Este año 2016 se cumple la fecha redonda de 5 años desde el inicio de este movimiento social y político que, desde la empobrecida ciudad de Sidi Bouzid, en Túnez, se expandió por todo el mundo arabo-musulmán y del que aún hoy siguen palpitando muchas de sus consecuencias. En este marco de efeméride más o menos relevante, son muchos los análisis que se han hecho, la mayoría pesimistas debido a la situación caótica que sufre el Medio Oriente azotada por la guerra civil siria, el ascenso del DAESH, la inestabilidad en Libia, la consolidación de los partidos islamistas moderados en algunos de los países, y el retroceso de los derechos y garantías en otros. Esta entrada no pretende profundizar ni participar en esos análisis de carácter geoestratégico, de relaciones internacionales o de ciencia política, que han hecho especialistas de estos y otros sectores. Bien al contrario, me conformo con trasladar mi experiencia de estos años como trabajador en el ámbito de la cooperación con FIIAPP.

Tras pasar 28 meses en Túnez colaborando en la implementación de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito de la inclusión educativa y laboral, a partir de mayo de 2014 me impliqué con mucha ilusión en la gestión de un nuevo proyecto de hermanamiento con el reino de Marruecos.

Me fui de Túnez tras haber vivido con intensidad toda la transición política y el periodo constituyente. Llegué a la vez que se conocían los resultados de las elecciones constituyentes y me fui a las pocas semanas de aprobarse la nueva Constitución en un ambiente festivo y de gran distensión, en lo que se preveía un proceso político consensuado, dinámico y modernizador.

En el caso del nuevo proyecto se trata, del refuerzo institucional y técnico de una de las nuevas instituciones formadas del proceso de reforma constitucional de 2011. Con la creación de la Delegación Interministerial de Derechos Humanos, Marruecos daba cumplimiento a una de las recomendaciones de Naciones Unidas: establecer mecanismos gubernamentales permanentes que coordinen la relación de los Estados Parte de los tratados de derechos humanos con sus órganos de seguimiento.

Al mismo tiempo, este órgano, dependiente del Primer Ministro, debe centralizar las acciones de transversalidad de los derechos humanos en las diferentes políticas públicas, en colaboración con los departamentos técnicos responsables.  Con esta decisión y con la creación de un potente e independiente Consejo Nacional de Derechos Humanos, Marruecos  ponía en marcha algunas de las recomendaciones de su proceso interno de reconciliación nacional y justicia transicional elaboradas por la Instancia de Equidad y Reconciliación. Además la Constitución de 2011 establecía varios órganos de seguimiento y monitoreo en materia de derechos humanos, como la Instancia de la Paridad y contra toda Discriminación. Y, finalmente, se elaboraba una estrategia nacional de Democracia y Derechos humanos elaborada de forma participativa y con participación internacional.

Nada más llegar a mi puesto, tuve la oportunidad de participar en el II Forum Mundial de los Derechos Humanos que Marruecos organizaba en Marrakech y al que asistieron delegaciones y activistas de numerosos países. Marruecos anunciaba la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de lucha contra la tortura en el marco de una intensa actividad convencional en la materia, reconociendo las competencias pseudo-jurisdiccionales de algunos de los comités de derechos humanos y varias reservas.

Al igual que en el caso de Túnez, el optimismo y confianza en los procesos de reforma, desde luego, no puede confundirse con la autocomplacencia o el desconocimiento de la realidad. Así, tras estas grandes decisiones de tipo “macro”, no pueden ni deben esconderse las  importantes y significativas tensiones que todo este proceso acumula y que no son fáciles de resolver. En ocasiones estas tensiones se han manifestado en conflictos abiertos, como con Amnistía Internacional en la primavera de 2015, o con la propia Unión Europea al inicio de este año 2016, o actualmente en el marco de Naciones Unidas. Nadie puede esconder ni se puede negar que se trate de un tránsito fácil, y ello tanto por razones internas como externas.

Desde la modesta posición y sencilla contribución que la cooperación de tipo institucional puede realizar, esas tensiones y dificultades difícilmente pueden superarse, pero hacemos lo posible para dotar a la Administración Pública de los medios y recursos para poder afrontar con éxito los desafíos que tiene por delante, y para los que la sociedad espera respuestas y soluciones.

Al igual que en la experiencia tunecina, en Marruecos he podido trabajar y conocer personalmente innumerables jóvenes, hombres y mujeres, que creen firmemente en un intenso proceso de reformas constantes y estables que dentro de sus particularidades permitan profundizar y mejorar el Estado de Derecho y la democracia en sus respectivos países. Jóvenes tremendamente preparados, que sin embargo en su mayoría ven un horizonte muy limitado a sus expectativas y a sus capacidades.  Pero también, hay amplios sectores que por diversas razones consideran que algunas reformas constituyen serias amenazas a su forma de vida y a lo que consideran su identidad. Y finalmente, descubro todos los días como hay una gran parte  de la sociedad cuya preocupación principal es sobrevivir a cada jornada con la mayor dignidad posible haciendo frente a bajos salarios, precios altos y pocos servicios públicos.

En ese difícil equilibrio entre optimismo y realismo, mi experiencia cotidiana en Marruecos y en Túnez me hace muy consciente de las dificultades y amenazas, de la precariedad de los procesos que se desataron con el sacrificio de Mohamed Bouazizi en diciembre de 2010. Pero también de los deberes a uno y otro lado del Mediterráneo así como de nuestra mutua dependencia. Como ha puesto de manifiesto con extrema crudeza la crisis de los refugiados, la estabilidad social, económica y política de nuestros vecinos de Sur, es clave para nuestra propia estabilidad social, económica y política. Tejiendo poco a poco los lazos del trabajo conjunto y la cooperación, se podrán resolver poco a poco esas tensiones internas y podremos hacer frente a las cuestiones externas, porque se trata de amenazas comunes. Y esa es la otra gran aportación que la cooperación institucional europea y la Administración española a través de FIIAPP puede realizar en la actualidad, pues contando en el Magreb con unas instituciones más democráticas, más sólidas y transparentes, haremos también una Europa más democrática, más sólida y transparente.

Diego Blázquez es experto de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

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