Tragedias como la del 3 de octubre a media milla de la isla de Lampedusa nos solidarizan inmediatamente con las familias de las más de 200 víctimas y nos presentan una vez más la urgencia de reflexionar públicamente acerca de los aspectos humanos de los flujos migratorios actuales.

Para el caso brasileño, este es un ejercicio que abarca gobierno, diversos segmentos sociales (incluso especialmente a los propios migrantes), redes sociales transnacionales y organismos internacionales. Consiste en producir cambios institucionales, simbólicos y materiales en tres dimensione

El primer desafío comprende la actualización de las leyes nacionales sobre inmigración, la internalización de tratados y acuerdos internacionales y la armonización de los reglamentos administrativos. Tratase de elementos claves para establecer una cultura jurídica y política de no discriminación, protección efectiva de los derechos y prevención de sus violaciones. Representa la superación de un “déficit de derechos” generado por sucesivos regímenes autoritarios durante el siglo XX en Brasil que elegirán el inmigrante como enemigo de la seguridad nacional y antagonista de los mecanismos de protección económica y laboral, cuyas consecuencias sobrevivieron a la redemocratización.

El segundo reto es la superación de un “déficit de coordinación y  gobernanza”, con el establecimiento de medios de coordinación entre las instituciones migratorias y entre los 3 niveles de Gobierno en un país con dimensiones continentales. Abarca también la definición de competencias institucionales con miras a la integración de los inmigrantes en todos sus aspectos: económico, social, cultural y productivo.

Estos dos dimensiones deben ser leídas conjuntamente como parte de un compromiso para abordar los grupos de migrantes indocumentados de modo inclusivo y no incriminatorio, bien como de crear medidas de atención especificas para los niños, las mujeres y con respecto a la diversidad sexual y la identidad de género.

La tercera dimensión plantea un compromiso de escucha, de participación y supervisión social de los procesos de formulación y actualización de políticas y programas para migrantes que viven en Brasil. Con esto, adoptamos la centralidad de la participación ciudadana y de la voz y empoderamiento de la persona que migra. Este enfoque contesta a un “déficit de participación social”, y se concretiza a través de la realización de la Primera Conferencia Nacional sobre Migración y Refugio, para 2014, un proceso estructurado de escucha, diagnóstico e consulta social abierto a los migrantes en el país.

La historia demográfica brasileña ya presenció, a principios del siglo XX, su composición poblacional en cerca de 10% integrada por inmigrantes recientes, número que en 2013 se acerca apenas de los 0,6%, después de décadas de esfuerzos emprendidos por aquellos regímenes autoritarios para contener la inmigración. Hoy en día vivimos el presagio, y mismo la necesidad estratégica, de retomada de la vocación brasileña para la recepción de inmigrantes. Esta es constitutiva de la pluralidad social e vivacidad cultural que está en las raíces de las condiciones de desarrollo de Brasil.

La contribución institucional a este complejo debate es de reconocimiento, al fin, de que el rol de receptor de inmigración, y su Desarrollo, se vinculan a la adopción de compromisos de justicia social y de participación de todos aquellos que buscan acogida en su territorio, como presupuesto de estrategias adicionales de cooperación con los países emisores y de tránsito, de profundización de procesos de integración regional y de negociación en espacios y foros internacionales.

Joao Guilherme Granja
Director del “Departamento de Extranjeros” (inmigración, ciudadanía y refugio) del Ministerio de Justicia, Brasil

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