Las desigualdades entre mujeres y hombres atraviesan las sociedades y se manifiestan en aspectos como la feminización de la pobreza, la violencia de género, la menor participación política de las mujeres, la desigualdad laboral y salarial, el analfabetismo femenino y la dificultad de las mujeres para acceder a la salud sexual y reproductiva plena. Prácticamente ningún país del mundo es ajeno a este fenómeno que se reproduce en mayor o menor grado y que se solapa con otras causas de discriminación y vulnerabilidad normalmente agravándolas.

La desigualdad de género no es fruto de coyunturas concretas, sino que hunde sus raíces en la propia estructura social y en la tradicional división del trabajo (productivo/ reproductivo) y los espacios (público/privado) entre mujeres y hombres. Las repercusiones de los roles sociales son determinantes para la cohesión social. Con la responsabilidad tácita sobre los trabajos de cuidado (menores, personas dependientes y personas mayores), las mujeres tienen más difícil acceso al trabajo remunerado y a la educación y, consiguientemente, al poder económico. Además, relegadas al ámbito privado, las mujeres participan menos de los espacios de toma de decisión y tienen menos sentido de pertenencia en la comunidad, lo que va en detrimento de sus derechos como ciudadanas.

En suma: los trabajos de cuidado han sido una aportación gratuita e invisible de las mujeres a la cohesión social a costa, paradójicamente, de su propio bienestar y acceso a derechos, a recursos y al ejercicio pleno de la ciudadanía. Remover estas estructuras es un desafío para cualquier política pública que persiga la equidad o la cohesión social, y este es uno de los retos de EUROsociAL. El Programa, que trabaja con América Latina en la mejora de las políticas públicas para la cohesión social, parte de los retos que en este ámbito Europa comparte con América Latina y de la convicción de que la perspectiva de género es irrenunciable para poder actuar sobre los mecanismos estructurales en los que se funda la desigualdad en ambas regiones.

En el marco de estos esfuerzos se han alcanzado avances importantes con iniciativas de especial incidencia para los derechos de las mujeres. Cabe destacar el trabajo realizado para promover el fortalecimiento de los sistemas estatales de cuidado y consiguientemente la asunción por parte del estado de esta responsabilidad que recae tradicionalmente sobre las mujeres. También es reseñable la colaboración del programa en el impulso a políticas específicas destinadas a mujeres en situación de vulnerabilidad: víctimas de violencia de género, migrantes y mujeres privadas de libertad. Junto a estas iniciativas concretas, el programa fomenta el abordaje transversal de género en todas las políticas públicas que apoya o acompaña, de forma especialmente significativa en el ámbito de la educación, el empleo y la salud.

En cualquier caso, la incorporación del enfoque de género no está exenta de dificultades en ambas regiones: resistencias, la falta de sensibilización por parte de los actores políticos y la consideración del enfoque como secundario son retos frecuentes en este ámbito. No cabe si no perseverar y ser conscientes del camino que queda aún por recorrer. No hay ciudadanía plena si no hay ciudadanía plena de las mujeres, y un abordaje de la cohesión social neutro que no tenga en cuenta que la dimensión de género, se construye al margen de las necesidades específicas y el potencial para el desarrollo de más de la mitad de la población.

Clara Linde, técnica de comunicación de EUROsociAL

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