Miguel llega como cada semana a PROMESEM, el Programa de Inserción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes Uruguay (INISA). Allí le aguardan cada día las psicólogas, educadoras sociales, profesores y profesoras para trabajar con él de una forma integral y cumplir con la medida judicial por el delito que cometió, tras un año de encierro, ahora en medio abierto. “Ellos son mis ángeles de la guarda”, explica. Y ese es el ambiente que se respira en el centro INISA. Abrazos, sonrisas, olor a incienso, paredes decoradas y adolescentes, varones y mujeres, que buscan aliento y una forma de resarcir el daño que causaron, a la sociedad y a ellos mismos.

Miguel es uno de los más de 300 adolescentes que se encuentran bajo el amparo del INISA, el ente rector encargado de los jóvenes en conflicto con la ley penal, dentro de un sistema en el que la privación de libertad “ha sido la regla y no la excepción” tal y como subraya su presidenta, Gabriela Fulco.  Es por ello que el Estado ha creado un nuevo modelo de abordaje de las medidas no privativas de libertad que “responde a la necesidad de cumplir el compromiso de Estado que adquirimos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño” e implica una mayor aplicabilidad de medidas socio-educativas y de reinserción, facilitar la continuidad de la vida socio familiar de los y las adolescentes y establecer la paz dentro de la comunidad.

Por ello, la Unión Europea a través de su programa EUROsociAL+, que gestiona la FIIAPP, está acompañando a INISA en este proceso mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en políticas públicas europeas y latinoamericanas en esta materia. Entre ellas destaca el diseño de una estrategia de comunicación y sensibilización que sirva de guía para sensibilizar a la ciudadanía uruguaya, a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sector privado sobre la necesidad de promover la aplicación de medidas no privativas en lugar de las privativas para mejorar la cohesión social.

Tal y como explica Fulco, tanto desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como desde la seguridad ciudadana, la privación de libertad no resuelve el problema de inseguridad ni mejora las posibilidades de reinserción social de los adolescentes. Sin embargo, el modelo que aplica las sanciones alternativas a la privación de libertad mediante medidas socioeducativas ha demostrado a nivel internacional menores índices de reincidencia y una mayor reinserción.

Trabajo integral

En PROMESEN atienden a adolescentes que han pasado previamente por privación de libertad y otros que no. Y entre ellos hay una gran diferencia según explica su directora, Fernanda Albistur: “los que llegan de privación de libertad vienen aturdidos, las primeras semanas no quieren ni salir de casa y muchos tienen miedo de venir solos. Siguen escuchando los ruidos de la prisión, los candados, las puertas… Nos cuesta mucho más que quieran participar en el programa. El encierro agrava además la situación familiar y todos los conflictos que tenían previo a su ingreso y que quedaron congelados vuelven a resurgir”, explica Albistur. “Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para reparar el daño institucional provocado por el encierro, qué podemos hacer para devolverle la vida espantosa que pasó”.

Miguel acudía cada semana al hospital geriátrico Piñeiro del Campo, donde residen personas mayores sin hogar, como parte de uno de los programas de servicios a la comunidad que establece la sanción socioeducativa.

Laura Berois, profesora, acompañaba a los adolescentes en esta actividad. “Vienen con situaciones de vida muy complejas y cuando se enfrentan a realidades más difíciles que las suyas toman conciencia de lo importante que es cuidarse”, dice.

Mariela, que también participa en este programa, vive con sus padres y sus abuelos en un barrio que no le gusta, según explica.  Ahora Mariela relata que se ha dado cuenta de “que no sirve de nada tomar el camino fácil. Hay que luchar y cuidar la convivencia con otros seres humanos”.  Mariela se imagina un futuro en el que pueda continuar sus estudios “trabajar y sacar adelante a mi familia porque quiero ser enfermera para poder curar a la gente”.  “Me quedan aún dos meses de seguir viniendo, pero lo voy a hacer. Además, aquí hay buena gente, nos ayudan”, subraya.

Sofia Rodríguez es un de las educadoras de PROMESEM. Cada día se enfrenta al duro trabajo de ver las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes. Sus necesidades básicas y sus derechos han sido totalmente vulnerados y por ello “le dan poco valor a su propia vida”. Son adolescentes totalmente excluidos de la sociedad, del sistema educativo, que nacen y viven en el medio delictivo y por ello Sofía se pregunta: “¿cómo van a respetar los derechos de otros si todos sus derechos han sido totalmente vulnerados? Nadie se cuestiona por qué los adolescentes en conflicto con la ley no pertenecen a la clase media o alta sino a la pobre. Como sociedad somos responsables de lo que está pasando”, subraya.

“La mayoría han sufrido abandono durante toda su vida. Algunos tienen trastornos psicológicos graves y no saben discernir entre el bien y el mal”, explica Carolina, una de las psicólogas del centro. Pero todos y todas las trabajadoras del centro destacan el poder de resiliencia de estos adolescentes.

“Nunca me trataron tan bien como en el Hospital Piñeiro. Además, los viejitos siempre nos estaban esperando y cuando nos íbamos se quedaban tristes. Hacíamos plástica juntos y hasta nos hicieron una exposición de las obras en la Intendencia de Santo Domingo”, expresa Miguel.  Ahora, Miguel, gracias al convenio firmado entre la Intendencia de Montevideo e INISA y, sobre todo, a su cambio de actitud, ha encontrado empleo y podrá atender las necesidades de su hijo recién nacido y las de su familia.

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