Hace tiempo tuve la ocasión de conversar con un oficial de investigación de la policía nacional de un país latinoamericano en una reunión a la que me invitaron en calidad de evaluador.

Es mucho lo que se está haciendo en este ámbito con el apoyo técnico de instituciones, también españolas entre otras, y con el cuidado de no aplicar “modelos” de otros países en una realidad nacional totalmente ajena y extremadamente compleja. Estados Unidos, por ejemplo, se ha enfocado especialmente en los temas de narcóticos y las pandillas juveniles. En España, tenemos muchas experiencias, si bien puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo realizado en Guatemala para disminuir el número de casos de delitos contra la vida y violencia contra las mujeres.

El oficial con el que conversaba decía que en su país los policías tenían mucho estrés, que llevaban varios años haciendo su trabajo con gran presión y que a muchos de ellos les gustaría terminar de estudiar una carrera universitaria, hacer otra cosa, o, al menos, tener un mejor sistema de turnos que les permitiera descansar.

También me contaba que habían aprendido que pocos delincuentes cometen muchos delitos, y que si hay, digamos, 10.000 víctimas de homicidios anuales éstas podrían ser atribuibles a unos 1.000 victimarios. Es decir, que con un poco de investigación, con buen criterio político y una mejor coordinación entre fiscales, jueces y policías el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana se podía manejar mucho mejor.

“No nos dejen solos”, me decía preocupado por los escasos apoyos que tenían internamente y por el hecho de que estos temas pudieran dejar de ser una prioridad para la cooperación. . Seguramente algunos así lo ven, cansados de apoyar una institucionalidad que podemos definir como débil-fuerte-ausente-presente.

Débil, en lo que se refiere a la dirección estratégica puesto que muchas instancias trabajan en torno a los mismos temas de manera descoordinada: investigación criminal, fiscalía, jueces, sistema penitenciario, instituciones de lucha contra el crimen organizado… Fuerte, porque a veces estas instituciones solo contemplan como respuesta aceptada por la sociedad el meter a los jóvenes en las cárceles, lo cual no lleva sino a saturar las cárceles, donde por otro lado hay pocos tratamientos apropiados para salir del circulo de la violencia. Ausente, porque no hay policías o jueces allí donde se necesitan y no llegan a muchos lugares donde se sigue linchando a los delincuentes. Y, por último, presente, porque el gobierno tiene un gran afán de estar en los medios y demostrar que la inseguridad ciudadana es su gran prioridad, sin que sepamos bien a qué se refieren realmente.

Evaluación de políticas públicas

Por eso es necesario mejorar nuestros diagnósticos apoyándonos en herramientas como la evaluación de políticas públicas, para tener la capacidad de mejorar los programas y hacer frente a estos desafíos que generan respuestas tan contradictorias desde las instituciones.

Ya tenemos una larga experiencia de trabajo con muchas instituciones como para poder introducir la evaluación como un requisito para la realización de programas de cooperación para la reforma institucional, y también hemos generado la confianza necesaria que permite hacer análisis no solo de tipo cualitativo sino también cuantitativo, con líneas de base y encuestas después de varios años.

A simple vista parece más fácil cuantificar el impacto de la ayuda cuando se trata de programas sociales, o de reducción de la pobreza, que es donde tradicionalmente se han venido realizando este tipo de evaluaciones, pero si lo observamos con atención desde el ámbito institucional y, más concretamente, del desarrollo de capacidades hay muchas opciones interesantes.

Si se diseñan los programas desde el principio con el objetivo de ser evaluados, podríamos decir qué impacto tiene sobre el rendimiento de los policías, por poner un ejemplo, el que se haga un tipo de formación u otro, y eventualmente, qué impacto tiene sobre el cambio institucional y la reducción del crimen, que es de lo que se trata. También sería un gran avance, y estamos en condiciones de hacerlo, saber qué efecto tiene la capacitación de unidades de investigación criminal sobre la variable impunidad, es decir, en cuánto ayuda nuestra cooperación en lo que se refiere a resolución de casos y la capacidad de llevarlos a juicio.

De esta manera las propias instituciones serán más conscientes de los límites y oportunidades que se plantean para poder desarrollar reformas de mayor escala y para ir construyendo una nueva cultura de desarrollo institucional.

Miguel Angel Lombardo trabaja desde FIIAPP en la cooperación sur sur para la evaluación de políticas públicas en América Latina.

Las opiniones vertidas en este blog son exclusiva responsabilidad de la persona que las emite.