Como experto FIIAPP, Joaquín Delgado ha trabajado para garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad a través del programa EUROsociAL+.

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto  de FIIAPP/Eurosocial?

Sin duda, mi mayor logro es la colaboración con FIIAPP/EUROsociAL en la génesis e implementación de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, que comenzó en 2007 y continúa en la actualidad. 

Primeramente participé en el diseño y redacción de las  llamadas 100 Reglas de Brasilia, hasta su aprobación en el Plenario de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que tuvo lugar en Brasilia en 2008 por la Cumbre Judicial Iberoamericana, que agrupa a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura de 23 países iberoamericanos. 

Posteriormente colaboré con FIIAPP/EUROsociAL en un actuación inter-redes pionera en ese momento, promoviendo que las citadas Reglas contaran con el apoyo de las las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema de justicia:  la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA). 

Tras la actualización de las Reglas aprobada por la CJI en 2018, FIIAPP/EUROsociAL me encargó la elaboración de Guía Práctica de las Reglas de Brasilia, que salió a la luz en 2019. 

Actualmente colaboro en la elaboración y desarrollo una estrategia que permita la aprobación de un tratado o convenio internacional sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. A tal efecto, se ha creado un Equipo Técnico en el que participan COMJIB, SEGIB, CJI, el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia el Ministerio de Justicia de España y que cuenta con el apoyo técnico de FIIAPP/EUROsociAL. 

¿De qué te sientes más orgulloso?

Me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de contribuir, aportando mi trabajo y mi experiencia jurisdiccional, a la creación de un instrumento que ha resultado muy útil para mejorar la tutela judicial de las personas más vulnerables y, por tanto, a mejorar la efectividad de sus derechos. 

De poco sirve reconocer un derecho que no se cumple. No basta con que la legislación recoja derechos, sino que hace falta crear mecanismos que permitan su respeto y cumplimiento efectivo. Y aquí surge el papel clave de la justicia para la efectividad de los derechos tanto civiles y políticos tradicionales, como de los económicos, sociales y culturales. 

Y ello es especialmente relevante como consecuencia de la pandemia, porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, que son precisamente quienes cuentan con unos mayores obstáculos de acceso a la justicia:  problemas de deudas y de insolvencia; personas que pierden sus empleos y/o se ven compelidas hacia la economía sumergida o informal y/o tienen dificultades para atender a sus compromisos financieros o arrendaticios de la vivienda; víctimas de fraudes online, o de violencia de género; internos en prisiones y centros de detención; personas en asentamientos informales… 

 ¿Cómo ha contribuido tu misión a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Las 100 Reglas de Brasilia recogen una serie de medidas concretas y recomendaciones para vencer los obstáculos para la tutela judicial originados por razón de edad (menores de edad y personas adultas mayores), victimización, discapacidad, migración y desplazamiento por conflictos internos, pobreza, género, pertenencia a minorías o privación de libertad, entre otras causas. 

Sus destinatarios son los responsables de las políticas públicas judiciales, de tal manera que el contenido de las Reglas sea tenido en cuenta en su diseño e implementación, mejorando el marco legal e institucional de acceso a la justicia de los más desprotegidos de la sociedad. Pero también son destinatarios los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen a los más vulnerables un trato mejor y adecuado a sus circunstancias singulares. 

Ahora hay que dar un paso más: los principios y contenido de las Reglas de Brasilia deben ser recogidos en un instrumento internacional vinculante (tratado o convenio internacional) que se configure como referente de la actuación de las entidades públicas en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, así como en la actuación de las distintas personas que desarrollan sus funciones en el sistema judicial.  

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

La persona es la razón de ser de lo público, de tal manera que sus necesidades han de ser las finalidades de los instituciones públicas.  En el ámbito de la justicia, debemos conseguir que el sistema judicial constituya la garantía efectiva de los derechos de todas las personas, independientemente de sus capacidades económicas, físico-sensoriales, género, pertenencia a minoría….. en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo Objetivo 16 se refiere a “la provisión de acceso a la justicia para todos”.  

¿Qué has aprendido con esta experiencia?

La lección más importante que he aprendido se refiere a la relevancia de establecer mecanismos que posibiliten la colaboración efectiva de las distintas personas y entidades protagonistas en una determinada actuación destinada a mejorar algún aspecto de la organización y funcionamiento del sistema judicial (principio de colaboración). Lo que resulta especialmente relevante en un escenario tan complejo como la justicia, en la que intervienen jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y otros profesionales del Derecho; pero en la que también participan y/o colaboran de una u otra forma policías, registros públicos, instituciones penitenciarias, peritos…….y especialmente las empresas y los ciudadanos, por sí mismo o través de entidades de la sociedad civil. 

Y estos mecanismos de colaboración han de facilitarse no solamente a nivel local y a nivel nacional, sino también a nivel internacional de tal manera que los sistemas judiciales de diferentes países puedan compartir experiencias y avanzar conjuntamente en el diseño de medidas y productos axiológicos que permitan mejorar el acceso a la justicia de todas las personas. 

En este contexto, quiero destacar el trabajo que durante los últimos años ha desarrollado FIIAPP/EUROsociAL, que ha sido capaz de proporcionar el apoyo necesario para que los distintos protagonistas de los sistemas judiciales de América Latina hayan colaborado de forma efectiva en la mejora del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad: foros de debate e intercambio de experiencias, protocolos…….y especialmente el apoyo a la elaboración y efectividad de las 100 Reglas de Brasilia. 

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