• 07 septiembre 2017

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    Categoría : Entrevista

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    Es frecuente que no se comprenda nuestro derecho a la autonomía

    Olga Montúfar, ‎presidenta de la Fundación Paso a Paso y de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad, nos habla sobre su trayectoria como defensora de los derechos de las personas indígenas con discapacidad

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    Olga Montúfar tras una reunión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    Olga nació hace 38 años en México en el seno de la comunidad indígena San Miguel Totolapan en el Estado de Guerrero. Como consecuencia de la poliomelitis, tiene una discapacidad motriz que le impide caminar.

     

    Ingeniera de formación, las dificultades a las que tuvo que enfrentarse para encontrar un trabajo acorde con su profesión hicieron que decidiese dedicarse a trabajar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

     

    El pasado mes de julio participó como experta externa en el seminario de inicio de Bridging the Gap II, proyecto financiado por la Unión Europea y liderado por la FIIAPP cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en los países de ingresos bajos y medios mediante el fortalecimiento de instituciones y políticas más inclusivas y responsables.

     

    En él participan, tres agencias de cooperación de la Unión Europea (Austria, Italia y España), una organización europea de personas con discapacidad (EDF), una red de organizaciones de discapacidad y desarrollo (IDDC), la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO), además del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en calidad de observadores.

     

    ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las personas indígenas con discapacidad?

     

    El principal problema que enfrentamos es que esa doble identidad hace que en muchas ocasiones no exista claridad sobre qué administración es responsable de elaborar la política pública o los programas a favor de las personas indígenas con discapacidad.

     

    Las propias personas indígenas con discapacidad también presentan esa misma confusión. Muchas personas que se encuentran dentro del movimiento de pueblos indígenas se identifican únicamente como indígenas y no como personas con discapacidad y viceversa.

     

    Además, nuestra participación activa es poco visible y a menudo los familiares, la falta de recursos económicos y la falta de accesibilidad limitan nuestra participación.

     

    En el caso de las mujeres se da, además, una situación de triple interseccionalidad y riesgo de discriminación múltiple en base a género, identidad indígena y discapacidad. ¿Cuáles son los retos específicos de este colectivo? ¿Qué avances se han dado en la situación de las mujeres indígenas con discapacidad?

     

    Las mujeres indígenas se enfrentan principalmente a las estructuras machistas de nuestros gobiernos autónomos, el atraso educativo y el escaso respaldo de otras mujeres indígenas.

     

    Estas limitaciones se multiplican en el caso de las mujeres indígenas con discapacidad debido a que las negociaciones sobre su participación en la sociedad se inician en su entorno familiar donde es frecuente que no se comprenda el derecho a la autonomía que tenemos.

     

    ¿Qué medidas se deben tomar para asegurar que las personas indígenas con discapacidad se beneficien de la protección de la CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) del mismo modo que otras personas con discapacidad?

     

    El desafío más importante es comprender el pluralismo jurídico que existe dentro de los sistemas indígenas y no caer en la confusión de identificar a las comunidades indígenas con las zonas rurales puesto que no siempre es así y esto que hace que, por ejemplo, se diseñen políticas pensadas para zonas rurales que no siempre puedan ser aplicables en las comunidades indígenas que viven en entornos urbanos.

     

    Las zonas rurales están regidas por los instrumentos jurídicos que el Estado diseña. En cambio, las comunidades indígenas se rigen bajo usos y costumbres establecidos por los ancestros desde sus orígenes y, con el tiempo, van añadiendo nuevos acuerdos de convivencia social adecuados a las nuevas generaciones.

     

    Además, es necesario realizar una interpretación rigurosa de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre los derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, la Declaración no menciona el tema de la accesibilidad, pero sí habla del derecho a gozar de nuestros territorios, lo cual requiere que contemos con mecanismos que nos garanticen el acceso a ellos.

     

    Bridging the Gap II cuenta con la participación de una organización europea de personas con discapacidad (EDF) y una red de organizaciones de discapacidad y desarrollo (IDDC), ¿Cómo valora la incorporación de organizaciones de la sociedad civil a los proyectos de cooperación internacional?

     

    Generalmente las organizaciones de personas con discapacidad somos consultadas cuando en los proyectos se exige nuestra participación, pero pocas veces contamos con la capacidad económica para llegar a los lugares donde se centralizan la información y los proyectos.

     

    Esto hace más difícil que además de ser consultadas, podamos participar como actores directos de esos procesos. Por eso pienso que es un gran acierto que se incluyan organizaciones de la sociedad civil que puedan acompañar el proceso de manera que aporten la experiencia de vida y soluciones más cercanas a la realidad.

     

    Usted participó como invitada externa en el seminario de inicio de Bridging the Gap II, ¿Cómo fue su experiencia en esta reunión? ¿Cuáles piensa que son los principales retos de este proyecto?

     

    Para mí fue una gran experiencia porque fue la primera vez que pude estar presente en el inicio de un gran proyecto. Considero que el principal reto de este y otros proyectos que trabajan en temas de discapacidad y desarrollo es poder contar con una buena información procedente de actores de base.

     

    Para eso es muy importante que las organizaciones de personas con discapacidad o de los pueblos indígenas incluyan a personas indígenas con discapacidad que aún vivan en sus comunidades de origen porque muchas de las organizaciones y líderes sociales en este ámbito nunca han estado en una comunidad indígena y asumen que las necesidades son iguales en todas ellas, pero cada comunidad es diferente, igual que no es lo mismo una comunidad indígena que una zona rural, ni tampoco un entorno urbano.

    Las opiniones vertidas en este blog son exclusiva responsabilidad de la persona que las emite.

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