Poco antes del amanecer, María cruzó el río Paraná  en una barcaza. No tenía los permisos migratorios para llegar a su destino, pero sí la esperanza de una vida mejor. La triple frontera que conecta Brasil, Argentina y Paraguay a lo largo de más de 1.000 kilómetros resulta fácilmente permeable. Con la promesa de un trabajo como empleada del hogar, arribó a la provincia argentina de Misiones. Al llegar, sus supuestos empleadores le arrebataron la cédula de identidad y le mostraron su nuevo lugar de trabajo, un prostíbulo que funcionaba de manera ilegal en un rancho. A partir de ese momento, María vivió obligada a ejercer la prostitución en una pequeña habitación, subsistiendo con lo mínimo que le daban sus captores.  Se había convertido una de las más de 2,5 millones víctimas de trata que existen en el mundo, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).

Decidió escapar, pero no llegó muy lejos. Fue encontrada por un policía local que, lejos de ayudarla, la devolvió al prostíbulo. Este caso real es un ejemplo de cómo la corrupción de funcionarios públicos actúa como facilitadora o connivente de la trata de personas, un fenómeno criminal que afecta especialmente a mujeres y niñas, por lo general para fines de explotación sexual. Lo subraya Sergio Leonardo Rodríguez, responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público de Argentina: “Una red de trata, sobre todo con fines de explotación sexual, no puede prosperar sin corrupción. Es imposible. Siempre se necesita del componente del agente público para facilitar estas tareas y los agentes encargados de las investigaciones deben internalizarlo. Por eso es muy importante que los casos se investiguen desde el inicio con esta doble visión: desde la corrupción y la trata».

La corrupción de los agentes públicos se manifiesta en aspectos como los cobros periódicos de dinero y/o la posibilidad de recibir favores sexuales. En contrapartida, los agentes omiten sus deberes de inspección, vigilancia, o actúan facilitando la expedición de documentos o permisos de forma indebida, obstaculizan la acción de la justicia dando información de operativos y ofrecen protección a los delincuentes, entre otros comportamientos ilegales. Estas conductas desviadas pueden darse en los cuerpos policiales, en agentes de aduanas, agentes de salud, médicos, jueces, fiscales, autoridades municipales, entre otros, a lo largo de la cadena criminal de la trata de personas. En algunos casos reflejan la existencia de pequeña corrupción, pero en otras son comportamientos parte de un fenómeno de carácter sistémico. En otros escenarios, el poder permite a los funcionarios controlar y ser dueños de la propia actividad criminal.

Con el objetivo de combatir esta lacra, el área de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+ y el Ministerio Público Fiscal de Argentina organizaron en octubre en Buenos Aires el Primer Taller Internacional sobre Corrupción y Trata de Personas. En la actividad, realizada en el marco del Primer Plan de trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), participaron representantes de las áreas de trata y corrupción de Brasil, Paraguay y Argentina, país este último que también aportó personal de la Defensoría General de la Nación, la Oficina Nacional Anticorrupción, la Unidad de Protección de Víctimas del Ministerio de Justicia, la Universidad de Buenos Aires y las ONG Mujeres en Igualdad y Poder Ciudadano.

 ‘Los rescates que hemos tenido eran
de mujeres y niñas procedentes de
hogares  sumamente vulnerables’.

Durante la actividad se analizaron la corrupción y los riesgos de corrupción que están presentes en la trata de personas, así como diversas problemáticas relacionadas con la falta de identificación y persecución temprana de este tipo de prácticas, la desconfianza en el Estado o el miedo a denunciar provocado por la percepción de que las autoridades locales están involucradas con las organizaciones criminales.

También se analizó en el taller cómo la vulnerabilidad extrema de mujeres y niñas es aprovechada por los delincuentes que explotan esta economía criminal. Así lo relata la Fiscal de Juicio de Posadas (Misiones), Vivian Barbosa: “Los rescates que hemos tenido eran de mujeres y niñas procedentes de hogares sumamente vulnerables. En ocasiones, no podrían definirse ni como hogares, ya que los propios progenitores habían sido los que las entregaban para que ejercieran este tipo de trabajo. Por eso, muchas veces no se sienten víctimas, es más, consideraban que en esos lugares están mejor. Proceden de lugares sin agua potable, con piso de tierra. Entonces, cuando alguien les ofrece una habitación con baño, comida y, eventualmente, la posibilidad de mandar dinero a sus familias, lo ven como una mejoría y aceptan esa condición, no se sienten víctimas. Muchas veces tuve, al momento del rescate, la sensación de que mujeres liberadas estaban enojadas por sacarlas de la prostitución”.

Del encuentro surgieron una serie de propuestas estratégicas en relación con la articulación institucional e interinstitucional, la vinculación temprana de la investigación anticorrupción en los casos de trata de personas que lo requieran, el fortalecimiento de la capacidad de análisis y el refuerzo de los mecanismos de denuncia anónima y protección. Igualmente, se reseñó la importancia de prevenir estas manifestaciones de corrupción y visibilizar sus riesgos.

Volviendo al caso con el que arrancaban estas líneas, María tuvo finalmente mejor suerte. Dos compañeras paraguayas consiguieron huir del rancho y el autobús en el que viajaban fue interceptado en un control policial fronterizo. Denunciaron el caso y lograron la liberación de María y otras cuatro mujeres de nacionalidad argentina que seguían cautivas, dos de ellas menores de edad. Los dos proxenetas, un hombre y una mujer, fueron condenados a 15 años de cárcel. De los agentes corruptos que facilitaron esta actividad criminal no se llegó a saber nada.

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática en la FIIAPP, EUROsociAL +

Ana Linda Solano, experta de EUROsociAL+ en corrupción y género

Las opiniones vertidas en este blog son exclusiva responsabilidad de la persona que las emite.