07/04/2021
España y Portugal apoyan a Mozambique en un diagnóstico sobre el sistema jurídico en materia de lucha contra la corrupción
El proyecto de cooperación “Apoyo a la lucha contra la corrupción en Mozambique”, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y la AECID, ha realizado su primera misión en Maputo, capital mozambiqueña, donde estará la sede en terreno del proyecto durante 3 años. Ha consistido en la elaboración de un diagnóstico del sistema jurídico mozambiqueño en materia de lucha contra la corrupción para evaluar el riesgo. Además, el diagnóstico se ha realizado teniendo en cuenta el enfoque de género.
Este trabajo se ha realizado siguiendo la metodología GRECO, un mecanismo europeo estandarizado de los sistemas judiciales de los Estados miembros. La principal tarea del proyecto ha sido diseñar un cuestionario adaptado al contexto judicial de Mozambique bajo los estándares GRECO. Para ello, se han mantenido reuniones con más de veinte instituciones y cerca de cien personas han sido entrevistadas. Entre las instituciones mozambiqueñas que han participado en esta iniciativa se encuentran la Procuraduría General de la República; el Tribunal Supremo; el Gabinete Central de Combate Contra la Corrupción; el Ministerio de Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos; o la Asociación Mozambiqueña de Jueces.
El equipo que ha desarrollado el diagnóstico en Mozambique ha contado con especialistas del sector público de España y Portugal. Por la parte española han participado un fiscal delegado de la Fiscalía Anti-Corrupción y Crimen Organizado de la Fiscalía General del Estado de España y un magistrado adscrito al Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ). Por la parte portuguesa se ha contado con dos magistradas judiciales del Tribunal de Apelación de Segunda Instancia del Consejo Superior de la Magistratura de Portugal.
Éste es un proceso innovador y pionero en el contexto judicial de Mozambique y de África. Un ejemplo del trabajo de la FIIAPP acompañando procesos de refuerzo de las políticas públicas a través del intercambio de experiencias con otros países y áreas geográficas. Para esto es esencial el expertise de las administraciones públicas españolas y europeas con la cooperación técnica pública como instrumento de desarrollo.
