El 87% de las mujeres en Guinea Conakry, es decir, 8 de cada 10, sufren violencia conyugal y doméstica en el país africano, según los resultados de una encuesta difundidos por la Dirección Nacional de la Promoción Femenina y de Género. No suelen denunciarlo. Comparten denominador común con otras víctimas de violencia de género en el mundo: tienen miedo a las represalias de su agresor. A lo que hay que añadir la implicación familiar en la resolución del conflicto que se experimenta en el caso concreto de Guinea Conakry.

“Cuando tienen un problema de pareja parece que es de toda la familia. Ésta se involucra y se tiende a la conciliación. Cuando ven que no lo pueden solucionar, en lugar de denunciarlo, acuden a la figura del chief de quartier (jefe de barrio). Éste resuelve los problemas a nivel comunitario y es ahí donde se frenan la mayoría de los casos de denuncia de violencia de género”, explica Elena González, experta enviada por la FIIAPP a Guinea Conakry para participar a corto plazo en el proyecto de la CE con el que el país africano pretende reducir esta problemática.

González asegura que el chief de quartier tiene mucho poder a nivel comunitario y que prefieren solucionar los problemas entre ellos. Esta circunstancia más la desconfianza que la policía genera en la población hace, tal y como indica la experta, que no se denuncien los casos. La era Conté y el posterior régimen militar hicieron de la policía del país un elemento represor para el pueblo. Los agentes policiales, además, accedían al cuerpo sin previa formación y no existían organismos que controlasen su actividad. Esto hacía que la seguridad del país fuese débil y que los ciudadanos desconfiasen de los agentes. Estos aspectos también se quieren paliar con el mencionado proyecto, que gestiona la FIIAPP con la colaboración del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil. Ambas instituciones se han encargado de formar a personal local en materia de protocolos de actuación en casos de violencia de género y de control de la actividad policial.

“El vínculo entre la policía y los ciudadanos se rompió fruto de la época de la dictadura. El actual presidente (Alpha Condé) busca democratizar las instituciones, y dentro de eso la democratización de la policía”, puntualiza Francisco Gaona, inspector jefe de la Policía que participa como experto en el proyecto.

Falta de recursos

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el país para atajar estas problemáticas es la falta de recursos. “El trato de la policía a las víctimas es el mejor que se le puede dar teniendo en cuenta las condiciones. Están muy sensibilizados con las víctimas, pero cuando quieren hacerles una entrevista, no tienen sitio y se la tienen que hacer en un despacho con otros diez… eso limita el trato de la policía, pero porque no tienen nada que ofrecerles”, comenta Elena González. La falta de ordenadores o incluso de electricidad son otras carencias. Sin embargo, no significa que la causa esté perdida. Cuentan con ONGs y otros servicios como los sanitarios para atender a las víctimas de violencia de género y formar así una red con la que establecer un protocolo de actuación ante este tipo de casos. “Les aportamos nuestro conocimiento sobre la violencia de género, pero nos apoyamos en sus expertos para que les diesen una formación específica con lo que tienen allí. Y destacar que conseguimos llevar a un representante de la comunidad cristina y otro de la musulmana y hablaron de la violencia de género en relación con la religión”, recuerda la experta. No hay que olvidar, además, que en este país se continúa practicando la mutilación genital femenina, declarada como una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres por Naciones Unidas desde su prohibición en 1965. La Dirección Nacional de la Promoción Femenina y de Género apunta que el 95% de la población femenina en el país la ha sufrido. Éste fue otro de los temas abordados por los expertos locales en las formaciones.

También se ha trabajado con el personal local en el establecimiento de una Inspección General de Servicios y de un Régimen Disciplinario para controlar la actividad policial en las comisarías, como los tiempos de detención, el control de informes o llamadas y las posibles infracciones y faltas de los agentes. El objetivo es garantizar a la población el cumplimiento de la normativa. “El problema es que muchos de los policías utilizan el uniforme para cometer actos ilícitos de subsistencia como pedir dinero a los viandantes. Se está luchando contra ese tipo de corrupción y malas conductas”, añade Gaona. Además, se han reconstruido tres comisarías para que cuenten con mejores recursos de asistencia. El país también está a la espera de aprobar el desarrollo de un Estatuto de la policía en el que se establezcan los requisitos para acceder al cuerpo y quiere reactivar su escuela de policías.

Este proyecto tiene carácter piloto y el objetivo es que se extienda por todo el país. “Los pasos son lentos, pero poco a poco se van haciendo cosas que a largo plazo se verán traducidas en una mejor imagen y en una policía más democrática”, concluye Gaona.

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