En la población penitenciaria de Perú existen dos grupos especialmente vulnerables al hacinamiento y a las condiciones de vida en la prisión; de una parte los jóvenes, que suponen el 11% del total, y de otra las mujeres extranjeras, que cumplen en un 90% penas por narcotráfico. De acuerdo con la Constitución del país, corresponde a la Defensa Pública garantizar el acceso gratuito al derecho de defensa a las personas con escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad. En el marco de la intervención regional con defensorías públicas que lleva a cabo EUROsociAL, el gobierno peruano consideró prioritario en 2014 mejorar la situación de estos dos colectivos, estableciendo unas pautas de conducta a seguir por las defensorías públicas. En este sentido, en 2014 EUROsociAL colaboró con el Ministerio de Justicia de Perú a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia para ampliar a nivel nacional el apoyo del programa a las defensorías, elaborando un protocolo específico de defensa que fuera aplicado a nivel nacional.

CONTENIDO DEL PROTOCOLO

El protocolo aborda, de una parte, las principales necesidades identificadas en el colectivo de mujeres extranjeras recluidas en establecimientos penitenciarios, como traducción, asesoría legal actualizada y comprensible en materia de beneficios penitenciarios, alternativas para el retorno al país de origen, espacios adecuados para el cuidado de hijos e hijas, garantías para el vínculo con sus familias y el acceso a medicación adecuada. De otra parte, aborda las necesidades específicas de los jóvenes internos, como obtener un trato diferenciado en atención a su edad, el acceso a beneficios penitenciarios y el contacto con sus familias. El protocolo determina acciones concretas y recomendaciones generales y específicas que deben emprender las defensorías públicas para lograr una adecuada atención de estos colectivos, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la pena.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Los sistemas carcelarios normalmente no responden a las necesidades y problemas diferenciados de las mujeres reclusas. La intervención en Perú se inserta en una línea de trabajo del programa con las defensorías, que incorpora el enfoque de género y procura incidir en la administración de justicia para que contemple los condicionantes de género que influyen en la comisión de los delitos y en el cumplimiento de las penas. En esta línea, se han aprobado otros dos protocolos elaborados en Guatemala y en Costa Rica que abordan, respectivamente, la situación de mujeres privadas de libertad con hijos e hijas y con familiares

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