron “un tinto” y recuerdo que pensé: ¡si no son ni las nueve de la mañana, madre mía! Yo pedí un vaso de agua. Después trajeron cafés para todos y me di cuenta de que un tinto en Colombia es un café, y pensar que por poco pido una cerveza sin ganas solo para “integrarme”, ¡me hubiera muerto de vergüenza!

¿Qué importancia tiene la Cumbre Iberoamericana en la política internacional de los países participantes?

Esta es la reunión de más alto nivel político, pues reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países latinoamericanos, junto con España, Portugal y Andorra. De esta reunión, emana una declaración política a la que se le debe dar seguimiento en el periodo de dos años entre cada cumbre.

Cada año se reúnen los cancilleres de todos los países, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por los jefes de Estado y de Gobierno durante su respectivo encuentro en la Cumbre anterior y de igual forma se realizan reuniones periódicas a nivel ministerial. A nivel de gobiernos se van generando espacios de consensos sobre temas comunes que se consideran de relevancia. Tanto la Secretaría General, con sede en Madrid, como la Secretaría pro tempore, que ostenta el país anfitrión de cada Cumbre, se dedican a la coordinación y preparación de reuniones o foros iberoamericanos. También la sociedad civil es citada en varias ocasiones durante el año para alimentar documentos temáticos que les llegarán a las autoridades. Es decir, existe un esquema participativo de gobiernos y sociedad civil que da sustento a las Cumbres, y no menos importante, se genera un entramado de relaciones a nivel regional que fortalece el espacio iberoamericano en sus varios vectores temáticos.

La cumbre está dedicada al desarrollo sostenible, pero ¿Estará presente además el tema de género? ¿qué otros temas serán relevantes en la cita?

Desde el momento en que el lema de esta Cumbre se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y evidentemente a la pertinencia de la Agenda 2030 para la región, el componente de género estará muy presente. Es impensable discutir una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, sin considerar el componente de género. La cooperación iberoamericana así lo considera y por eso se percibe la dedicación al tema de forma transversal en todos los programas y compromisos iberoamericanos. Pero especialmente a los relacionados con la definición de nuevos modelos de gobernanza y cohesión social, la creación de alianzas mediante diálogos, la educación, por medio de los programas, iniciativas y proyectos que promueven la cultura, la innovación necesaria para transitar a nuevos modelos productivos a través de los espacios de conocimiento, y transversalmente en todas las áreas con el tema de género.

¿Qué papel juega la cooperación en el entramado de la Cumbre?

Juega un rol central, pues es la base para la constatación por los jefes de Gobierno de los 22 países de los trabajos realizados. En otras palabras, la cooperación iberoamericana es uno de los pilares que sostiene el sistema de cumbres iberoamericanas, motivo central de la realización de encuentros y foros de la región.

Además, cabe destacar que el modelo de cooperación iberoamericano es singular: posee un enfoque integrador y su diseño contempla horizontalidad en la relación entre Estados. Los programas iberoamericanos de cooperación son de participación voluntaria y en ellos, cada país evalúa sus prioridades nacionales en el momento de decidir ser una parte más.

Si bien la cooperación es técnica, articula una cooperación financiera sobre principios basados en la solidaridad entre los países; los programas son el resultado de un diálogo político previo. Asimismo, se enmarca dentro del Manual de la Cooperación Iberoamericana que periódicamente ha venido actualizándose.

Las áreas de cooperación iberoamericana cubren la cohesión social, la educación, la innovación y el conocimiento y la cultura y, como ya mencioné, insertados en espacios iberoamericanos. Sus instrumentos se delinean en programas, iniciativas y proyectos adjuntos.

¿Crees que en la Cumbre se plantearán soluciones prácticas a las propuestas que promueve la Agenda 2030?

Iberoamérica viene trabajando y respondiendo a los desafíos que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de pasos y procedimientos en cada uno de los países y a través de decisiones soberanas y cumpliendo una agenda política internacional intensamente activa. Por supuesto que la necesidad de enfocar un nuevo desarrollo sostenible deberá contar con una perspectiva regional, pero más bien es necesario un enfoque a modo global. La mayor parte de los problemas por resolver a través de cada uno de los ODS están intrínsicamente relacionados con acciones e interrelaciones entre los países de la región. Y, asimismo, la forma de encararlos y buscar su logro depende también del compartir experiencias exitosas, rasgo que los países iberoamericanos tienen incorporado a través del sistema de cooperación iberoamericana.

Los ejes centrales de los ODS incluyen la igualdad y el cuidado del ambiente, toman en cuenta el derecho al empleo productivo y decente de las personas, la transparencia en la gobernanza y una clara relación del Estado con la ciudadanía; todos estos temas serán y vienen siendo tratados en las cumbres iberoamericanas y en las reuniones y foros propiciados en su seno.

¿De qué manera está vinculada la FIIAPP con esta cumbre?

La FIIAPP está íntimamente ligada al proceso de las Cumbres iberoamericanas y da seguimiento a sus avances tanto en el diálogo político como en la madurez de sus programas de cooperación regional, triangular y Sur-Sur. Nuestra concentración en la mejora de las políticas públicas y de unas mejores administraciones con los países en los que trabajamos, hacen que compartamos muchos de los objetivos de las cumbres; América Latina es, además, una región priorizada para la acción de FIIAPP.

Por otra parte, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, presidente de la Comisión Permanente del Patronato de FIIAPP, participa activamente representando a la cooperación española en todo el proceso de la conferencia iberoamericana y en particular en esta próxima, la Cumbre de Antigua, Guatemala.

¿Cómo está considerada la hoja de coca en Bolivia?

La producción y el consumo de hoja de coca están muy arraigados en la sociedad y en sus costumbres. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene reconocidas 20000Ha de cultivo de hoja de coca en dos áreas principales: la zona de Las Yungas, en el departamento de La Paz y la zona del Chapare, en el trópico de Cochabamba. El productor está registrado y tiene derecho al cultivo de un “cato” de coca (1600m²). Después, la hoja de coca pasaría a una cooperativa y de ahí al mercado legal, bien para consumo propio, lo que allí llaman “picheo”, es decir, las bolas de hoja de coca que se introducen en la boca y de las que se aspira el jugo, o bien para el mate de coca, caramelos u otros productos. Todo lo que se salga de esas zonas está considerado como cultivo ilegal. Por ello, el Gobierno también tiene que gestionar la erradicación de la hoja de coca en aquellos puntos donde no está habilitado el cultivo.

¿Cómo pasa a ser ilegal?

Lógicamente, no toda la producción pasa al mercado legal, hay una parte que pasa a unos circuitos paralelos y con ella se fabrica la pasta base. Esta surge fruto de la inclusión de otros elementos en la coca y con esta pasta base, posteriormente, se produce lo que es el clorhidrato de cocaína.

Además, hay que tener en cuenta que Bolivia no es solo país productor, es un país también de tránsito, pues a Bolivia le llega la pasta del Perú; país igualmente productor que cuenta con unas 45000Ha de cultivo de coca.

Entonces, ¿cuál es el perfil del productor de hoja de coca en Bolivia?

Es, puramente, un perfil de agricultor, que con un “cato” de hoja de coca gana una cantidad económica básica para vivir durante el año de manera humilde. Esa es la realidad y lo que yo percibo. ¿Posteriormente esa hoja de coca pueda derivar en una transformación o pueda ir a un mercado ilícito? Puede ser que vaya, pero el productor por excelencia no tiene ese perfil de traficante.

El productor produce para su economía básica de subsistencia, para vivir decentemente junto a su familia, pero la figura del productor es diferente a la del traficante. Quizá sería el eslabón más pequeño, el más bajo de la cadena, en caso de que ese productor lo estuviera haciendo de forma ilícita.

¿Con qué medios cuenta Bolivia para evitar el tráfico ilícito?

El Gobierno tiene en la policía boliviana y particularmente en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, un aliado esencial para combatir este tráfico ilícito de drogas. Son unidades especializadas que están repartidas en todos los puntos de la geografía boliviana y que tratan de impedir que ese tráfico de drogas se recrudezca.

¿Cuál es el papel del proyecto en todo este entramado?

El proyecto trata de apoyar y fortalecer áreas e instituciones relacionadas con el tráfico de drogas, reforzando ámbitos de capacitación a través de asesorías técnicas (legales, de protocolo, manuales), asistencias en las que contamos con expertos de corto plazo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil así como también expertos franceses; estos ayudan, en áreas muy especializadas, a fortalecer aquellos aspectos donde ellos consideran que es necesario. En concreto, se abordan cinco temáticas: investigación criminal, inteligencia, fronteras y aeropuertos y delitos conexos (blanqueo de capitales y la trata y tráfico de personas).

¿Cuáles son las perspectivas?

El proyecto está consolidado y asentado; de hecho, son las propias instituciones las que acuden a él para que sean fortalecidas en las áreas que consideran más debilitadas. Durante este año, estamos trabajando en todas las áreas para consolidarlas, afianzarlas fuertemente y que el próximo año sea el definitivo en la implementación.

Además, esperamos que, lógicamente, cuando termine esta primera parte del proyecto pueda haber, porque sería muy interesante, una segunda parte donde podamos seguir fortaleciendo aquellas áreas y seguir avanzando y mejorando todas las instituciones bolivianas.

¿Qué se está evaluando?

Janet López: En Uruguay, estamos evaluando el Plan Cuenca Casavalle, que constituye una política integral y una demanda fuertemente ligada con políticas de inclusión social. Es un proyecto liderado por la Intendencia de Montevideo y que ha tenido una implicación de varios ministerios, en el que cada uno se ha sumado en distintas políticas.

Una política integral consiste en el abordaje desde distintos actores, desde nuestro Ministerio de Desarrollo Social a la Intendencia de Montevideo: en aspectos de infraestructura, los sectores de la vivienda, el desarrollo integral en el deporte y la cultura como parte fundamental para el desarrollo de una sociedad. Esas diferentes líneas son las que hacen de esta una política integral.

Ahora estamos haciendo un levantamiento de nuevos datos para comprobar cómo ha sido el avance de esta intervención política.

Teodora Recalde: En Paraguay, estamos comprometidos con los procesos para elaborar presupuesto por resultados. En 2011, introdujimos tres herramientas: indicadores de desempeño, evaluaciones de programas públicos y un balance de gestión. Fuertemente trabajamos en lo que es la evaluación en las instituciones y empezamos a evaluar los diseños y la gestión de los distintos programas, tales como los programas agrícolas, las penitenciarías, los programas de salud y otras instituciones que tienen sus programas específicos.

¿Por qué era necesario evaluar? ¿Cuál es el objetivo?

J.L: La evaluación es parte de una estrategia a largo plazo. Nosotros trabajamos en todo el ciclo de la gestión pública: planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación. Evaluación fue la última etapa que integramos.

La unidad que dirijo se formó hace diez años, ya que poco antes de eso de la evaluación ni siquiera se hablaba. En los inicios, comenzamos con capacitaciones internas para darnos la formación necesaria para actualmente estar participando en procesos de evaluación de política pública.

El objetivo fundamental es la mejora de la gestión. No se trata de una evaluación de carácter punitivo, hay que dejar eso claro. Lo importante es que aporte realmente a la mejora de la gestión pública y, en definitiva, al uso de los recursos públicos.

T.R: El objetivo de la evaluación, desde la mirada presupuestaria y desde el Ministerio de Hacienda es diseñar programas que lleguen a la ciudadanía, y ayudar a que los mismos se gestionen de manera eficiente, enfocándose en la calidad del gasto.

La evaluación ayuda además a generar información que facilite la toma de decisiones y que permita conocer como los programas están siendo ejecutados a través del presupuesto, mirando hacia dónde va la inversión.

¿Qué ofrece EVALÚA como proyecto?

J.L.: La evaluación del Plan Casavalle no es el primer proyecto en el que trabajamos con EVALÚA. Venimos haciéndolo desde hace ya cuatro años y yo creo que EVALÚA aporta el expertise técnico que va desde el apoyo en la revisión de todos los términos de referencia, hasta el apoyo que la FIIAPP desde su administración nos está brindando. A su vez, también suma valor el intercambio que posibilita el Grupo EVALÚA desde la retroalimentación que nos ofrece los otros países de América Latina que están involucrados en el proyecto. El intercambio de las distintas miradas y el aporte que todos tenemos suma valor.

T.R.: El proyecto EVALÚA es para nosotros un punto principal, porque ha propiciado el aprendizaje sobre la existencia de ventajas comparativas en la complementariedad entre países. Con este Grupo hemos logrado crear un nuevo esquema de trabajo estimulando la relación entre los profesionales de distintas dependencias: ya sea el área de planificación, el área de finanzas como la nuestra y un aporte instrumental y metodológico en materia de evaluación.

¿Cómo es el trabajo con EVALÚA?

J.L.: Para explicar cómo es el trabajo con EVALÚA podría poner ejemplos de muchas actividades, podría destacar los intercambios y la formación de una agenda común de trabajo; la revisión de algunas evaluaciones que se han realizado en algún país y el expertise de los distintos técnicos que agrega también valor. Eso por un lado y, nosotros en particular, estamos trabajando en un plan de desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación que, entendemos, es parte de lo que hace tener un lenguaje común a nivel nacional y a nivel internacional con los países que están involucrados.

T.R.: El trabajo con el Grupo EVALUA es armónico y enriquecedor, debido a que a través del intercambio de experiencias y el aprendizaje de primera mano, hemos logrado cambios interesantes en nuestro trabajo. Como ejemplo se puede citar que existen evaluaciones que ya se hicieron con otros países. Específicamente con Costa Rica hemos trabajado en los términos de referencia para poder arrancar con una evaluación y adoptar esos modelos de evaluación dentro de nuestro propio país, ya que nosotros estamos iniciando ese proceso.

¿Cuáles son los beneficios para la ciudadanía?

J.L.: Se produce un beneficio directo porque lo que queremos es evaluar cómo han repercutido las distintas políticas en el territorio. Se va a trabajar también mediante talleres consultivos con organizaciones civiles y eso va a dar también un resultado, una retroalimentación para poder ver dónde hay que mejorar o dónde poner el foco.

T.R.: La ciudadanía se vería beneficiada por el impacto en la medida en que estos programas estén bien diseñados y los servicios sean bien entregados, entonces es cuando la política incide directamente en la ciudadanía.

La evaluación desde lo financiero/presupuestario, centra el debate  sobre dónde ajustamos los recursos. Uno nunca sabe de dónde recortar, y para entonces se necesita una evaluación. A medida que uno va evaluando, sabe dónde invertir. Porque si se invierte bien, el presupuesto se optimiza y este llega mejor a la ciudadanía.

¿Qué es EUROCLIMA+? 

EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea que ofrece una amplia gama de servicios especializados orientados a apoyar la implementación de los compromisos del Acuerdo de París en el ámbito de la gobernanza climática, así como la financiación y la asistencia técnica para la ejecución de proyectos con los países latinoamericanos.

La implementación de estos proyectos se realiza mediante el trabajo sinérgico de agencias de cooperación de países miembros de la Unión Europea, junto con dos agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).  

 ¿Cuáles son los objetivos del programa? 

El programa busca promover el desarrollo ambientalmente sostenible en 18 países de América Latina, en particular, para el beneficio de las poblaciones más vulnerables. Además, apoya a los países en la implementación de los compromisos establecidos mediante el Acuerdo de París sobre cambio climático. 

¿Qué hace cada una de las agencias que gestionan el programa?

El espectro de temas cubiertos por EUROCLIMA+ incluye las principales áreas de desarrollo que forman parte de la agenda del cambio climático. Estos temas son impulsados gracias a la vasta experiencia de las agencias implementadoras del programa, seleccionadas sobre la base de su experiencia en el campo del cambio climático, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en América Latina.

Una o varias agencias se ocupan de cada uno de los componentes del programa. Así pues, la FIIAPP trabaja la Gobernanza Climática con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ONU Ambiente y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). La agencia alemana se ocupa también del componente de Bosques, biodiversidad y ecosistemas, eficiencia energética, junto a Expertise France, de Producción resiliente de alimentos, también con la institución francesa, y de Movilidad urbana, con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Esta última trabaja además con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en los componentes de Eficiencia energética, Gestión del agua desde una perspectiva urbana y Gestión del riesgo de desastres. 

¿Qué aporta el trabajo conjunto de todas estas instituciones? 

El trabajo conjunto de las diferentes agencias implementadoras aporta una amplia y complementaria experiencia en materia de cambio climático y desarrollo sostenible. Asimismo, promueve el intercambio entre Europa y América Latina, acortado distancias y promoviendo sinergias. 
 

¿Y el trabajo de la FIIAPP en concreto? 

La FIIAPP lidera la implementación del componente de Gobernanza Climática, acompañando a los países en el diseño, actualización o implementación de políticas climáticas. Esto contribuirá a que los países de América Latina lleguen a 2020 con una legislación actualizada y planes adaptados a sus realidades.  

Concretamente, la Fundación facilita el diálogo de políticas climáticas y presta apoyo técnico y financiero para el desarrollo y la puesta en marcha de políticas, planes, medidas y herramientas de adaptación y mitigación al cambio climático en América Latina. Trabaja mediante apoyo directo a los distintos gobiernos de los países, con acciones orientadas a sus demandas estratégicas y directas diseñadas conjuntamente con las instituciones latinoamericanas en el marco del programa EUROCLIMA+. 

De acuerdo con los temas de mayor interés en la región y teniendo en cuenta el contexto y los principales retos para enfrentar el cambio climático, las líneas de acción del componente son serían la implementación de las NDCs, servicios climáticos, financiamiento climático, Educación, comunicación y participación, y género. 

Las herramientas clave, al servicio de los 18 países latinoamericanos participantes, son la colaboración entre instituciones, la búsqueda de sinergias, el aprendizaje conjunto y el intercambio de información y de mejores prácticas. Para ello, el componente horizontal pone a disposición la experiencia tanto europea como latinoamericana en la materia. Además, fortalece las capacidades del personal de las Administración Pública, así como de otras personas involucradas, incluyendo a la sociedad civil.  
 

¿Cuáles son los retos de EUROCLIMA+? 

EUROCLIMA+ trabaja en un entorno innovador, intersectorial y de múltiples partes interesadas. Las iniciativas se identifican y planifican a través de mecanismos participativos. Fomenta el diálogo y el intercambio regional, asegurando que los países de América Latina compartan las mejores prácticas y lecciones aprendidas.  

El programa brinda servicios a los gobiernos de América Latina en función de sus necesidades, buscando promover el diálogo político, la gestión del conocimiento, el desarrollo de capacidades, la educación y la conciencia sobre el cambio climático. EUROCLIMA+ es impulsado por la demanda. Reúne experiencias de Europa y América Latina, así como la experiencia de los organismos especializados de las Naciones Unidas, apoya la cooperación Sur-Sur y los procesos de aprendizaje conjunto. 

Ante este escenario, uno de los principales retos del Programa es justamente el trabajo sinérgico con 18 países de América Latina, región en la cual se comparten muchas fortalezas y necesidades, pero que al mismo tiempo presentan sendas diferencias, marcadas por su historia, cultura, política e interacción entre las mismas naciones. 

¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.