20/07/2018
Códigos deontológicos y grupos de trabajo en la hoja de ruta del programa financiado por la Unión Europea, que ha puesto en común experiencias de América Latina y la UE
Los participantes intercambiaron experiencias de las dos regiones
El encuentro anual del programa EL PAcCTO, celebrado en Quito (Ecuador) ha reunido a 15 países de Latinoamérica y representantes de instituciones de esta región y la Unión Europea alrededor del título: “La corrupción como elemento facilitador del crimen organizado”.
En concreto, el encuentro ha girado en torno a las tres líneas de trabajo del proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France: cooperación policial, cooperación entre sistemas penitenciarios y cooperación entre sistemas de justicia, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) y el Instituto Camoes de Portugal.
Durante tres días, funcionarios de alto nivel y técnicos especializados en los diferentes temas, además de redes y organismos anticorrupción en América Latina y la Unión Europea, como la Oficina Europea Anti-Fraude (OLAF), han compartido sus experiencias y aprendizajes con el objetivo de mejorar en su lucha contra la corrupción y mejorar la cooperación internacional entre instituciones.
La embajadora de la Unión Europea en Ecuador ha explicado durante la inauguración que “el objetivo es un aprendizaje mutuo, conocerse y crear dinámicas de trabajo”. Han participado, además, el ministro de Interior de Ecuador y el coordinador de la Fiscalía de Ecuador, que ha afirmado que «la lucha contra el crimen organizado es un desafío internacional y requiere una actuación especializada de las instituciones de justicia”.
Entre los puntos tratados, los participantes han mostrado su acuerdo en potenciar los códigos deontológicos y los sistemas de control interno en las instituciones. Sirviendo de referencia en América Latina el Código de Ética Judicial Iberoamericano, desarrollado por la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Además, se ha concluido que se debe fomentar la coordinación entre las instituciones nacionales, mediante figuras estables o protocolos de comunicación, como la constitución de grupos de trabajo conjuntos entre fiscalías, policías, unidades de inteligencia financiera, etc., así como el desarrollo de modelos de inteligencia penitenciaria. Una herramienta también interesante para esta coordinación son los equipos conjuntos de investigación.
