El concepto de “lavado de dinero”,   surge durante los años veinte del siglo XX en Estados Unidos. Las mafias norteamericanas, dedicadas al contrabando de bebidas alcohólicas, crearon una red de lavanderías para ocultar la procedencia ilícita del dinero que derivaba de este negocio.  

Como explica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el lavado de activos, o blanqueo de capitales, es “el método utilizado por contraventores para disimular los orígenes ilegales de su riqueza y proteger sus rendimientos, con el fin de evitar sospecha por parte de las instituciones de investigación y de aplicación de la ley”.  

La Organización de Naciones Unidas cuenta con el Grupo de Acción Financiera que establece estándares para organizar la arquitectura legislativa de la lucha contra el lavado de ganancias del crimen organizado.  

Asimismo, la UNODC destaca que los individuos y las organizaciones terroristas emplean técnicas similares a las llevadas a cabo por las personas que están involucradas en el lavado de activos para ocultar sus recursos. Todas estas técnicas traen consigo delitos como la corrupción o la delincuencia organizada. 

En este sentido, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Min Zhu, señala que “el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que tienen consecuencias económicas. Pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en general. Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar los factores que propician abusos financieros”.  

Siguiendo estas líneas, debemos destacar que el dinero generado por las actividades delictivas es difícil de ocultar. Los Estados han reforzado, a lo largo de los años, los mecanismos necesarios para poder identificar, incautar y decomisar ese dinero en cualquier parte en que el que se encuentre. “Las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo tanto, responden no solo a una imperativa moral sino a una necesidad económica”, según Zhu.  

Agenda 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenible 16  

España, junto a los 193 países de las Naciones Unidas, se comprometió al cumplimiento de la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. En este contexto, la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) ha publicado un informe, que ha tomado como referencia los meses de abril a junio de 2018, con el fin de conocer el progreso de España en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 centrado en la promoción de una sociedad justa, pacífica e inclusiva, en la que se contiene metas relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este documento se centra en la situación sobre los flujos financieros ilícitos, soborno y corrupción en todas sus formas, instituciones transparentes y responsables que rindan cuentas, libertades públicas y derecho de acceso a la información.  

Además, el informe destaca que, aunque España ha avanzado mucho a nivel legislativo en esta materia, “se hace necesario que las instituciones que trabajan en la primera línea de la prevención y la lucha contra la corrupción, como la Fiscalía Anticorrupción, mantengan su total independencia respecto al poder político”. Asimismo, “España tiene el reto de conseguir un marco legal homogéneo y efectivo en todas las materias relacionadas con integridad pública y rendición de cuentas y en todos los niveles territoriales”.  

La FIIAPP trabaja en la lucha contra el lavado de activos 

La FIIAPP trabaja a través de diversos proyectos en la lucha contra el blanqueo de capitales o lavado de activos.  

EL PAcCTO, es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILa y de Camões. El objetivo principal de este proyecto es la lucha contra el crimen transnacional organizado y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana en 18 países de América Latina.  

“EL PAcCTO pretende plantear diversos desafíos y por los intercambios realizados, en grupos de trabajo y la ponencia de casos prácticos, también identificar las dificultades y debilidades propias de América Latina, identificar posibles dificultades de coordinación entre los actores de la lucha contra el lavado de activos”, destaca Jean Dos Santos, experto del proyecto EL PacCTO.  

Por otro lado, el proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos pone especial énfasis en la temática de blanqueo de capitales. El proyecto ha buscado la capacitación a través de cursos formativos, se ha centrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y cooperación internacional y ha dado apoyo a la asistencia para superar la cuarta ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.  

“De la superación o no de esta Evaluación Mutua dependerá en gran medida que el Estado boliviano pueda seguir estando alejado de las famosas listas negras o grises, compuestas por los Estados que no cumplen y no se comprometen con el establecimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales”, destaca Javier Navarro, inspector de la Policía Nacional y experto en este proyecto.  

Siguiendo esta misma línea de trabajo, el proyecto de Apoyo de las fuerzas de la ley de la UE en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú busca mejorar la eficacia de las escuelas formativas, la cooperación interinstitucional y los sistemas de inteligencia peruanos con el fin de luchar contra las drogas, el crimen organizado y el lavado de activos.  

Asimismo, los proyectos EU-ACT de Acción contra las drogas y el crimen organizado y SEACOP, también trabajan en la lucha contra el lavado de activos, una problemática estrechamente relacionada con el tráfico de drogas y el crimen organizado.  

“Las organizaciones de tráfico de drogas están establecidas en diferentes países. En un país pueden estar proporcionando la materia, otros países de tránsito, otros países de destino… Incluso otros países para el lavado de dinero. Por tanto, si esto no se aborda desde un punto de vista transnacional, es imposible”, señala José Antonio Maté, coordinador del proyecto EU-ACT en la zona de Asia Central.  

Con el proyecto ARAP-Ghana, ‘Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana’, se pretende reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas del país africano, teniendo en cuenta el blanqueo de capitales que trae consigo esta problemática. Ghana ha creado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (NACAP) en el cual se encuadra este proyecto.  

Finalmente, en el proyecto El PacCTO: Apoyo a AMERIPOL, se prevé que el lavado de activos entre en la plataforma tecnológica de intercambio de información policial que está impulsando este proyecto en América Latina. 

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