La prevención: una prioridad

Prevención. Es en lo que nos debemos enfocar los países de América Central pues, matemáticamente, tres de los seis países de Centroamérica comenzamos con el problema de las pandillas hace muchos años y tres lo enfrentan de forma incipiente, pudiendo estos lograr resultados muy diferentes, si trabajan con prevención social y delictual.

Si nos centramos en la participación activa de las pandilleras, esta ha sufrido grandes cambios: de ser ellas víctimas de coacciones a ingresar en estos grupos delincuenciales. En algunos países de la región han llegado a tomar papeles como el manejo, en muchas ocasiones, de la logística y las finanzas.

No debemos olvidar la diferenciación entre Guatemala, El Salvador y Honduras, con pandillas muy fortalecidas como la Mara SalvaTrucha y la del Barrio 18, y pandillas relacionadas con mafias, algunas incipientes y otras con fines específicos como es el caso de México, Costa Rica y Panamá.

Guatemala, El Salvador y Honduras son los países con mayor participación de mujeres en pandillas y los resultados presentados en diversos estudios sobre este tema indican que Guatemala es el país centroamericano con mayor índice en desigualdad de género, calificándola como “alta”, El Salvador y Honduras como “media”, y Costa Rica y Panamá como “baja”. Esto supone, menos oportunidad laboral, menos paridad, mayor problema social de género. Esta desigualdad de género en nuestros países coincide con lo presentado en el Taller sobre Mujeres Pandilleras celebrado esta primavera en San Salvador y organizado por EL PAcCTO, proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões.

Hay que diferenciar la participación de las mujeres en las pandillas como autoras, cómplices o encubridoras de crímenes estableciendo penas diferenciadas para cada uno de los casos. Resaltar también que, en asuntos de narcotráfico, extorsiones y lavado de dinero, la mujer pandillera realiza actividades necesarias para la comisión de uno o más delitos.

Además, los delitos de narcotráfico han traído como consecuencia, en muchos de nuestros países, la extorsión y asesinatos (sicariatos), donde sí tienen gran participación las mujeres-pandilleras. En Guatemala ya se han dado tres casos de pandilleras que han logrado explotar granadas en autobuses del servicio público. Podemos afirmar entonces que la participación de las mujeres pandilleras en las organizaciones criminales es un hecho.

Por parte de policía, fiscalía y jueces, no se evidencia mayor diferenciación entre mujer y mujer pandillera, con excepción de El Salvador y Costa Rica, con novedosos protocolos internos de trato a mujer-sindicada de un delito.

Las mujeres pandilleras en los centros penitenciarios

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes” (Reglas de Bangkok) recomienda reducir el período de prisión de las mujeres a través de medidas correccionales sin custodia, tomando en cuenta la maternidad, el alejamiento de las madres de los menores hijos o incluso las madres que están recluidas con sus hijos en centros carcelarios. Nuevamente es Costa Rica quien ha logrado disminuir el número de mujeres recluidas, tomando en cuenta estos criterios y utilizando medidas alternativas a la prisión en todos los casos de mujeres-privadas de libertad. A lo más que llegan los demás países del Istmo es a diferenciar las cárceles en que van a ser recluidas las mujeres que pertenecen a diferentes pandillas en caso de haber conflicto entre los grupos pandilleros. No olvidemos el tema de reinserción social que no existe positivamente en la mayoría de países, para las mujeres y hombres en general, pues mayor es la dificultad de reinsertar a la sociedad a las mujeres-pandilleras, más si le sumamos el “agravante” del caso de la mujer pandillera que se vuelve testigo protegida o colaboradora eficaz, delatando a su “familia”, su “pandilla”.

Hay que resaltar el escaso presupuesto para invertir en este tipo de problemas, ausencia total o parcial de voluntad política para la creación de normativas positivas, indicadores o estadísticas compartidas con todo el sector de la justicia. Se requieren, además, medios de investigación especializados y sobre todo una voluntad de cambio.

Sabemos que necesitamos oficinas de inteligencia, protocolos interinstitucionales, administradores de justicia comprometidos y con las herramientas suficientes para actuar efectivamente, cooperación interinstitucional e internacional, registros de datos e indicadores específicos para los problemas que se quiere resolver, porque todo esto debe ser medible.

Y concluyo entonces con las 5Ws: ¿qué debemos hacer? Trabajar este problema antes de que se extienda a los demás países con la intensidad que ya existe en algunas regiones. ¿Cómo? Trabajando juntos con políticas de gobierno definidas, con inteligencia, registros y mediciones. ¿Por qué? Por un mejor futuro para nuestros países. ¿Quién? Todos los habitantes que amen a su país. ¿Dónde? En todo el mundo y ¿cuándo? Pues ya.

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