¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.

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