En estos días en los que la corrupción se ha convertido en un mal endémico que afecta directamente a la calidad democrática de nuestras sociedades, necesitamos más que nunca acercar las Instituciones a los ciudadanos, sus legítimos acreedores. Un elemento que contribuye a disminuir la fractura entre poder público y los ciudadanos es sin duda, el fomento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que devuelva la confianza en las Administraciones públicas.

En este sentido una iniciativa interesante es la Alianza del Gobierno Abierto (Alianza OGP, por sus siglas en inglés) una iniciativa multilateral en la que participan 69 países, entre ellos España y Colombia, orientada a mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva de la sociedad civil y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos.

Cada estado miembro de la Alianza OGP se compromete a poner en marcha Planes de Acción plurianuales, aplicables transversalmente en sus Instituciones y principalmente en las competencias gubernamentales.

Colombia está demostrando su compromiso con la transparencia ampliando la perspectiva de un “Gobierno Abierto” a un “Estado abierto”, incluyendo en esta iniciativa al Poder Judicial. En ACTUE Colombia llevamos tres años trabajando esta iniciativa en Colombia, apoyando tanto a la entidad coordinadora, la Secretaría de Transparencia, como fortaleciendo la capacidad técnica de la sociedad civil, de forma que puedan mantener un diálogo efectivo con el gobierno colombiano.

Los Planes de Acción OGP están concebidos para construirse de forma participativa entre las distintas Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Autonómica y Local) y la sociedad civil, en el que la participación de la ciudadanía tiene un rol fundamental en el desarrollo y éxito de esta Alianza.

España, miembro de la OGP desde 2011, ha implementado hasta el momento dos Planes de Acción, de los cuales la sociedad civil demandaba más transparencia y participación. Dichas demandas han sido recogidas por la Audiencia Nacional, en una reciente Sentencia (SAN 3357/2017) en la que reconoce el Derecho de Acceso a la organización Access Info Europe y argumenta para ello jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 8.11.16 y 25.06.13), que entiende este Derecho como fundamental y meritorio de una esfera de especial protección; por lo que si bien en nuestro país el Derecho de Acceso a la Información no ha sido reconocido como un Derecho Fundamental, en la práctica actual podemos hablar de un contexto esperanzador al respecto.

En esta línea el III Plan de Gobierno Abierto, lanzado en junio de este año para el periodo 2017-19, ha introducido importantes mejoras al respecto, como así lo recomendaba el Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza; estructurado en cinco Ejes (Colaboración; Participación; Transparencia; Rendición de cuentas y Formación) ha sido elaborado incluyendo propuestas de las administraciones territoriales y Ministerios así como posibilitando la participación de la ciudadanía a través de la herramienta de información pública, en la que cualquier ciudadano podía hacer llegar sus propuestas a través del portal de transparencia, en el que se puede realizar el seguimiento de todas las Fases del III Plan.

Asimismo como novedad se prevé la constitución de un Foro Multisectorial, en el que tendrán cabida representantes de la academia, de la sociedad civil y las Administraciones públicas para llevar a cabo el seguimiento del III Plan.

Aún nos queda mucho por avanzar hacia la consecución de un Estado abierto, pero algo parece claro y es que nos encontramos ante un cambio de paradigma en cuanto a la construcción de políticas públicas, en el que el Acceso a la Información y la Transparencia, la Educación en cultura de integridad y el avance de un Gobierno en línea son elementos clave para que el ciudadano se convierta en sujeto activo en los procesos públicos de decisión y construcción de políticas y contribuya a mejorar la eficacia y eficiencia de nuestras Instituciones.

Carolina Díaz es Técnico Jurídico del Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE Colombia)

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