«Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.» Así es como define la Organización Mundial de la Salud (OMS) discapacidad.  Concepto publicado en 1980 en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM).

Asimismo, la OMS estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que se corresponde con el 15% de la población mundial. Cada vez son más las personas que pertenecen a este grupo, lo que está estrechamente relacionado con el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Asimismo, destaca que “los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales», unos datos que muestran la necesidad de desarrollar una legislación que les proteja. A ello hay que añadir que estas personas se enfrentan también a una serie de obstáculos como son el transporte o el acceso a la información.

Acceso a la salud, la educación y el empleo

La salud se considera un derecho fundamental para la sociedad. Sin embargo, para las personas que poseen algún tipo de discapacidad es de extrema importancia, ya que su enfermedad puede mejorar o empeorar según la atención sanitaria que se les proporcione, como por ejemplo la rehabilitación.

Aunque parece algo paradójico, a pesar de que las personas con discapacidad necesitan una mayor atención sanitaria de manera periódica, son las que menos se benefician de este derecho, ya que el 50%  no tienen acceso a la sanidad. Según la OMS, muchas personas con discapacidad no tienen los recursos suficientes para costearse sus tratamientos, a pesar de que el 80% de las personas que sufren algún tipo de discapacidad viven en países desarrollados.

Pero no todo se reduce al ámbito sanitario sino que también afecta a la educación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay en España alrededor de 560.000 alumnos entre 16 y 17 años con discapacidad. De ellos, un 16,5% son integrados en centros de educación especial y el 83,5% restante cursa educación ordinaria. El número de alumnos con discapacidad es alto pero más es el porcentaje de abandono escolar de los mismos, un 43%.

A nivel mundial, los niños con discapacidad tienen mayores probabilidades de no ser escolarizados, especialmente si se encuentran en situación de pobreza. Además, encontramos desigualdad en el acceso a la educación entre niños y niñas. Por ello «se deben mejorar los mecanismos para integrar a las niñas con discapacidad en el sistema de educación, e integrar el género en la Agenda 2030«. Apunta Ola Abu, directora de Investigación e Influencia Global en la organización Leonard Cheshire.

De los 3,84 millones de personas con discapacidad que hay en España, 481.000 están trabajando. En relación al empleo, las personas con discapacidad han tenido una baja participación en el mercado laboral durante 2017, ya que según datos del INE, su tasa de actividad ha sido del 35%. Asimismo, las mujeres con discapacidad han tenido menos presencia en el mercado laboral que los hombres, un dato que muestra el largo recorrido que queda por hacer en inclusión e igualdad.

El panorama mundial no es muy diferente ya que la tasa de empleo de hombres y mujeres con discapacidad es mucho más baja que de aquellos que no tienen ninguna.

Las personas con discapacidad en la Agenda 2030

Comprometida con “no dejar a nadie atrás”, la ONU refleja en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible la importancia que tiene la inclusión y la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad. El décimo objetivo de los 17 con los que cuenta la Agenda, es el que trata la inclusión de las personas con discapacidad.

Como hemos señalado anteriormente, las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de acceder a los servicios de salud. En este contexto, la ONU destaca que estas personas tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud que son calificados como “catastróficos”.

Bridging The Gap

Es muy importante que la cooperación internacional se convierta en una herramienta fundamental para que los gobiernos den visibilidad a las personas con discapacidad incluyéndolos en sus agendas políticas. Además de estos, tanto la sociedad como las instituciones deben unirse para trasladar las necesidades que tienen estas personas para darles voz y mejorar su situación actual de la mejor manera posible.

En relación con ello, Ecuador, Paraguay, Burkina Faso y Etiopía se han beneficiado del proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, Bridging The Gap. Este proyecto tiene como objetivo reducir la exclusión social de las personas con discapacidad en los países de renta media y baja de África y América Latina.

La situación de los países en los que trabaja Bridging The Gap es complicada. Según Boukary Savadogo, secretario permanente del Comité Nacional Multisectorial para la Protección y Promoción de las personas con discapacidad en África, “en Burkina Faso las personas con discapacidad no son bien acogidas”. Para mejorar la situación de las personas con discapacidad del país africano, “Burkina Faso está en línea con los ODS y la Agenda 2030”.

Es importante que reflexionemos e intentemos entre todos mejorar los mecanismos para que las personas con discapacidad puedan tener una vida digna, plena y en la que puedan acceder a todos y cada uno de los derechos fundamentales.

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