Ana María Yupanqui no lo tuvo fácil. Perteneciente a la etnia Aymara, a la que ella misma considera “muy machista”, fue de las pocas mujeres rurales que lograron continuar con su educación. Consiguió acabar la secundaria y estudiar fuera de su municipio para graduarse de Contadora en Puno. “Yo quería hacer algo por mi comunidad, y aunque en principio ni siquiera mi familia me apoyó, confié en que podía lograrlo, aunque fuera mujer y joven”, explica la alcaldesa de Pomata, un municipio de alrededor de 20.000 habitantes.

Con 33 años, es una de las 19 mujeres que ha logrado ser alcaldesa en Perú, la primera en la historia de su municipio. Ella cree que ganó las elecciones porque la gente, cansada de los problemas de corrupción, optó por dar la oportunidad a una mujer para ejercer otro tipo de liderazgo. “Hay dirigentes que no aceptan ser gobernados por una mujer. Pero el pueblo nos ha dado esa confianza y no puedo defraudar siendo mujer, porque puedo ser un reflejo para otras en años posteriores”, enfatiza. 

“Tenemos muchos problemas, nuestra población vive netamente de la agricultura, ganadería y pesca, y la violencia de género impacta de forma muy importante en la vida de nuestras mujeres. La contaminación del lago también es un tema crucial”, explica la alcaldesa.  

Ana María Yupanqui proviene de una zona rural y conoce muy bien las necesidades de las mujeres rurales que, en esta crisis de la COVID-19 han sido de las más golpeadas. Tal y como ella señala, en las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, son necesarias medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres. También se necesita servicios e infraestructuras básicas suficientes para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado de las mujeres, que se ve agravado por la crisis. “Tenemos que empoderar a las mujeres rurales para que puedan ponerse en pie por sí mismas”, asegura Pomata. 

El programa de cooperación EUROsociAL, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, está trabajando para mejorar la gobernanza del Lago Titicaca y hacer frente a los principales desafíos medioambientes y sociales de su población, la mayoría comunidades originarias Aymaras y Quechuas que habitan a 4.200 metros de altitud, con poca presencia de los Estados y altos índices de pobreza y marginalidad.  

Concretamente, el área de Gobernanza Democrática del programa EUROsociAL+, gestionado por la FIIAPP, a través de su línea de Desarrollo Territorial, ha acompañado a la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT) para poner en marcha una estrategia para la coordinación entre distintos niveles de gobierno que incorpore también a otros actores no instituciones. La ALT también ha tomado lecciones aprendidas de la experiencia europea, para un mejor manejo del recurso hídrico y de proyectos de saneamiento que reduzcan la desigualdad, las vulnerabilidades y la exclusión social. 

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