Zeus lo habría tenido hoy más difícil para que Pandora mantuviese cerrada su caja. No tanto por ella y su insaciable curiosidad como por la conquista casi definitiva del derecho a la información por parte de los mortales. Las leyes de transparencia, que avalan el derecho de la ciudadanía a saber, se abren paso en numerosos países y se están convirtiendo en punta de lanza del Estado de derecho moderno. Ya no solo pueden hacer preguntas policías y fiscales: cualquier persona tiene los medios para inquirir en qué se gasta el dinero público, cómo se llenan las arcas del Estado e incluso, cada vez más, tener una voz directa a la hora de decidir el destino de algunos de estos fondos. Y esto solo puede ser positivo para la gobernanza democrática.

La información, esta vez liberada por una investigación periodística, es poder. Más allá de las “listas negras” de evasores, del debate sobre legalidad versus legitimidad de la planificación fiscal para pagar menos impuestos y sobre el deber de ejemplaridad de políticos y figuras públicas, la información es una herramienta muy poderosa para crear sistemas fiscales justos y cerrar el paso a la evasión fiscal.

Solo en América Latina este fenómeno resta a las arcas de los Estados 325.000 millones de dólares al año, el 6,1% del Producto Interior Bruto de la región. Esto supone aproximadamente una cuarta parte de la recaudación de los Estados y un pellizco importante a los sistemas púbicos y a las políticas de redistribución. No es una cuestión de caja, es una cuestión del volumen y la calidad de los servicios públicos que recibimos y, en definitiva, de cohesión social.

Por nuestro trabajo he constatado los avances que se han dado en este sentido a nivel global, y concretamente en América Latina, en materia de cooperación internacional para luchar contra los paraísos fiscales. Sirvan como ejemplo la Declaración de Punta del Este de 2018, una iniciativa latinoamericana para maximizar el potencial del uso efectivo de la información intercambiada bajo los estándares internacionales de transparencia fiscal; las normas de Intercambio de Información Previa Petición, que permiten a las administraciones tributarias obtener información específica de las autoridades homólogas en otras jurisdicciones; o las de Intercambio automático de información, que exigen a las instituciones financieras que comuniquen a la administración tributaria competente toda información que esté en su poder sobre las cuentas financieras abiertas por parte de la ciudadanía no residentes. Pero la reticencia de algunos países de adherirse a las normas internacionales y el hecho de que algunos territorios hayan hecho de su laxa regulación no solo un lucrativo negocio, sino su misma razón de ser, ralentizan el ritmo de avances en la lucha contra el fraude fiscal. Hay que tapar esta vía de fuga mediante políticas públicas y cooperación internacional.

A la par, es fundamental seguir avanzando en la aplicación de las leyes de acceso a la información pública, que están provocando una verdadera revolución de la información. La digitalización podría tener también implicaciones positivas para el abordaje de este tipo de delitos. La aprobación en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, que incorpora estándares de vanguardia, va a marcar un hito ya que se espera que este marco normativo incremente los niveles de transparencia en la gestión pública y permita una efectiva lucha contra la corrupción al tiempo que promueve la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico.

Las políticas, las leyes y el multilateralismo no tienen como objetivo cerrar cajas como las de Pandora. Pero pueden marcar un cauce para acotar o cerrar el paso a males por desgracia demasiado frecuentes entre los mortales como la evasión fiscal.

Sonsoles Mories, directora de Desarrollo Económico y Medio Ambiente en la FIIAPP

Sonia González, Coordinadora Gobernanza Democrática Programa EUROsociAL+ en la FIIAPP

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