A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

Sobre el proyecto ACTUE Colombia

El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia

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