Con una tasa de 30 mujeres privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, la tasa de población penitenciaria femenina en América Latina es la más alta del mundo[1]. La privación de libertad por este tipo de delitos tiene repercusiones profundas y a menudo devastadoras en la vida de miles de aquellas privadas de libertad, tanto a nivel personal, como en sus familias y comunidades.

En los últimos tiempos, la política criminal en materia de tráfico de drogas ha estado caracterizada por una maximalización del Derecho penal, ¿qué significa esto? Un mayor uso del derecho penal como herramienta para combatir el delito y garantizar el orden social, que en este caso se materializa en la falta de proporcionalidad en el tratamiento de delitos menores de drogas, el uso excesivo de la prisión preventiva, y una clara apuesta de la prisión como principal estrategia retributiva; espacio en el que la alternatividad penal se encuentra reducida significativamente.

Este enfoque también ha permeado en la población general, condicionando su entendimiento del fenómeno de las drogas y de los delitos asociados, conllevando a reclamos de más control y seguridad que, en definitiva, se traducen en un refuerzo de las políticas de interdicción en materia de drogas y, desde luego, mayor punitivismo y populismo penal.

En lo que respecta a las mujeres, que representan el 8% de la población penitenciaria en América Latina, su encarcelamiento va en aumento; reportando un incremento del 56% de mujeres en la población penitenciaria entre 2000 y 2022, frente a un crecimiento del 24.5% respecto de la población penitenciaria general en el mismo periodo.

La consecuencia: un círculo vicioso del que es necesario salir.

Impactos diferenciados

Las mujeres encarceladas por delitos menores de drogas experimentan una serie de impactos diferenciados en comparación con sus contrapartes masculinas. Además del estigma social asociado con la cárcel, muchas mujeres enfrentan la pérdida de la custodia de sus hijos, lo que puede tener consecuencias emocionales y psicológicas duraderas. Además, la falta de acceso adecuado a servicios de salud mental y programas de rehabilitación de drogas para mujeres con consumos problemáticos dentro de las cárceles agrava los problemas existentes y dificulta la reinserción exitosa a la sociedad una vez que son liberadas.

El encarcelamiento no aborda las causas estructurales que llevan a las mujeres a participar en actividades relacionadas con drogas. La pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a servicios, recursos y oportunidades significativas son factores subyacentes que impulsan a muchas mujeres a ingresar en el eslabón más bajo del tráfico de drogas como medio de subsistencia. Estos factores, determinantes de las conductas delictivas son, a su vez, factores de reincidencia, que nos enfrentan a un panorama de desigualdades y de asimetría social.

Bajo este contexto urge avanzar hacia una nueva racionalidad penal en términos de proporcionalidad y búsqueda de alternativas al encarcelamiento para estos delitos y, en particular, para las mujeres. Avanzar en un diálogo de políticas ente los Poderes del Estado y las instituciones a todos los niveles, que involucren la perspectiva de la sociedad civil y generen vías de trabajo que aborden de manera integral las desigualdades que son origen y sustento del problema.

El Día Internacional de la Mujer, es un buen momento para reflexionar y reevaluar nuestras políticas y prácticas en relación con las mujeres en el sistema de justicia penal, particularmente en lo que respecta a delitos menores de drogas. Adoptar un enfoque más humano y centrado en la comunidad no solo beneficia a las mujeres individualmente, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles para todos y todas.

Beatriz López Lorca

Profesora en derecho penal en la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido movilizada por FIIAPP (Cooperación Española) para apoyar el programa europeo sobre políticas de drogas COPOLAD III

Mario Germán Sánchez González

Experto en políticas de drogas de FIIAPP (Programa europeo COPOLAD)

Desde el programa COPOLAD III se trabaja en dicha dirección, la de mejorar la capacidad de respuesta y la proporcionalidad de los marcos penales frente a los retos relacionados con las drogas; así como en el desarrollo de alternativas a la detención o el encarcelamiento orientados a la reducción de la reincidencia. En ese camino, se viene acompañando procesos nacionales (Costa Rica; Paraguay; Trinidad y Tobago y, próximamente, República Dominicana), a la vez que generando articulaciones con organismos regionales que trabajan en esta línea, y que cuentan con el potencial para apalancar cambios a escala regional y garantizar la sostenibilidad y escalamiento de los resultados que COPOLAD apoya, como es el caso de COMJIB y AIDEF.

[1] CIDH. Mujeres privadas de libertad en Las Américas, 2023. Al respecto, la tasa de población carcelaria en una región o país, se obtiene calculando cuántas personas privadas de su libertad existen por cada 100.000 habitantes en dicha región o país. ver: UNODC, Medidas privativas y no privativas de la libertad – Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal, 2010, p. 6.

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