El 30 de julio se celebra el día Mundial de lucha contra la trata. Como una apuesta en firme en la lucha contra este delito por parte de las autoridades políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha instaurado el 23 de septiembre como el Día Nacional de lucha contra la trata de personas en el país.  

Alineándose a este compromiso público, la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (SC-CONALTID), están llevando a cabo en Bolivia el proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

Para entender de forma correcta la enorme problemática que supone la trata de seres humanos debemos previamente conocer qué es. La definición de trata viene recogida en el Protocolo de Palermo de la siguiente forma “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta mercantilización del ser humano se ha convertido en el nuevo modelo de esclavitud del siglo XXI, generando enciclopédicos ingresos a las mafias organizadas que operan lucrándose a través de este delito. Se considera la trata de seres humanos como el segundo sector delictivo más lucrativo, por detrás del narcotráfico, cuyos ingresos se estiman entre 32 y 36 mil millones de dólares, según el informe sobre tráfico de personas de la ONU (2016). 

Algunos datos para dimensionar el problema a nivel mundial: aproximadamente 21 millones de personas son víctimas de este delito, de los cuales el 70% son mujeres y niñas (51% y 20% respectivamente), el 21% hombres y el 8% niños. Las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a este delito, por lo que las políticas públicas de lucha contra la trata demandan una estrategia de género rigurosa y efectiva. Las víctimas provienen de un total de 137 países, lo que nos da una certera imagen de la problemática global que supone este delito.  

Las principales causas que motivan la trata de seres humanos son, entre otras, la pobreza y las crecientes desigualdades; la proliferación de un modelo económico con un enfoque hacia la medición del valor en términos mercantilistas, alejado de una proyección más social; la creciente y continua escalada de conflictos bélicos; o la existencia de un aumento de los desplazamientos humanos. Todos estos factores han incrementado la vulnerabilidad de importantes grupos humanos cuyo riesgo a caer en redes delictivas ha aumentado exponencialmente.  

La trata de personas es considerada, por lo tanto, un delito que vulnera derechos como la libertad, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la vida misma de las personas, reduciéndolas en el imaginario a objetos pasibles de ser utilizados, explotados y/o comercializados. 

Bolivia: origen, tránsito y destino 

En Bolivia existen datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es el ente que lidera el Consejo Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de Bolivia. Esta institución coordina con todos los Ministerios, sociedad civil y Defensor del Pueblo la operatividad de la Política Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas. En el informe del año 2016 se notificaron un total de 829 casos, de los cuales más del 70% eran mujeres, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, una mirada exhaustiva a la realidad del país nos traslada una constante en este delito y es la falta de visibilidad del mismo. Se duda de que estos datos sean lo suficientemente realistas para describir la verdadera dimensión de este problema. Bolivia está considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata de seres humanos. Origen porque existen flujos de trata hacia Perú (principalmente por explotación sexual) y hacia Argentina (explotación laboral), entre otros, dentro de lo que conocemos como trata externa. Pero existe una realidad muy dura en relación a la trata interna, la que se produce dentro del país y en donde las víctimas son desplazadas internamente. Sectores productivos tradicionales como son la agricultura y minería ocultan una realidad de víctimas de trata por explotación sexual, comercial y explotación laboral. La trata por servidumbre costumbrista es una realidad de la cual el país todavía no ha conseguido visionar su verdadero impacto.  

Existe una lógica economicista perversa que describe el proceso de recuperación de la inversión, entendida la inversión como el capital dedicado a la captación, traslado y acogida de las víctimas. La finalidad de estos procesos es la explotación del ser humano, diferente de la del tráfico de armas o tráfico de drogas, donde el lucro termina en el momento de la transacción comercial (compra/venta). En el caso de la trata, la tasa de retorno es continuada, los servicios prestados en términos de prostitución, explotación laboral, servidumbre, etc. continúan de forma recurrente.  En la trata de seres humanos, las personas se convierten en mercancías objeto de explotación continua y recurrente.  

Continuando con esta lógica economicista, no hay que olvidar que las víctimas de trata no entran dentro de los canales oficiales del mercado laboral. Esto supone un grave perjuicio para ellas, ya que su trabajo no se encuentra amparado en beneficios sociales futuros, lo que supone además a las arcas públicas una falta de ingreso de esas actividades productivas. El problema de la trata no sólo es una total vulnerabilidad a los derechos humanos de las víctimas, sino que supone además un perjuicio de desarrollo económico a los países, afectando a su estructura de servicios sociales.  

Un proyecto para un problema transnacional

La estrategia de lucha contra este delito, a través del proyecto operado por la FIIAPP, se centra en los 3 pilares fundamentales: prevención, persecución y protección, que se conocen como las 3 P. Se ha puesto en marcha un programa muy ambicioso de formación a funcionarios públicos involucrados en la lucha contra este delito (policía, fiscales, magistrados, servicios sociales de atención a víctimas, sociedad civil, entre otros), marcando una estrategia en forma de embudo: desde la administración nacional hacia niveles departamentales y municipales, ya que mientras a un nivel nacional se establecen las políticas públicas, a un nivel municipal se está trabajando directamente con el personal que atiende a las víctimas.  

Se han llevado a cabo además viajes regionales e internacionales, con el objetivo de mejorar la coordinación regional e internacional en la lucha contra este delito, pues no hay que olvidar el carácter transnacional del mismo. Se están reforzando los Consejos Departamentales de lucha contra la trata y tráfico de personas, a través del apoyo en la formulación de los Planes Departamentales de lucha contra la trata. En coordinación estrecha con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se está elaborando un manual de investigación en trata que busca sistematizar y estandarizar los procesos investigativos con el fin de mejorar la capacidad de investigación de policías y fiscales y de, entre otras cosas, reducir el riesgo de revictimización de las víctimas.  

Desde la FIIAPP tenemos la firme convicción de que debemos seguir apoyando procesos de cambio a través del apoyo a políticas públicas y el alineamiento en el marco jurídico-normativo de los países con los que trabajamos. La lucha contra la trata y tráfico de personas va más allá de un compromiso institucional, siendo una obligación humana posicionarse en el lado de aquellas instituciones y personas que trabajan por las víctimas y su reinserción en la sociedad.  

Santiago Santos, coordinador del proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia 

Las opiniones vertidas en este blog son exclusiva responsabilidad de la persona que las emite.