El uso de la videoconferencia en un proceso penal

Reuniones online, webinars, videoconferencias… la pandemia ha potenciado el uso de la red en diversos sectores profesionales. También en el campo jurídico ha sido necesario adaptarse a la nueva realidad marcada por el contexto sanitario. En este escenario, el proyecto ICRIME está trabajando para mejorar la cooperación jurídica internacional y el marco reglamentario respecto a la investigación y persecución de los delitos en los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Magistradas, jueces, fiscales e investigadoras, así como representantes de los ministerios de Justicia y Gobernación de los países miembros del SICA se han reunido para analizar el uso de las videoconferencias en el proceso penal, como medio de cooperación internacional en esta materia. 

“Actividad formativa especializada, con especial consideración de la Videoconferencia, y referencia al Convenio iberoamericano COMJIB sobre videoconferencia”, bajo este título, los profesionales del campo jurídico Margarita Avellá y Antonio Evaristo Gudin, han analizado la situación y el uso de videoconferencias en el entorno centroamericano, una herramienta que actualmente se utiliza en todos los países iberoamericanos para responder a la necesidad de colaborar en la lucha contra el crimen organizado. 

Esta actividad formativa es parte de las acciones contempladas en el proyecto ICRIME, que busca mejorar la eficacia y eficiencia de los sistemas de justicia penal en el enjuiciamiento de los delitos trasnacionales y el tráfico de drogas. En el seminario web también se ha abordado el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia y la relación del Convenio con los derechos nacionales e internacionales. 

Esta actividad sobre el uso de las videoconferencias en procesos penales se inscribe en las acciones contempladas en el Resultado 2, que es ejecutado por el consorcio formado por la española FIIAPP y la agencia francesa Expertise France, y tiene como objetivo mejorar el marco reglamentario y el fortalecimiento institucional de las capacidades de las unidades de cooperación judicial.  

El proyecto que ejecuta FIIAPP incluye por una parte la mejora de los laboratorios de medicina legal y por otra la mejora de la investigación policial, judicial y fiscal. 

ICRIME está financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).