31/07/2019
El programa EUROsociAL+ apoya a la AIDEF en el desarrollo de una Guía Regional para la asistencia jurídica a personas migrantes
Firma de la carta de compromiso entre EUROsociAL+ y AIDEF
En el marco del II Encuentro del Programa EUROsociAL+, celebrado en Cartagena de Indias, se ha firmado una carta de compromiso entre EUROsociAL+, programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) con el fin de que el Programa acompañe en el diseño y la elaboración de un modelo regional de defensa para personas extranjeras y migrantes siguiendo las obligaciones internacionales.
Esta carta de compromiso se ha rubricado en este encuentro aprovechando la participación de responsables de Poderes Judiciales, Ministerios de Justicia, Fiscalías, Defensorías Públicas y expertos de instituciones de los países de América Latina y Europa.
Este compromiso ha sido firmado por la directora de la FIIAPP, Anna Terrón Cusí, en representación de EUROsociAL+; la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, Nydia Lissette Arévalo, que asume actualmente la Coordinación General de AIDEF; el Defensor General de la Unión de Brasil, Gabriel Faria Oliveira, y el Defensor Nacional de Chile, Andrés Mahnke Malschafsky, que han impulsado esta iniciativa.
El acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad ha sido uno de los temas debatidos en el II Encuentro EUROsociAL+ ya que la región de América Latina ha visto aumentados sus flujos migratorios, sobre todo provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica y México, de ciudadanos venezolanos a Brasil, Colombia, Perú, Chile y ciudadanos nicaragüenses a Costa Rica. En este sentido, el derecho a acceder a la justicia y a la protección de derechos de las personas migrantes resulta relevante en estas situaciones.
Asimismo, en este contexto, las Reglas de Brasilia de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008, reconocen a las personas migrantes y extranjeras como personas en situación de vulnerabilidad, por lo que requieren de especial protección frente a situaciones de abuso o discriminación en entornos migratorios.
