Nueve años en términos legislativos no son nada. Pero esta vez es el tiempo que duró un proceso que desembocó en una Política de Estado sobre el territorio que probablemente cambiará la vida de los y las costarricenses. Esta es su historia. En el año 2013 el Ministerio de Planificación de Costa Rica presentó una petición al programa EUROsociAL orientada a la elaboración de Planes de Desarrollo Regional con el objetivo de reducir las importantes asimetrías y brechas territoriales existentes en Costa Rica. Se perseguía que estos planes incidieran en la formulación del Plan Nacional Desarrollo, en ciernes en ese momento. Sin embargo, la implementación de los Planes de Desarrollo Regional no sólo activó un decidido proceso de regionalización, sino que impulsó, de manera significativa, la institucionalización de una Política Regional y de Cohesión en el país, con dotación presupuestaria y acciones específicas para afrontar las brechas territoriales y el reto de la equidad. 

El territorio donde naces no debe marcar tu destino 

A partir de entonces, Costa Rica puso la mirada en esta política con un enfoque nacional, pero teniendo a las regiones como protagonistas para fortalecer la convivencia democrática, la estabilidad social y el crecimiento económico.  La región, como espacio subnacional, tiene proximidad simultánea a lo local y a lo nacional siendo el espacio propicio para generar sinergias entre los dos ámbitos mediante la adopción de enfoques combinados. 

En definitiva, había una apuesta decidida para que el territorio donde se nacía no determinara el destino de sus gentes.  Las personas disponían de mayores o menores oportunidades y de mayor o menor acceso a servicios públicos en función de la región en la que vivían. No era lo mismo vivir en la Región Central, que es la de mayor desarrollo industrial, que en Huetar Norte o Huetar Caribe donde la tasa de mortalidad infantil aumentaba sustantivamente o donde las oportunidades laborales se reducían comparativamente¹.  

Costa Rica es un país con historia de participación ciudadana, sin embargo, la ciudadanía se ha quejado de que  es limitada su involucración a la hora de la toma de decisiones. Esto, se suma al hecho de que la población, sobre todo aquella que vive en las zonas alejadas de la centralidad de San José, siente una gran distancia de las instituciones públicas, con lo que la dificultad de acceso a servicios y, en última instancia, la desafección por lo público son mayores².  

Acompañando una política de Estado 

EUROsociAL+ ha estado acompañando este proceso, dándole continuidad a lo largo de dos mandatos presidenciales (de distinto color político) y hoy celebra que esta política se materialice y lo haga como política de Estado, donde Ejecutivo y Legislativo van de la mano para intentar mejorar la vida de la gente, dando soluciones desde las instancias más cercanas a la ciudadanía. Pero quizás lo más importante es, que, en un momento en el que parece que pesa más lo que nos separa que lo que nos une, los y las representantes políticas de distintas fuerzas, trabajando de manera conjunta, han apoyado un proyecto de ley que probablemente marque un punto de inflexión en la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población.  

Experiencias extraídas de la política regional europea 

Experiencias como la propia Política Regional Europea, que ha tenido un impacto muy positivo para la cohesión territorial y el desarrollo de las regiones europeas en todos los países o la del Congreso y el Senado de España que junto a su Ministerio de Política Territorial³ fueron parte de un intercambio con parlamentarios/as costarricenses, o la experiencia de la SUBDERE de Chile, inspiraron lo esencial de esta Ley en Costa Rica.   

La aprobación de la Ley marca una nueva etapa no solo en la planificación regional en Costa Rica: también conlleva una gobernanza pública renovada clave en la fase de recuperación y reconstrucción post COVID. El proceso de desarrollo regional que impulsa debe intensificar y profundizar las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, generando igualdad de oportunidades y de derechos (Art. 4). La creación de las Agencias de Desarrollo Regional (AREDES) garantizará que la toma de decisiones de los proyectos a financiar parta de la propia ciudadanía. Y las instituciones estarán obligadas a tener presencia fehaciente en las regiones, asegurando la cercanía con las personas, vivan donde vivan.  

Por Bárbara Gómez Valcárcel, responsable de Desarrollo Territorial del programa EUROsociAL+ en la FIIAPP.

Sobre la Ley de Desarrollo Regional (10.096)

Fuente: 1. (1) MIDEPLAN con información de ENAHO, INEC. (2) MIDEPLAN con información del MEP.  Dirección de Gestión y evaluación de la calidad. (3) MIDEPLAN con información del registro de estadísticas vitales, INEC. (4) Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
2.Latinobarómetro 2020: https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp  
3.En su momento Ministerio de Asuntos Territoriales y Función Pública 

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