El llamado “estallido social” iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos y destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 

En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacional. En ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19. A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta a que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura.  

Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.

Las opiniones vertidas en este blog son exclusiva responsabilidad de la persona que las emite.