Campesinos, afrodescendientes, raizales e indígenas. Familias pertenecientes a estas cuatro comunidades en Colombia han recurrido al cultivo ilícito de plantas como la coca o la amapola de la que se obtiene la heroína como forma de vida. La facilidad de cultivo que les ofrecen las zonas donde viven o la amenaza de redes criminales son las principales razones por las que se vuelcan en esta práctica. Desde 2003, el país sudamericano trabaja en el Desarrollo Alternativo (DA) con el objetivo principal de conseguir territorios libres de cultivos ilícitos. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el DA es un proceso destinado a reducir y eliminar el cultivo de plantas que contengan estupefacientes, así como sustancias sicotrópicas ofreciendo alternativas como el cultivo de cacao, café, banana, palmito, etc.

“Dinamizar la economía en la región y fortalecer la cultura de la legalidad de estas familias y organizaciones”, añade Patricia Meléndez, la directora del Programa contra Cultivos Ilícitos en Colombia. Desde sus inicios, el DA ha atendido a 190.000 familias en Colombia y en los dos últimos años ha conseguido reducir de 64.000 a 48.000 las hectáreas dedicadas al cultivo de coca.

Perspectiva preventiva

Ese es el objetivo y para alcanzarlo hay que desarrollar un trabajo previo de concienciación y prevención básico. “No sólo se trata de la sustitución de cultivos que pueden ser desvaídos para fines ilícitos de producción de drogas, sino de prevenir que áreas vulnerables puedan dedicarse a la producción de estas drogas”, explica Claudia Liebers, técnica en el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD). Este programa europeo y gestionado por la FIIAPP ha apoyado a Colombia para no perder esta perspectiva desde 2011 hasta el pasado mes de enero, cuando llegó a su fin.

Lo ha hecho creando una red de intercambio en lo que a DA se refiere con otros países andinos como Perú, Ecuador y Bolivia. México y Guatemala también mostraron su interés poco antes del término de COPOLAD. Este intercambio ha propiciado el intercambio de buenas prácticas entre los países vecinos para vencer a la propagación de cultivos ilícitos. El reto ha sido compaginar las diferentes políticas sobre drogas, ya que en el caso de Bolivia el cultivo de coca es lícito. “Ahí está la riqueza: en ver esas diferencias, pero a la vez analizar las grandes similitudes que tienen estos países y cómo el trabajar juntos puede contribuir a avanzar de una manera más efectiva”, señala Liebers.

Foros, talleres, mujer

Las herramientas de intercambio entre estos países propiciadas por COPOLAD han sido la celebración de foros regionales, talleres y mesas de trabajo y la elaboración de un estudio y un manual sobre los medios de vida y las necesidades de las zonas de cultivo. Sin olvidar la perspectiva de género. El programa ha desarrollado una exposición fotográfica y dos vídeos en los que destaca el rol de las mujeres en estas zonas como motor del cambio. Es el caso de Colombia. “Tenemos algunas zonas de campesinos que son las mujeres las que lideran el proceso del Desarrollo Alternativo del territorio, se les ha dado participación y son las que se convierten en embajadoras en el territorio para repicar las lecciones aprendidas en todo lo que se hace alrededor del programa COPOLAD”, indica Patricia Meléndez.

Uno de los puntos fuertes de COPOLAD, que durante cuatro años ha conectado a 17 países latinoamericanos con Europa para el fortalecimiento de sus políticas públicas sobre drogas, ha sido fomentar el DA con la clara intención de involucrar a los actores locales en su desarrollo, así como en la formulación de las políticas de drogas. El diálogo entre instituciones y actores locales ha sido esencial. “El objetivo es ir más allá del Desarrollo Alternativo”, subraya Liebers para concluir: “lograr un desarrollo integral en esas zonas que genere una mayor inclusión de estas personas en la sociedad propiciando un nivel de vida digno y que respete los derechos humanos para que así no se vean en la necesidad de cultivar o realizar tareas que puedan estar vinculadas a la producción de drogas ilícitas”.

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