Al plantearnos una evaluación de política pública, uno de los primeros pasos metodológicos comúnmente aceptados es el análisis de la lógica de la intervención: ¿Cómo ha sido diseñada la política? ¿Existe una coherencia entre sus objetivos (explícitos o implícitos) y sus resultados, actividades y productos, y entre todos estos elementos de la cadena entre sí?

Para hacer frente a la compleja situación en la que nos encontramos, las Administraciones han adoptado una amplia serie de medidas, que afectan a muy diversos sectores de la sociedad: sanidad, mercado laboral, vivienda, movilidad, fiscalidad, etc.

Pero ¿cuáles son los objetivos específicos, generales, a medio, a corto, a largo plazo, establecidos? En principio, podríamos pensar que el principal objetivo sería perder el menor número de vidas humanas posibles, que no colapse el sistema de salud, que la población no pierda derechos ni poder adquisitivo. Sin embargo, para hacer una valoración rigurosa y exhaustiva, sería necesario el establecimiento de metas claras sobre las cuáles poder medir los avances y los logros o fracasos. ¿Con qué criterios de juicio se podrán evaluar las medidas adoptadas para poder pronunciarse sobre su eficacia, es decir, su capacidad de conseguir las metas propuestas?

«¿Con qué criterios de juicio se podrán evaluar las medidas adoptadas para poder pronunciarse sobre su eficacia?»

Por supuesto, esto nos lleva a planteamientos complejos y delicados política y socialmente hablando: ¿Cuál es la meta aceptable en pérdida de vidas humanas? ¿Qué número se considerará aceptable de desempleados (no temporales)? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas se puede asumir que desaparezcan? Son solo algunos ejemplos.

Para poder realizar una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas, sería necesario, por lo tanto, que nuestras Administraciones Públicas:

– Definan con exactitud los distintos problemas sociales que están planteados y los que se plantearán potencialmente.

– En base a ellos, establezcan un Plan de Contingencia, idealmente, inserto en el Decreto de Declaración del Estado de Alarma (de forma que forme parte del Ordenamiento Jurídico), en el que se enmarque el conjunto de medidas aprobadas, que respondan a objetivos claros y delimitados, definiendo asimismo indicadores de proceso y resultado, que permitan hacer un seguimiento de su evolución.

– Establezcan nuevas medidas para construir un todo coherente que permita alcanzar los objetivos definidos.

– Diseñen un sistema exhaustivo de seguimiento, que permita modificar las medidas en función de los resultados que se vayan obteniendo, en base a las evidencias recolectadas.

Una sociedad madura que, en su inmensa mayoría, se está comportando de forma impecable en el seguimiento de las recomendaciones, debe poder conocer cuáles son los parámetros en los que las instituciones se manejan como escenario posterior, para poder evaluarlos.

Si pensamos en una evaluación de impacto stricto sensu, la dificultad que se plantea es la inexistencia de contrafactual: ¿Qué habría pasado si en vez de las medidas adoptadas no se hubiera adoptado ninguna? ¿Qué habría pasado si se hubieran adoptado otras medidas o si se hubieran adoptado antes? ¿Cuál es el modelo más exitoso para hacer frente a esta crisis entre los distintos establecidos?

Cada día y cada hora que pasa, se generan datos y cifras que van dibujando gráficos y estadísticas que evolucionan rápidamente y de forma cambiante según se analicen por país, por región, por continente. Van aportando información valiosa y reflejan desarrollos sobre los que construir hipótesis a contrastar.

A la vista de los datos y del contexto, los países han adoptado distintas soluciones, pero la existencia de demasiadas variables difíciles de controlar (grado de fortaleza de los sistemas sanitarios, situación de partida de la salud de la ciudadanía, pirámide poblacional, hábitos culturales, esperanza de vida, etc.), impiden actualmente realizar un análisis comparativo con la rigurosidad necesaria para sacar conclusiones robustas.  Sin embargo, sí tenemos experiencias anteriores parecidas que nos pueden dar algunas pautas de análisis.

«La existencia de demasiadas variables difíciles de controlar impiden actualmente realizar un análisis comparativo con la rigurosidad necesaria para sacar conclusiones robustas»

Expertos en la materia han mencionado que durante las crisis del SARS (2003) o la gripe A (2009), se produjo un gran avance en cuanto a la investigación y la lucha contra estas enfermedades. También se ha puesto de manifiesto que al haberse controlado los brotes y haber finalizado la emergencia, los fondos para continuar la investigación y el desarrollo de distintos fármacos fueron eliminados o drásticamente reducidos y se detuvieron estas líneas de trabajo. El trabajo quedó inconcluso. Lamentablemente, aquellas ocasiones anteriores no fueron lo suficientemente aprovechadas como para haber frenado antes y de mejor manera la crisis actual.

Una de las utilidades de la evaluación de políticas públicas puede ser la extracción de lecciones aprendidas. Ojalá una evaluación ex post de la crisis actual nos muestre lecciones aprendidas que faltaron anteriormente y sirva para construir sobre fortalezas que, sin ser conscientes de ello, estamos creando entre todos durante estos días.

Desde el Proyecto EVALÚA estamos atendiendo las nuevas prioridades de las instituciones socias en la elaboración de una línea de base que pueda servir de punto de referencia para la posterior evaluación de las acciones actuales, con un enfoque comparado de ámbito regional.

Marta Monterrubio, especialista en Evaluación de Políticas Públicas del proyecto EVALÚA.

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